'La justicia es la apuesta': Paula Gaviria Betancur

Tal vez la principal deuda histórica de Colombia es con las víctimas del conflicto. Así lo entendió el presidente Juan Manuel Santos y por eso impulsó el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la que está implícita la promesa de responder a ese compromiso aplazado por años. Para enfrentar un reto de esa magnitud, Santos dejó en las manos de Paula Gaviria Betancur el manejo de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas. Aunque es nieta del expresidente Belisario Betancur, poco ha tenido que ver con los círculos políticos, se ha dedicado a trabajar en derechos humanos y reconoce que su paso, casi accidental, por la Corte Constitucional definió su vocación de trabajar por las víctimas.

Ahora tendrá que responder a la confianza que millones de ellas tienen en el Gobierno y es consciente de que el buen resultado de la reparación sería la cuota inicial del anhelo de paz del país.

¿Cómo fue la construcción de la Ley de Víctimas?

En la Fundación Social yo estaba a cargo desde 2003 del seguimiento de la discusión de alternatividad penal de lo que posteriormente se convertiría en la Ley de Justicia y Paz. Sabíamos que teníamos una deuda con las víctimas. Encontramos que el senador Juan Fernando Cristo había radicado una iniciativa a favor de ellas; iniciamos una convocatoria en cooperación internacional y encontramos un Congreso abierto pero un Gobierno con muchas dificultades para apoyarla. Finalmente, lo que no iba a ser, no podía ser, y no fue aprobada.

¿Cuándo llegó el momento de las víctimas?

Cuando el presidente Santos, en un discurso en octubre de 2010, presentó la Ley de Víctimas como una iniciativa de su gobierno. Él les dijo a los congresistas que si esa ley salía adelante habría valido la pena para ellos ser congresistas y para él ser presidente. En ese momento entendimos que había llegado la hora de las víctimas. Aún falta el estudio de la Corte Constitucional, pero espero que se pronuncien rápidamente porque la Ley de Víctimas es para el país.

¿Qué diagnóstico puede dar de la percepción de las víctimas?

Las víctimas no creían en las leyes y tampoco en el Congreso. Teníamos que construir confianza: que supieran que ocupan un papel central en la agenda del país. Algunas víctimas sentían que eran revictimizadas, estigmatizadas, perseguidas. Siento que volvimos a construir confianza.

¿Las víctimas creen que va a llegar esa anhelada reparación?

Nos han entregado sus expectativas para que nosotros como gobierno seamos responsables con ellas. Es una oportunidad de oro para quedarles bien.

¿Cómo se va garantizar que las víctimas no tengan miedo?

Estamos apostándole a la justicia y de ahí se deriva una serie de principios, como la dignidad de la víctima, su reconocimiento. Queremos que sea un ciudadano como cualquier otro, queremos que haya una transformación de sus vidas, que no vuelvan a ser victimizadas. Esta apuesta es de reconciliación y en eso hay una decisión muy clara del presidente Santos. Él va a cumplir.

¿En qué consiste la construcción del Registro Único de Víctimas?

Una de las grandes metas es conocer el universo de víctimas que es incierto. Tenemos proyecciones, estimaciones. La ley decide generar el Registro Único de Víctimas en donde están las que ya han sido reconocidas por el Estado; actualmente, cerca de 4 millones.

¿Cuándo estará listo el registro?

En junio o julio. Es algo en lo que estamos trabajando.

Sin conocer el universo de víctimas, ¿cómo definieron el presupuesto?

El presupuesto está garantizado. Se hicieron proyecciones con equipo del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Ése fue un ejercicio muy juicioso y hay $54 billones destinados al cumplimiento de los 10 años de vigencia de la ley. Para este año se han dispuesto $6,1 billones.

¿Cómo va a manejarlo?

Es una coordinación de todo el Estado. Tengo que dar herramientas y acompañamiento técnico a quienes tienen la obligación de dar cumplimiento a la ley, desde los entes territoriales hasta instituciones del nivel nacional. Para avanzar en ese proceso de planificación y eficacia se previó hacer un Plan Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, y es ahí donde nosotros vamos a hacer toda la apuesta estratégica del Estado en términos de responsabilidades, de tiempos y de presupuesto. Las víctimas y la sociedad pueden tener la garantía de que éste es un esfuerzo de planeación que busca respuestas efectivas y un enfoque transformador.

¿Qué filtro hay con las víctimas?

El reconocimiento de víctima no lo constituye el registro, eso lo ha dicho la Corte Constitucional. Éste es un mecanismo para iniciar el proceso de valoración y de oferta. No podemos dar a entender que las víctimas son tramposas antes de que lleguen a buscar la reparación, porque las columnas esenciales de esta ley son la dignidad, la buena fe y la participación de las víctimas. Pero quien mienta será sancionado.

Usted dice que antes las víctimas no se sentían reconocidas.

El mensaje es recoger lo que está sembrado, pero evitar los errores del pasado. Es muy importante reconocer que no todo lo estábamos haciendo bien, eso es lo justo con las víctimas, e incluso la Corte Constitucional nos ha dicho que faltaba hacerlo mejor. Hay quejas de las personas frente al tema de la atención, porque se sentían revictimizadas, no encontraban una sociedad ni un Estado que las apoyara. Eso no puede volver a pasar.

La Corte Constitucional habló de atención ineficaz. ¿Esto cambiará con la ley?

Es muy importante que la Corte Constitucional haga parte de este proceso. Finalmente, la Ley de Víctimas recoge varias recomendaciones que la Corte había hecho. Sin embargo, la Ley de Víctimas no es el único mecanismo para garantizar los derechos. No le podemos colgar a la ley la respuesta a todos los problemas, debemos cuestionar su alcance limitado y proponer alternativas para proteger los derechos de las víctimas.

¿Por fin puede haber justicia?

La justicia es precisamente la apuesta del presidente Santos, y las víctimas deben saberlo. La reparación es una medida de justicia, por eso el Estado está comprometido a que sea integral. Tenemos que avanzar en los procesos de persecución de los responsables, de lucha contra la impunidad; ése es un tema en el que debe trabajar todo el Estado.

¿La buena aplicación de la ley es el primer paso para la paz?

Ustedes decían en el periódico del viernes pasado que la entrega de tierras era la cuota inicial. Nosotros también la hemos denominado así. El eje de la reconciliación es volver a tener confianza en el Estado y poder soñar con un futuro mejor. Esta ley es el primer paso para lograrlo, porque Colombia no se puede reconocer como un Estado social de derecho o como un Estado moderno si no reconoce a las víctimas del conflicto.

¿Está usted preparada para asumir un reto de esa magnitud?

Sí. Esa es mi apuesta, es una decisión personal y no lo hubiera hecho si no lo creyera profundamente. Estamos empezando un camino que puede ser largo, pero en el cual no nos podemos devolver.

¿Cómo va a mantener a raya a los políticos que quieran hacer campaña con los subsidios?

La ley lo prevé y tengo la firme convicción de que las personas que utilizan esos recursos para beneficio propio o político son de los peores delincuentes y van a pagar. Los políticos fueron importantes para que la ley saliera adelante, pero no se deben olvidar que la ley es para las víctimas no para intereses personales. Vamos a tener presencia en todo el país y vamos a trabajar con el Ministerio Público en vigilancia y control.

La evolución del CNRR y Acción Social

La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación fue la entidad que, en el momento del debate de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el Congreso, propició un fuerte choque entre partidos de la Unidad Nacional.

La unidad administrativa asume las funciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y de Acción Social, esta última creada por los conservadores durante el gobierno de Andrés Pastrana y bastante respaldada por el expresidente Uribe y, en consecuencia, por el Partido de la U.

No obstante, la sola idea de que esta oficina desapareciera por cuenta de la Ley de Víctimas incomodó tanto a los conservadores como a la U, quienes creían que a partir de allí los liberales que lideraron la iniciativa se quedarían con todo el crédito de estas oficinas sociales. Al final, pese a las voces de insatisfacción, el proyecto recibió el respaldo de los políticos.

Las funciones de la nueva unidad

La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene como funciones:

- Implementar y administrar el Registro Único de Víctimas, garantizando la integridad de los registros actuales de información.

- Coordinar con el Ministerio de Hacienda la asignación y transferencia a las entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución, asistencia y reparación integral a las víctimas.

- Administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas y pagar las indemnizaciones judiciales.

- Coordinar los retornos o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado.

- Apoyar la implementación para la rehabilitación comunitaria y social.

- Manejo, acompañamiento, orientación y seguimiento de las emergencias humanitarias y atentados terroristas.

Tal vez la principal deuda histórica de Colombia es con las víctimas del conflicto. Así lo entendió el presidente Juan Manuel Santos y por eso impulsó el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la que está implícita la promesa de responder a ese compromiso aplazado por años. Para enfrentar un reto de esa magnitud, Santos dejó en las manos de Paula Gaviria Betancur el manejo de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a las Víctimas. Aunque es nieta del expresidente Belisario Betancur, poco ha tenido que ver con los círculos políticos, se ha dedicado a trabajar en derechos humanos y reconoce que su paso, casi accidental, por la Corte Constitucional definió su vocación de trabajar por las víctimas.

Ahora tendrá que responder a la confianza que millones de ellas tienen en el Gobierno y es consciente de que el buen resultado de la reparación sería la cuota inicial del anhelo de paz del país.

¿Cómo fue la construcción de la Ley de Víctimas?

En la Fundación Social yo estaba a cargo desde 2003 del seguimiento de la discusión de alternatividad penal de lo que posteriormente se convertiría en la Ley de Justicia y Paz. Sabíamos que teníamos una deuda con las víctimas. Encontramos que el senador Juan Fernando Cristo había radicado una iniciativa a favor de ellas; iniciamos una convocatoria en cooperación internacional y encontramos un Congreso abierto pero un Gobierno con muchas dificultades para apoyarla. Finalmente, lo que no iba a ser, no podía ser, y no fue aprobada.

¿Cuándo llegó el momento de las víctimas?

Cuando el presidente Santos, en un discurso en octubre de 2010, presentó la Ley de Víctimas como una iniciativa de su gobierno. Él les dijo a los congresistas que si esa ley salía adelante habría valido la pena para ellos ser congresistas y para él ser presidente. En ese momento entendimos que había llegado la hora de las víctimas. Aún falta el estudio de la Corte Constitucional, pero espero que se pronuncien rápidamente porque la Ley de Víctimas es para el país.

¿Qué diagnóstico puede dar de la percepción de las víctimas?

Las víctimas no creían en las leyes y tampoco en el Congreso. Teníamos que construir confianza: que supieran que ocupan un papel central en la agenda del país. Algunas víctimas sentían que eran revictimizadas, estigmatizadas, perseguidas. Siento que volvimos a construir confianza.

¿Las víctimas creen que va a llegar esa anhelada reparación?

Nos han entregado sus expectativas para que nosotros como gobierno seamos responsables con ellas. Es una oportunidad de oro para quedarles bien.

¿Cómo se va garantizar que las víctimas no tengan miedo?

Estamos apostándole a la justicia y de ahí se deriva una serie de principios, como la dignidad de la víctima, su reconocimiento. Queremos que sea un ciudadano como cualquier otro, queremos que haya una transformación de sus vidas, que no vuelvan a ser victimizadas. Esta apuesta es de reconciliación y en eso hay una decisión muy clara del presidente Santos. Él va a cumplir.

¿En qué consiste la construcción del Registro Único de Víctimas?

Una de las grandes metas es conocer el universo de víctimas que es incierto. Tenemos proyecciones, estimaciones. La ley decide generar el Registro Único de Víctimas en donde están las que ya han sido reconocidas por el Estado; actualmente, cerca de 4 millones.

¿Cuándo estará listo el registro?

En junio o julio. Es algo en lo que estamos trabajando.

Sin conocer el universo de víctimas, ¿cómo definieron el presupuesto?

El presupuesto está garantizado. Se hicieron proyecciones con equipo del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Ése fue un ejercicio muy juicioso y hay $54 billones destinados al cumplimiento de los 10 años de vigencia de la ley. Para este año se han dispuesto $6,1 billones.

¿Cómo va a manejarlo?

Es una coordinación de todo el Estado. Tengo que dar herramientas y acompañamiento técnico a quienes tienen la obligación de dar cumplimiento a la ley, desde los entes territoriales hasta instituciones del nivel nacional. Para avanzar en ese proceso de planificación y eficacia se previó hacer un Plan Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, y es ahí donde nosotros vamos a hacer toda la apuesta estratégica del Estado en términos de responsabilidades, de tiempos y de presupuesto. Las víctimas y la sociedad pueden tener la garantía de que éste es un esfuerzo de planeación que busca respuestas efectivas y un enfoque transformador.

¿Qué filtro hay con las víctimas?

El reconocimiento de víctima no lo constituye el registro, eso lo ha dicho la Corte Constitucional. Éste es un mecanismo para iniciar el proceso de valoración y de oferta. No podemos dar a entender que las víctimas son tramposas antes de que lleguen a buscar la reparación, porque las columnas esenciales de esta ley son la dignidad, la buena fe y la participación de las víctimas. Pero quien mienta será sancionado.

Usted dice que antes las víctimas no se sentían reconocidas.

El mensaje es recoger lo que está sembrado, pero evitar los errores del pasado. Es muy importante reconocer que no todo lo estábamos haciendo bien, eso es lo justo con las víctimas, e incluso la Corte Constitucional nos ha dicho que faltaba hacerlo mejor. Hay quejas de las personas frente al tema de la atención, porque se sentían revictimizadas, no encontraban una sociedad ni un Estado que las apoyara. Eso no puede volver a pasar.

La Corte Constitucional habló de atención ineficaz. ¿Esto cambiará con la ley?

Es muy importante que la Corte Constitucional haga parte de este proceso. Finalmente, la Ley de Víctimas recoge varias recomendaciones que la Corte había hecho. Sin embargo, la Ley de Víctimas no es el único mecanismo para garantizar los derechos. No le podemos colgar a la ley la respuesta a todos los problemas, debemos cuestionar su alcance limitado y proponer alternativas para proteger los derechos de las víctimas.

¿Por fin puede haber justicia?

La justicia es precisamente la apuesta del presidente Santos, y las víctimas deben saberlo. La reparación es una medida de justicia, por eso el Estado está comprometido a que sea integral. Tenemos que avanzar en los procesos de persecución de los responsables, de lucha contra la impunidad; ése es un tema en el que debe trabajar todo el Estado.

¿La buena aplicación de la ley es el primer paso para la paz?

Ustedes decían en el periódico del viernes pasado que la entrega de tierras era la cuota inicial. Nosotros también la hemos denominado así. El eje de la reconciliación es volver a tener confianza en el Estado y poder soñar con un futuro mejor. Esta ley es el primer paso para lograrlo, porque Colombia no se puede reconocer como un Estado social de derecho o como un Estado moderno si no reconoce a las víctimas del conflicto.

¿Está usted preparada para asumir un reto de esa magnitud?

Sí. Esa es mi apuesta, es una decisión personal y no lo hubiera hecho si no lo creyera profundamente. Estamos empezando un camino que puede ser largo, pero en el cual no nos podemos devolver.

¿Cómo va a mantener a raya a los políticos que quieran hacer campaña con los subsidios?

La ley lo prevé y tengo la firme convicción de que las personas que utilizan esos recursos para beneficio propio o político son de los peores delincuentes y van a pagar. Los políticos fueron importantes para que la ley saliera adelante, pero no se deben olvidar que la ley es para las víctimas no para intereses personales. Vamos a tener presencia en todo el país y vamos a trabajar con el Ministerio Público en vigilancia y control.

La evolución del CNRR y Acción Social

La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación fue la entidad que, en el momento del debate de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el Congreso, propició un fuerte choque entre partidos de la Unidad Nacional.

La unidad administrativa asume las funciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y de Acción Social, esta última creada por los conservadores durante el gobierno de Andrés Pastrana y bastante respaldada por el expresidente Uribe y, en consecuencia, por el Partido de la U.

No obstante, la sola idea de que esta oficina desapareciera por cuenta de la Ley de Víctimas incomodó tanto a los conservadores como a la U, quienes creían que a partir de allí los liberales que lideraron la iniciativa se quedarían con todo el crédito de estas oficinas sociales. Al final, pese a las voces de insatisfacción, el proyecto recibió el respaldo de los políticos.

Las funciones de la nueva unidad

La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene como funciones:

- Implementar y administrar el Registro Único de Víctimas, garantizando la integridad de los registros actuales de información.

- Coordinar con el Ministerio de Hacienda la asignación y transferencia a las entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución, asistencia y reparación integral a las víctimas.

- Administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas y pagar las indemnizaciones judiciales.

- Coordinar los retornos o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado.

- Apoyar la implementación para la rehabilitación comunitaria y social.

- Manejo, acompañamiento, orientación y seguimiento de las emergencias humanitarias y atentados terroristas.