'La Ley Antidiscriminación se quedó coja'

Con el propósito de castigar a quienes incurran en apología al odio y promuevan discursos orientados a la intolerancia y la violencia, el movimiento político MIRA impulsa desde la Cámara de Representantes un proyecto de ley para sancionar la discriminación selectiva.

La iniciativa –liderada por el representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Guevara, autor del proyecto– contempla penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 100 salarios mínimos para quienes con sus discursos y acciones, promuevan el odio en la sociedad.

En diálogo con El Espectador, Guevara explica los alcances del proyecto y señala que no se trata de una restricción al derecho a la libertad de expresión, sino un complemento a la ya sancionada Ley 1482 de 2011 o Ley Antidiscriminación.

P: ¿Cuál sería el alcance de este proyecto y cómo se adaptaría a la legislación colombiana?

R: Se trata de una iniciativa que, de cierto modo, busca encontrar rutas para el posconflicto. Toda la sociedad ha entendido que es necesario abandonar el odio y buscar la reconciliación. Por ello, el proyecto está encaminado a propiciar un proceso de reconciliación en el país y dicho proceso inicia dejando atrás los odios, los discursos orientados a la intolerancia y eso se denomina apología al odio, un delito contemplado en el derecho internacional y que queremos adoptar en el ordenamiento jurídico colombiano.

La iniciativa tiene por objeto poder penalizar todo tipo de acciones que de manera reiterativa, estén dirigidas contra una población, una persona o una institución por sus condiciones raciales, religiosas o políticas y que promuevan la violencia contra algún grupo en particular. Son hechos que se materializan en actos violentos contra la integridad del otro.

P: ¿Cómo determinar cuándo un discurso o manifestación realmente le está haciendo apología al odio?

R: Hay un test internacional que se denomina ‘tripartito’ y que sirve para determinar en cada caso si hay reiteración de ciertos hechos o manifestaciones que inducen a la violencia o al exterminio, y que se materializan en un hostigamiento por medio de un discurso.
Hay un lindero muy frágil entre la libertad de expresión y el derecho a la igualdad, y en ese espacio se está moviendo el proyecto.

P: Precisamente el proyecto ha recibido varias críticas debido a que supuestamente limitaría la libertad de expresión, ¿cómo equilibrar el proyecto con la libre difusión de ideas?

R: La iniciativa lo que propone es un marco dentro del derecho a la libertad de expresión y quien sobrepase ese marco tendría una sanción. Lo anterior, invita no solamente a generar un discurso de reconciliación y de paz, sino también a ‘civilizar’ el derecho a la libre expresión: que uno pueda referirse a un hecho o acto sin vincular actos de violentos o incitar al odio.

Considero que la ciudadanía tiene que saber que hay una sanción para todo este tipo de acciones, sumado a algunos hechos o cadenas que circulan en ocasiones por las redes sociales –las cuales invitan o restringen libertades, como en el caso de las niñas que fueron amenazadas a través de un video– y frente a eso hay un vacío. Es necesario que se protejan integralmente los derechos de cualquier ciudadano en el país.

P: ¿Cómo contempla el proyecto la identificación de personas que promueven el ciberodio?

R: Se plantea un procedimiento que sería liderado por el Ministerio del Interior para identificar al acosador y determinar que efectivamente se puede considerar que hay acciones encaminadas al odio y el acoso.
En este aspecto se quedó corta de cierto modo la Ley Antidiscriminación (1482 de 2011) y lo que busca este proyecto es complementar dicha ley y advertir que cualquier persona puede ser sancionada por decisiones, acciones u opiniones que generen odio entre la sociedad.

P: ¿No cree que el proyecto puede ser ambiguo?, considerando que como usted lo señala ya existe la Ley Antidiscriminación.

R: Es un proyecto complementario porque la Ley Antidiscriminación se quedó coja en temas de expresión. Es evidente el vacío que existe cuando se realiza un discurso orientado a la intolerancia o cuando se genera un matoneo sistemático, selectivo y especifico contra alguien.

Más allá de lo anterior, lo que queremos es abrir el debate para que la sociedad dé un paso hacia la reconciliación, el entendimiento y la diferencia, logrando extender el marco del respeto. Ese es nuestro mensaje.

P: ¿Puede considerarse el odio un delito?

R: La apología al odio es el delito, porque tener como tal una diferencia con alguien es natural. Sin embargo, si yo le provoco un daño a esa persona, si yo odio mediante mis acciones y si tengo la posibilidad de difundir ese odio para que otros también sigan en ese camino conformando un grupo, sí hay un delito.

P: ¿Por qué la congresista María Fernanda Cabal, ponente de este proyecto en la Cámara de Representantes, pidió que fuera hundido?

R: Yo respeto la postura de la doctora María Fernanda Cabal. Vamos a surtir el debate en la comisión primera para escuchar los argumentos que tiene contra la iniciativa y para discutir las diferencias.

Con el propósito de castigar a quienes incurran en apología al odio y promuevan discursos orientados a la intolerancia y la violencia, el movimiento político MIRA impulsa desde la Cámara de Representantes un proyecto de ley para sancionar la discriminación selectiva.

La iniciativa –liderada por el representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Guevara, autor del proyecto– contempla penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta 100 salarios mínimos para quienes con sus discursos y acciones, promuevan el odio en la sociedad.

En diálogo con El Espectador, Guevara explica los alcances del proyecto y señala que no se trata de una restricción al derecho a la libertad de expresión, sino un complemento a la ya sancionada Ley 1482 de 2011 o Ley Antidiscriminación.

P: ¿Cuál sería el alcance de este proyecto y cómo se adaptaría a la legislación colombiana?

R: Se trata de una iniciativa que, de cierto modo, busca encontrar rutas para el posconflicto. Toda la sociedad ha entendido que es necesario abandonar el odio y buscar la reconciliación. Por ello, el proyecto está encaminado a propiciar un proceso de reconciliación en el país y dicho proceso inicia dejando atrás los odios, los discursos orientados a la intolerancia y eso se denomina apología al odio, un delito contemplado en el derecho internacional y que queremos adoptar en el ordenamiento jurídico colombiano.

La iniciativa tiene por objeto poder penalizar todo tipo de acciones que de manera reiterativa, estén dirigidas contra una población, una persona o una institución por sus condiciones raciales, religiosas o políticas y que promuevan la violencia contra algún grupo en particular. Son hechos que se materializan en actos violentos contra la integridad del otro.

P: ¿Cómo determinar cuándo un discurso o manifestación realmente le está haciendo apología al odio?

R: Hay un test internacional que se denomina ‘tripartito’ y que sirve para determinar en cada caso si hay reiteración de ciertos hechos o manifestaciones que inducen a la violencia o al exterminio, y que se materializan en un hostigamiento por medio de un discurso.
Hay un lindero muy frágil entre la libertad de expresión y el derecho a la igualdad, y en ese espacio se está moviendo el proyecto.

P: Precisamente el proyecto ha recibido varias críticas debido a que supuestamente limitaría la libertad de expresión, ¿cómo equilibrar el proyecto con la libre difusión de ideas?

R: La iniciativa lo que propone es un marco dentro del derecho a la libertad de expresión y quien sobrepase ese marco tendría una sanción. Lo anterior, invita no solamente a generar un discurso de reconciliación y de paz, sino también a ‘civilizar’ el derecho a la libre expresión: que uno pueda referirse a un hecho o acto sin vincular actos de violentos o incitar al odio.

Considero que la ciudadanía tiene que saber que hay una sanción para todo este tipo de acciones, sumado a algunos hechos o cadenas que circulan en ocasiones por las redes sociales –las cuales invitan o restringen libertades, como en el caso de las niñas que fueron amenazadas a través de un video– y frente a eso hay un vacío. Es necesario que se protejan integralmente los derechos de cualquier ciudadano en el país.

P: ¿Cómo contempla el proyecto la identificación de personas que promueven el ciberodio?

R: Se plantea un procedimiento que sería liderado por el Ministerio del Interior para identificar al acosador y determinar que efectivamente se puede considerar que hay acciones encaminadas al odio y el acoso.
En este aspecto se quedó corta de cierto modo la Ley Antidiscriminación (1482 de 2011) y lo que busca este proyecto es complementar dicha ley y advertir que cualquier persona puede ser sancionada por decisiones, acciones u opiniones que generen odio entre la sociedad.

P: ¿No cree que el proyecto puede ser ambiguo?, considerando que como usted lo señala ya existe la Ley Antidiscriminación.

R: Es un proyecto complementario porque la Ley Antidiscriminación se quedó coja en temas de expresión. Es evidente el vacío que existe cuando se realiza un discurso orientado a la intolerancia o cuando se genera un matoneo sistemático, selectivo y especifico contra alguien.

Más allá de lo anterior, lo que queremos es abrir el debate para que la sociedad dé un paso hacia la reconciliación, el entendimiento y la diferencia, logrando extender el marco del respeto. Ese es nuestro mensaje.

P: ¿Puede considerarse el odio un delito?

R: La apología al odio es el delito, porque tener como tal una diferencia con alguien es natural. Sin embargo, si yo le provoco un daño a esa persona, si yo odio mediante mis acciones y si tengo la posibilidad de difundir ese odio para que otros también sigan en ese camino conformando un grupo, sí hay un delito.

P: ¿Por qué la congresista María Fernanda Cabal, ponente de este proyecto en la Cámara de Representantes, pidió que fuera hundido?

R: Yo respeto la postura de la doctora María Fernanda Cabal. Vamos a surtir el debate en la comisión primera para escuchar los argumentos que tiene contra la iniciativa y para discutir las diferencias.