La paz de Duque: lupa al Eln, guerra a las bacrim y correcciones con las Farc

Si hay un punto sobre el cual existe una innegable división en el país en términos políticos es el de la evaluación a los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc y la definición del rumbo que Colombia debe tomar para superar de manera definitiva el conflicto armado con el Eln, resolver el problema de los cultivos de uso ilícito y hasta ponerle fin a las economías ilegales que atizaron la barbarie en el país.

Juan Manuel Santos se jugó los dos periodos de su gobierno para buscar una solución negociada con las Farc, que durante más de medio siglo pusieron en jaque al Estado y lograron sobrevivir incluso a los ocho años de mano dura de Álvaro Uribe. Logró que dejaran las armas, pero falló en la socialización de los resultados y no fue eficiente para hacer entender que es mejor un país sin violencia, que en todos los procesos de paz hay concesiones de lado y lado y que si la firma de un acuerdo es difícil, es más complejo llevar ese acuerdo a la práctica. En últimas, que la consolidación de la paz es un ejercicio colectivo, lo cual implica que es imposible de realizar sin el concurso de todos. Todos. Incluida la oposición.

Esos errores de cálculo se vieron reflejados, por ejemplo, en los resultados adversos durante la votación del plebiscito que Santos convocó en 2016 para refrendar los acuerdos de paz.  Y tuvieron como punto culminante la elección presidencial de 2018, en la cual ganó el candidato que representaba al sector político que mayor cantidad de reparos hizo en su momento al manejo que Santos le había dado a su iniciativa de paz.

(Lea aquí: Presidente Duque, estas son las 10 deudas del estado con las víctimas).

Por eso el país esperaba con cierta ansiedad la llegada al poder de Duque y su primeras directrices sobre la materia, a fin de entender con mayor claridad cómo es que se va a jugar a esa carta definitiva que en mayor o menor grado, ha definido el lugar que los mandatarios del país ocupan en la historia desde mediados del siglo XX. Gobiernistas, opositores, académicos, cooperantes extranjeros, víctimas del conflicto, congresistas de la Farc, campesinos, escépticos, ingenuos, todos esperaban que les despejara dudas. O que les confirmara certezas.

Duque le dedicó ocho párrafos de su discurso de posesión al tema específico de la paz. En 589 palabras plasmó lo que quiere hacer. Y como cada presidente le pone un nombre diferente a las cosas, él usará la figura del Acuerdo por la Legalidad, en el que – dijo- “se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos”.

¿Y qué es lo que quiere hacer en concreto? 

Invocando el mandato de los 10 millones de ciudadanos que lo eligieron como presidente, lo primero que anunció fue que “desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición”. No ahondó en detalles, pero dijo que “también corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación” del proceso de paz. Hasta dijo que “las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad”.

Una ratificación del mensaje de la campaña presidencial según el cual los jefes de las Farc debieran tener un trato menos benigno por parte de la justicia. De hecho, no habló de los grandes jefes de la guerrilla, algunos de los cuales son congresistas desde el 20 de julio. Prefirió pasar por alto cualquier alusión directa a ellos, incluso cuando hablaba de la tragedia del conflicto.

(Le puede interesar: “No reconozco enemigos, mi deseo es gobernar para todos”: Iván Duque Márquez).

“Creo en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas. Estoy convencido y comprometido con buscar para la base de esas organizaciones, oportunidades productivas y velar por su protección. También nos esforzaremos por la provisión de bienes públicos en todas las regiones del país, empezando por las que han  sido golpeadas por la violencia”, indicó.

En cambio, lanzó un anuncio clave de cara a próximas negociaciones de paz, como la que está en curso con el Eln. “Ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas. Sencillamente debemos dejar claro  que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa. Hoy mismo le cumplo a Colombia y  llevaré esta iniciativa ante el Congreso de la República”.

Y por si dicho anuncio no fuera suficiente para entender que durante su administración las condiciones serán muy distintas a las del gobierno Uribe, retomó el tema después dando un ultimátum a la guerrilla:  “Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el Eln. Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia y la institucionalidad del Estado, compartan con nosotros el balance acerca del mismo. Quiero dejar claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”.

Tal como se esperaba, ratificó que se enfocará en estrategias para la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos (no dijo si acudirá a la aspersión aérea) y hasta habló de proyectos productivos.

Según Duque, “no vamos a permitir que los “disidentes”, los “combos”, los “clanes”, las mal llamadas “oficinas” sigan haciendo de las suyas” en el país. Por eso prometió trabajar con las Fuerzas Armadas y las autoridades judiciales para desarticular las redes de crimen organizado. Nada dijo sobre las iniciativas de sometimiento de las bacrim adelantada por su antecesor.

Duque sabe que debe mostrar resultados con prontitud y su gabinete ya trabaja en la radicación de iniciativas ante el congreso para viabilizar los aplaudidos anuncios y convertirlos en realidad. El tiempo comienza a correr y dentro de cuatro años el mandatario que ahora anda en época de anuncios pasará al tablero a rendir cuentas sobre su gestión mientras aquel (o aquella) que le suceda comienza a hacer promesas sobre un país mejor. Eso, claro, si por el camino no se atraviesa algún articulito pidiendo revivir figuras reeleccionistas.

Si hay un punto sobre el cual existe una innegable división en el país en términos políticos es el de la evaluación a los acuerdos de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc y la definición del rumbo que Colombia debe tomar para superar de manera definitiva el conflicto armado con el Eln, resolver el problema de los cultivos de uso ilícito y hasta ponerle fin a las economías ilegales que atizaron la barbarie en el país.

Juan Manuel Santos se jugó los dos periodos de su gobierno para buscar una solución negociada con las Farc, que durante más de medio siglo pusieron en jaque al Estado y lograron sobrevivir incluso a los ocho años de mano dura de Álvaro Uribe. Logró que dejaran las armas, pero falló en la socialización de los resultados y no fue eficiente para hacer entender que es mejor un país sin violencia, que en todos los procesos de paz hay concesiones de lado y lado y que si la firma de un acuerdo es difícil, es más complejo llevar ese acuerdo a la práctica. En últimas, que la consolidación de la paz es un ejercicio colectivo, lo cual implica que es imposible de realizar sin el concurso de todos. Todos. Incluida la oposición.

Esos errores de cálculo se vieron reflejados, por ejemplo, en los resultados adversos durante la votación del plebiscito que Santos convocó en 2016 para refrendar los acuerdos de paz.  Y tuvieron como punto culminante la elección presidencial de 2018, en la cual ganó el candidato que representaba al sector político que mayor cantidad de reparos hizo en su momento al manejo que Santos le había dado a su iniciativa de paz.

(Lea aquí: Presidente Duque, estas son las 10 deudas del estado con las víctimas).

Por eso el país esperaba con cierta ansiedad la llegada al poder de Duque y su primeras directrices sobre la materia, a fin de entender con mayor claridad cómo es que se va a jugar a esa carta definitiva que en mayor o menor grado, ha definido el lugar que los mandatarios del país ocupan en la historia desde mediados del siglo XX. Gobiernistas, opositores, académicos, cooperantes extranjeros, víctimas del conflicto, congresistas de la Farc, campesinos, escépticos, ingenuos, todos esperaban que les despejara dudas. O que les confirmara certezas.

Duque le dedicó ocho párrafos de su discurso de posesión al tema específico de la paz. En 589 palabras plasmó lo que quiere hacer. Y como cada presidente le pone un nombre diferente a las cosas, él usará la figura del Acuerdo por la Legalidad, en el que – dijo- “se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos”.

¿Y qué es lo que quiere hacer en concreto? 

Invocando el mandato de los 10 millones de ciudadanos que lo eligieron como presidente, lo primero que anunció fue que “desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición”. No ahondó en detalles, pero dijo que “también corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación” del proceso de paz. Hasta dijo que “las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad”.

Una ratificación del mensaje de la campaña presidencial según el cual los jefes de las Farc debieran tener un trato menos benigno por parte de la justicia. De hecho, no habló de los grandes jefes de la guerrilla, algunos de los cuales son congresistas desde el 20 de julio. Prefirió pasar por alto cualquier alusión directa a ellos, incluso cuando hablaba de la tragedia del conflicto.

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“Creo en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas. Estoy convencido y comprometido con buscar para la base de esas organizaciones, oportunidades productivas y velar por su protección. También nos esforzaremos por la provisión de bienes públicos en todas las regiones del país, empezando por las que han  sido golpeadas por la violencia”, indicó.

En cambio, lanzó un anuncio clave de cara a próximas negociaciones de paz, como la que está en curso con el Eln. “Ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas. Sencillamente debemos dejar claro  que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa. Hoy mismo le cumplo a Colombia y  llevaré esta iniciativa ante el Congreso de la República”.

Y por si dicho anuncio no fuera suficiente para entender que durante su administración las condiciones serán muy distintas a las del gobierno Uribe, retomó el tema después dando un ultimátum a la guerrilla:  “Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el Eln. Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia y la institucionalidad del Estado, compartan con nosotros el balance acerca del mismo. Quiero dejar claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”.

Tal como se esperaba, ratificó que se enfocará en estrategias para la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos (no dijo si acudirá a la aspersión aérea) y hasta habló de proyectos productivos.

Según Duque, “no vamos a permitir que los “disidentes”, los “combos”, los “clanes”, las mal llamadas “oficinas” sigan haciendo de las suyas” en el país. Por eso prometió trabajar con las Fuerzas Armadas y las autoridades judiciales para desarticular las redes de crimen organizado. Nada dijo sobre las iniciativas de sometimiento de las bacrim adelantada por su antecesor.

Duque sabe que debe mostrar resultados con prontitud y su gabinete ya trabaja en la radicación de iniciativas ante el congreso para viabilizar los aplaudidos anuncios y convertirlos en realidad. El tiempo comienza a correr y dentro de cuatro años el mandatario que ahora anda en época de anuncios pasará al tablero a rendir cuentas sobre su gestión mientras aquel (o aquella) que le suceda comienza a hacer promesas sobre un país mejor. Eso, claro, si por el camino no se atraviesa algún articulito pidiendo revivir figuras reeleccionistas.