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El primero es la libertad condicional. Tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la ley 1820 de 2016, cerca de 2.114 integrantes de la fuerza pública, condenados a entre 30 y 60 años de prisión por crímenes cometidos durante el conflicto armado, salieron libres. Además, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concedió libertad condicional a otros 702. Así, al menos 2.816 comparecientes de la fuerza pública ya no están tras las rejas.
Hoy son 5.069 comparecientes de la fuerza pública sometidos a la JEP. Solo permanecen privados de la libertad quienes tienen otros procesos en la justicia ordinaria por hechos no relacionados con el conflicto armado. La Sala de Definición ya ha concedido 416 renuncias a la persecución penal contra miembros de la fuerza pública que participaron en graves crímenes, pero no son máximos responsables. Asimismo, suspendió 106 órdenes de captura, y precluyó 122 investigaciones.
Estos beneficios no son gratuitos. Se otorgan a cambio de aportes a la verdad, reconocimiento de responsabilidad, contribución a la reparación a las víctimas y la no repetición.
Otro beneficio es la segunda oportunidad moral ante las víctimas y el país. Lo que pasó con los 12 comparecientes del Batallón La Popa, máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas, lo ilustra bien. En las primeras versiones ante la JEP aceptaron responsabilidad, pero sin mayor información. Pero luego de encontrarse con las víctimas, confesaron detalladamente. Les pregunté por qué antes no y ahora sí. Uno respondió: “conocimos a las víctimas y fuimos conscientes de las tragedias que causamos en sus vidas”. Ahí se hizo tangible el poder transformador de la Justicia Transicional Restaurativa, y cómo quienes cometieron graves crímenes pueden ser otras personas y no victimarios para siempre.
Los reconocimientos de los comparecientes han sido importantes para traer alivio y dignificar los nombres de miles. Hace unos días, por ejemplo, 107 comparecientes de la fuerza pública pidieron perdón a las víctimas por el asesinato de 58 personas presentadas falsamente como bajas en combate en Meta.
Pero, además, muchos trabajan para contribuir a restaurar a sus víctimas, incluso antes de las sentencias. En el Cementerio Central de Neiva (Huila), por peticiones de las víctimas, 21 comparecientes imputados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas, vienen trabajando en actividades como la exhumación de cuerpos, tras las medidas de la JEP para proteger el lugar. Ese trabajo, dirigido por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ya da frutos.
Felipe Andrés Ramírez, exintegrante del Ejército Nacional, imputado como máximo responsable, ha reconocido responsabilidad, aportado información y trabajado en ese cementerio. En un acto de reparación simbólica, miró a Mauricio Aguirre y reconoció el asesinato de su hermano Juan Carlos Aguirre, cuyo cuerpo ya fue entregado a su familia. Aguirre le dijo a Ramírez que su hermano no valía “un ascenso en el Ejército”, pero valoró que ahora trabaje por reparar. Desde entonces, Ramírez ya no es el mismo para Aguirre, ni para el país.
Las garantías jurídicas constituyen un tercer beneficio para los comparecientes, quienes reciben acompañamiento psicosocial y jurídico. Pueden controvertir las decisiones de la JEP ante las secciones de Revisión y Apelación. Si estas instancias no son suficientes, pueden acudir a la Corte Constitucional. Y quienes no aceptan las imputaciones de la JEP, pueden defenderse en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria.
Así esta justicia contribuye a restaurar lo que el conflicto rompió y demuestra que las segundas oportunidades valen la pena.
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Por Alejandro Ramelli Arteaga
