Mientras que Ecuador y Venezuela desplazan tropas a sus fronteras con Colombia, desatando una oleada de rumores y temores, una confrontación más visible e inminente emerge esta semana entre ambos países. Se trata de lo que ocurrirá en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que ambos países presenten oficialmente sus protestas frente a los mutuos agravios cometidos de lado y lado durante este fin de semana.
El domingo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, solicitó la realización de un Consejo Extraordinario en la OEA, para denunciar el traspaso fronterizo cometido por las tropas del Ejército colombiano que resultaron en la muerte y la recuperación de los cuerpos del comandante guerrillero ‘Raúl Reyes’, en territorio ecuatoriano. El secretario general de esta organización, José Miguel Insulza, anunció que el Consejo extraordinario se reunirá hoy en la mañana para tratar de urgencia la crisis binacional, cuyos resultados conducirían a la primera pronunciación oficial frente a un hecho donde ambos países enfrentan denuncias de infracción al derecho internacional.
Con Colombia en el banquillo, Ecuador espera que el Consejo Extraordinario se pronuncie frente a una evidente violación de la soberanía, al haber incursionado en su territorio sin su consulta ni aprobación. “En la medida en que Colombia no pidió autorización para entrar a territorio ecuatoriano, violó los principios de no intervención y de soberanía, estipulados en los artículos 28 y 29 de la Carta de la Organización de Estados Américanos”, explica Andrés Téllez, especialista en derecho internacional de la Pontificia Universidad Javeriana.
Por su parte, el Gobierno colombiano espera llegar a la OEA y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el firme propósito de lograr la condena internacional frente a los supuestos acuerdos entre el gobierno de Rafael Correa y las Farc. Las pruebas, según lo manifestó el domingo y el lunes el director de la Policía Nacional de Colombia, general Óscar Naranjo, fueron encontradas en computadores hallados en el campamento donde se encontraban Reyes y sus hombres.
“Ecuador tiene la obligación de luchar contra organizaciones terroristas, y es evidente que independientemente de cómo murió Raúl Reyes, el Estado ecuatoriano, en cumplimiento del instrumento normativo, estaba obligado a ir tras sujetos que son considerados terroristas internacionalmente”, explica Téllez.
Según el experto en derecho internacional de la Universidad del Rosario, el abogado Ricardo Abello, las instancias donde se resolverían ambos casos serán el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo Permanente de la OEA, instancia que fue convocada ayer de urgencia por el secretario general de esta organización y que se reunirá hoy en la tarde.
Tanto en el Consejo de Seguridad como en la Organización de Estados Americanos, Ecuador y Colombia enfrentan la posibilidad de recibir una condena “moral antes que pecuniaria”, según el analista, el primero por apoyar a un grupo que realiza prácticas terroristas, y el segundo por violar la soberanía territorial de su vecino.
En el caso de Ecuador, la resolución 1373 de 2001, emitida por el Consejo de Seguridad semanas después del atentado a las Torres Gemelas, prohíbe a cualquier país miembro apoyar o albergar a grupos terroristas. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad los cinco países con puesto permanente podrían apoyar el accionar de uno u otro, y con su poder de veto, bloquear cualquier resolución emitida por esta instancia. “Estados Unidos podría apoyar a Colombia, así como Francia a Ecuador, teniendo en cuenta su interés en que eventualmente se puedan realizar más liberaciones de secuestrados”, reflexiona Abello.
Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA también deliberará hoy y podría expedir una resolución que, dadas las circunstancias, estaría marcado por el vaivén entre países que apoyan a Colombia, como Estados Unidos, y países alineados con Ecuador, como evidentemente lo haría Venezuela.
Los ojos estarán puestos hoy en el Consejo Permanente citado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y donde se podrá medir el termómetro de la región frente a los actos ilegales de Colombia y los supuestos actos ilegales ecuatorianos. Como van las cosas, de ser ciertas las pruebas, la lógica del derecho debería condenarlos. Lo interesante resulta saber, ¿qué dictará la lógica política?
Por Juan Camilo Maldonado Tovar
