Después de cuatro meses, la mesa de trabajo para prevenir la violencia sexual en la Fuerza Pública, convocada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entregó una resolución de cinco páginas sobre los pasos a seguir para frenar la violencia de género en sus filas. Vale recordar que este espacio fue creado tras los casos de violencia sexual de miembros del Ejército contra mujeres indígenas, reportados a mitad de año
La estrategia para frenar la violencia sexual en el Ejército tiene como primer punto la “incorporación y continuidad” de mujeres en sus filas. Esto apunta a que se aumente el reclutamiento de mujeres para que ocupen distintos espacios, desde lo administrativo, pasando por lo operacional, hasta lo estratégico. En ese punto se creó una gran controversia a finales de julio, cuando se conoció una carta de la vicepresidenta en la que se llegó a mencionar el servicio militar obligatorio para las mujeres. Sin embargo, fue negado de inmediato.
Por otro lado, la estrategia plantea que se revise el plan de carrera de las mujeres vinculadas al Ejército y a las otras fuerzas para garantizar que puedan seguir avanzando en el escalafón. Aunque ha aumentado la participación femenina en las fuerzas, todavía las altas esfera son dominadas por una presencia masculina mayoritaria.
El segundo eje estratégico establecido en la resolución es el de la creación de oficinas de género en la Fuerza Pública, estas serían las encargadas de institucionalizar el enfoque de género. Por otro lado, la resolución firmada por el ministro Carlos Holmes Trujillo fija la ruta de “prevención y atención integral de las violencias de género”, que se basa principalmente en los manuales de la OTAN y el protocolo de la ONU frente a estos temas.
Según el documento dado a conocer en la tarde de este miércoles, los lineamientos tendrán como ejes la prevención, atención y protección, investigación y sanción y el acompañamiento integral de la víctima y sus familias. En el primer punto de estos ejes se estableció que en la incorporación se creará una mesa para fortalecer los procesos de reclutamiento. La meta que se busca alcanzar es “detectar rasgos de riesgo de comisión de violencia basadas en el género”.
En esta línea se estableció una capacitación y entrenamiento en derechos humanos para reconocer las “violencias basadas en el género” y prevenirlas. La estrategia también incluye en la difusión y asesoramiento legal en una política de cero tolerancia a la violencia sexual. Asimismo, se tendrá en la doctrina instrucciones para prevenir y responder a este tipo de violencias.
En el punto de prevención también se incluye incentivar la denuncia y fortalecer los canales para este fin. En este punto se hace énfasis en “la violencia contra las mujeres cometidas por miembros de la Fuerza Pública en actividades propias del servicio o ajenas a este”. También se buscan crear observatorios de género para hacer seguimientos a todos los temas mencionados, tanto como los hechos de violencia de género como la ruta de prevención.
En cuanto a la investigación y la sanción, se les exige a las fuerzas que hagan un seguimiento y un monitoreo de los casos en los que están vinculados sus miembros “con el fin de verificar el estado en el que se encuentran las respectivas investigaciones en el ámbito penal y disciplinario”.
Esta ruta de atención de violencia sexual cobra relevancia en casos como los reportados a mitad de año en contra de varias menores de edad indígenas. Asimismo, al conocerse informes como el de “Violencia basada en género cometida por miembros de la Fuerza Pública”, realizado por la Fiscalía y entregado a la JEP. En este se mencionan 281 casos de violencia sexual en el que 77% de las víctimas fueron mujeres. Además se da cuenta de distintos tipos de violencia, que van desde los cometidos durante operaciones militares, pasando por hechos intrafilas hasta en asociación con paramilitares.
