La histórica encuesta sobre las víctimas

Pasaron 15 meses de trabajo para que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Unidad de Víctimas publicaran los resultados del más grande y completo registro de víctimas del conflicto que se haya hecho en 50 años de guerra. Una encuesta que permite conocer qué tan efectivo ha sido el Estado al garantizar los derechos de cerca de 5,8 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Además, a partir de ella será posible enfocar mejor los esfuerzos y el presupuesto de las distintas instituciones involucradas en la atención de los afectados por el conflicto.

Para el Gobierno, el resultado más importante de la encuesta Indicadores de Goce Efectivo de Derechos es el relativo a la pobreza. Según las cifras conocidas por este diario, la pobreza extrema en los hogares encuestados es de 33% y la pobreza general es de 63%. Un cambio trascendental si se compara con la medición que contrató el propio Ejecutivo en 2010 que, aunque se hizo con metodologías distintas y una muestra mucho menor, arrojó que los hogares en pobreza extrema para ese año eran el 74% , mientras la pobreza general afectaba al 97% de ellos. No obstante, solo el 15% de los hogares tienen garantizados sus derechos a alimentación, alojamiento y cobertura en salud, con lo cual tendrían su subsistencia mínima garantizada; y solo tres de cada cinco hogares genera ingresos.

Según los resultados del muestreo, los avances también son significativos en salud y educación. Por ejemplo, el 93,2% de las víctimas de desplazamiento forzado afirman que están afiliadas a alguno de los regímenes del sistema de seguridad social en salud. De acuerdo con las cifras de 2010, la afiliación de las personas víctimas de desplazamiento presentó un aumento de 5% en los últimos cuatro años.

También, en cuanto a educación, la encuesta revela que el 87,8% de las víctimas de desplazamiento entre 5 y 17 años asiste a alguno de los niveles de educación preescolar, básica o media. Asimismo, evidencia que la mayor parte de esa población tiene altos niveles de permanencia escolar, pues el 97% de las personas estuvieron matriculadas el año escolar anterior y lo terminaron.

En vivienda los resultados no son tan alentadores. De acuerdo con estándares internacionales, se considera garantizado ese derecho cuando la persona vive en una vivienda con espacio suficiente, materiales adecuados, seguridad jurídica (contrato escrito de arrendamiento o propiedad registrada sobre el inmueble), fuera de zonas de alto riesgo y acceso a servicios públicos. El 21% de los hogares cuenta con cinco de esos componentes y el 41% con cuatro. El componente más retrasado es el de seguridad jurídica, pues al 70% de los hogares que cuentan con cuatro componentes sólo les hace falta la seguridad jurídica para contar con la vivienda digna.

Aunque hay que contar con que la medición se dio con menos de dos años de ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, algunas de las conclusiones que deja sobre la atención y la reparación generan tendencias sobre la percepción que tienen las víctimas de las políticas del Estado.

A grandes rasgos, se puede decir que la población víctima de desplazamiento forzado considera que las medidas de satisfacción contribuyen poco a reparar el daño causado —al finalizar el muestreo solo el 5,3% de las personas recibieron alguna medida de satisfacción—. Un bajo porcentaje de los encuestados (8,3%) ha recibido atención psicosocial (aunque esta se suministra cuando la víctima la solicita) y más de tres cuartas partes (78%) consideran haber retornado ya al lugar de origen o haberse reubicado en una zona distinta, con y sin apoyo gubernamental, de manera voluntaria. El 91% de los entrevistados no han vuelto a sufrir un desplazamiento.

La encuesta Indicadores de Goce Efectivo de Derechos se realizó en 151 municipios del país, incluyendo los 23 centros urbanos que, de acuerdo con el Registro de Víctimas, concentraban la mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento en el país. En concreto, la medición contó con una muestra de 27.727 hogares y 112.406 personas que, dicho sea de paso, excluyó posibles sujetos de entrevista en zonas rurales. 

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

Pasaron 15 meses de trabajo para que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Unidad de Víctimas publicaran los resultados del más grande y completo registro de víctimas del conflicto que se haya hecho en 50 años de guerra. Una encuesta que permite conocer qué tan efectivo ha sido el Estado al garantizar los derechos de cerca de 5,8 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Además, a partir de ella será posible enfocar mejor los esfuerzos y el presupuesto de las distintas instituciones involucradas en la atención de los afectados por el conflicto.

Para el Gobierno, el resultado más importante de la encuesta Indicadores de Goce Efectivo de Derechos es el relativo a la pobreza. Según las cifras conocidas por este diario, la pobreza extrema en los hogares encuestados es de 33% y la pobreza general es de 63%. Un cambio trascendental si se compara con la medición que contrató el propio Ejecutivo en 2010 que, aunque se hizo con metodologías distintas y una muestra mucho menor, arrojó que los hogares en pobreza extrema para ese año eran el 74% , mientras la pobreza general afectaba al 97% de ellos. No obstante, solo el 15% de los hogares tienen garantizados sus derechos a alimentación, alojamiento y cobertura en salud, con lo cual tendrían su subsistencia mínima garantizada; y solo tres de cada cinco hogares genera ingresos.

Según los resultados del muestreo, los avances también son significativos en salud y educación. Por ejemplo, el 93,2% de las víctimas de desplazamiento forzado afirman que están afiliadas a alguno de los regímenes del sistema de seguridad social en salud. De acuerdo con las cifras de 2010, la afiliación de las personas víctimas de desplazamiento presentó un aumento de 5% en los últimos cuatro años.

También, en cuanto a educación, la encuesta revela que el 87,8% de las víctimas de desplazamiento entre 5 y 17 años asiste a alguno de los niveles de educación preescolar, básica o media. Asimismo, evidencia que la mayor parte de esa población tiene altos niveles de permanencia escolar, pues el 97% de las personas estuvieron matriculadas el año escolar anterior y lo terminaron.

En vivienda los resultados no son tan alentadores. De acuerdo con estándares internacionales, se considera garantizado ese derecho cuando la persona vive en una vivienda con espacio suficiente, materiales adecuados, seguridad jurídica (contrato escrito de arrendamiento o propiedad registrada sobre el inmueble), fuera de zonas de alto riesgo y acceso a servicios públicos. El 21% de los hogares cuenta con cinco de esos componentes y el 41% con cuatro. El componente más retrasado es el de seguridad jurídica, pues al 70% de los hogares que cuentan con cuatro componentes sólo les hace falta la seguridad jurídica para contar con la vivienda digna.

Aunque hay que contar con que la medición se dio con menos de dos años de ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, algunas de las conclusiones que deja sobre la atención y la reparación generan tendencias sobre la percepción que tienen las víctimas de las políticas del Estado.

A grandes rasgos, se puede decir que la población víctima de desplazamiento forzado considera que las medidas de satisfacción contribuyen poco a reparar el daño causado —al finalizar el muestreo solo el 5,3% de las personas recibieron alguna medida de satisfacción—. Un bajo porcentaje de los encuestados (8,3%) ha recibido atención psicosocial (aunque esta se suministra cuando la víctima la solicita) y más de tres cuartas partes (78%) consideran haber retornado ya al lugar de origen o haberse reubicado en una zona distinta, con y sin apoyo gubernamental, de manera voluntaria. El 91% de los entrevistados no han vuelto a sufrir un desplazamiento.

La encuesta Indicadores de Goce Efectivo de Derechos se realizó en 151 municipios del país, incluyendo los 23 centros urbanos que, de acuerdo con el Registro de Víctimas, concentraban la mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento en el país. En concreto, la medición contó con una muestra de 27.727 hogares y 112.406 personas que, dicho sea de paso, excluyó posibles sujetos de entrevista en zonas rurales. 

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA