La nueva agenda legislativa

Reforma tributaria y a la Salud, ley contra la criminalidad urbana, código de convivencia, reforma al Código Electoral, reforma constitucional para abrir la participación y reforma al mismo reglamento del Congreso o Ley Quinta. Son las iniciativas que tendrán prioridad de análisis y estudio por parte de senadores y representantes a la Cámara para la actual legislatura, que va hasta junio de 2012.

Tras un encuentro entre del ministro del Interior, Fernando Carrillo y el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, se acordó hacer énfasis en sacar adelante la reforma estatutaria a la salud y el estatuto contra la criminalidad, que le entregará a las autoridades de policía y judiciales las herramientas procesales que les permitan hacer efectivos los derechos de los ciudadanos víctimas de los delincuentes comunes.

Asimismo, el Congreso legislará para que las ternas de los diferentes cargos de elección que se hagan en el Capitolio sean enviadas de manera simultánea y no existan ventajas para ninguno de los postulados, en lo que tiene que ver con el caso de la escogencia del Procurador General. “Se buscará que las audiencias públicas sean obligatorias y reguladas por la Ley Quinta y no de manera espontánea, como se viene haciendo”, explicó Barreras.

Otro tema clave tiene que ver con la reforma constitucional que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, que inicialmente buscaba avalar que los políticos pudieran cambiar de partido sin ser sancionados ni acusados de doble militancia, la cual, según el presidente del Congreso, debe ser una iniciativa más integral e importante, teniendo en cuenta los eventuales pactos que se logren en la mesa de negociación entre Gobierno y Farc en La Habana.

“Debe contener plenas garantías para el ejercicio de la oposición y de la democracia, y por tanto, un eficaz equilibrio de poderes, además de facilitar la creación de nuevos partidos y movimientos políticos”, explicó Barreras.

Sobre el tema del código de convivencia y del estatuto contra la criminalidad urbana, ya se tiene un borrador consensuado con el Ministerio de Defensa, la ministra de Justicia, la Fiscalía General y la Fuerza Pública para darle dientes a policías y fiscales en su tarea de proteger a los ciudadanos.

La idea es establecer cambios procesales y normas más eficaces para controlar delitos como el atraco, el hurto de celulares, los delitos de los adolescentes, el porte ilegal de armas e incluso la minería ilegal.

En cuanto a la reforma que se piensa hacer al reglamento del Congreso, todo apunta a la modernización institucional. El objetivo: agilizar los procesos legislativos, propender por una mayor participación ciudadana y lograr eficacia en el trámite de la aprobación de los proyectos de ley.

A través de la cooperación internacional, concretamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se planea crear un centro de apoyo técnico legislativo y con la asesoría de la OCDE, se conformará una comisión para la evaluación y seguimiento de las leyes.

“Dicha comisión de manera permanente verificará si se cumplen las leyes expedidas por el Congreso y además cuales normas deben ser derogadas por viejas e inútiles. No vamos a dejar leyes huérfanas que nadie exige luego su cumplimiento, y que terminan quedándose en el papel”, agregó Roy Barreras.

Reforma tributaria y a la Salud, ley contra la criminalidad urbana, código de convivencia, reforma al Código Electoral, reforma constitucional para abrir la participación y reforma al mismo reglamento del Congreso o Ley Quinta. Son las iniciativas que tendrán prioridad de análisis y estudio por parte de senadores y representantes a la Cámara para la actual legislatura, que va hasta junio de 2012.

Tras un encuentro entre del ministro del Interior, Fernando Carrillo y el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, se acordó hacer énfasis en sacar adelante la reforma estatutaria a la salud y el estatuto contra la criminalidad, que le entregará a las autoridades de policía y judiciales las herramientas procesales que les permitan hacer efectivos los derechos de los ciudadanos víctimas de los delincuentes comunes.

Asimismo, el Congreso legislará para que las ternas de los diferentes cargos de elección que se hagan en el Capitolio sean enviadas de manera simultánea y no existan ventajas para ninguno de los postulados, en lo que tiene que ver con el caso de la escogencia del Procurador General. “Se buscará que las audiencias públicas sean obligatorias y reguladas por la Ley Quinta y no de manera espontánea, como se viene haciendo”, explicó Barreras.

Otro tema clave tiene que ver con la reforma constitucional que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, que inicialmente buscaba avalar que los políticos pudieran cambiar de partido sin ser sancionados ni acusados de doble militancia, la cual, según el presidente del Congreso, debe ser una iniciativa más integral e importante, teniendo en cuenta los eventuales pactos que se logren en la mesa de negociación entre Gobierno y Farc en La Habana.

“Debe contener plenas garantías para el ejercicio de la oposición y de la democracia, y por tanto, un eficaz equilibrio de poderes, además de facilitar la creación de nuevos partidos y movimientos políticos”, explicó Barreras.

Sobre el tema del código de convivencia y del estatuto contra la criminalidad urbana, ya se tiene un borrador consensuado con el Ministerio de Defensa, la ministra de Justicia, la Fiscalía General y la Fuerza Pública para darle dientes a policías y fiscales en su tarea de proteger a los ciudadanos.

La idea es establecer cambios procesales y normas más eficaces para controlar delitos como el atraco, el hurto de celulares, los delitos de los adolescentes, el porte ilegal de armas e incluso la minería ilegal.

En cuanto a la reforma que se piensa hacer al reglamento del Congreso, todo apunta a la modernización institucional. El objetivo: agilizar los procesos legislativos, propender por una mayor participación ciudadana y lograr eficacia en el trámite de la aprobación de los proyectos de ley.

A través de la cooperación internacional, concretamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se planea crear un centro de apoyo técnico legislativo y con la asesoría de la OCDE, se conformará una comisión para la evaluación y seguimiento de las leyes.

“Dicha comisión de manera permanente verificará si se cumplen las leyes expedidas por el Congreso y además cuales normas deben ser derogadas por viejas e inútiles. No vamos a dejar leyes huérfanas que nadie exige luego su cumplimiento, y que terminan quedándose en el papel”, agregó Roy Barreras.