La paz en el juego electoral

A 11 meses de las elecciones regionales de 2015, arrancó en serio la pelea por el poder local. Sólo que esta vez hay un ingrediente mayor que las hace distintas: el proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc. El alto comisionado Sergio Jaramillo lo ha definido como la “paz territorial”, visión que se advierte en la esencia de los acuerdos suscritos hasta el momento. Una razón adicional para que puedan convertirse en comicios históricos. El interrogante es saber si para el 25 de octubre del próximo año, día de las elecciones, puedan existir las condiciones para que la guerrilla entre a jugar en esa contienda.

El panorama no está claro para nadie. Los partidos de la Unidad Nacional, que apoyan al presidente Santos, siguen enfrascados en sus disputas internas. Al menos el Partido de la U, que adelantó esta semana cumbre de dirigentes, dejó ver sus fisuras y sus indecisiones. En el interior de la Casa de Nariño los rumores dicen que se sienten las discrepancias en el propio círculo que rodea al primer mandatario. Como si fuera poco, las encuestas de favorabilidad nada que levantan la imagen del jefe de Estado. Tampoco ayuda el silencioso malestar de un sector de las Fuerzas Armadas por las vicisitudes de la guerra y la paz.

A su vez, el Centro Democrático que lidera el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, por lo pronto, ya lanzó su apuesta por el trofeo mayor: la Alcaldía de Bogotá. El exvicepresidente Francisco Santos, quien ya empezó su campaña con abierta crítica al actual burgomaestre, Gustavo Petro, sabe que no la tiene fácil. De antemano está claro que todas las demás fuerzas políticas harán hasta lo imposible por impedir que el uribismo gobierne en la capital. No obstante, entre sus opositores por ahora no se advierte unidad. El liberalismo se asoma con Rafael Pardo, el Polo con Clara López y se dice que Germán Vargas Lleras quiere candidato propio con Cambio Radical.

En otros frentes políticos del país, la realidad no es muy distinta. El Centro Democrático, en algunas zonas en alianza con los conservadores, trabaja desde hace varios meses conformando candidaturas para consolidar mayorías en el poder local. Las demás colectividades empiezan a organizarse para impedirlo. Un ingrediente inesperado ya causa ruido en las regiones: al tiempo que el movimiento Marcha Patriótica se apresta a participar masivamente en la pelea por alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, se rumora que las Farc ya se están moviendo por su lado, preparándose para participar en política.

Al menos así lo aseguró Uribe en el Congreso, cuando dijo que el comandante Jairo Martínez regresó de La Habana y está “adoctrinando” a las juntas de acción comunal en el Caquetá. Se sabe que una tarea similar entró a desarrollar también el jefe guerrillero Andrés París, quien igualmente estuvo en la mesa de negociaciones en Cuba. Su radio de acción está centrado en las áreas de influencia de la guerrilla en los departamentos del Meta, Cundinamarca y Guaviare. Otros jefes de la insurgencia empiezan a moverse en distintas zonas del país, sin que aún esté claro si podrán presentar candidatos.

En medio de este incierto panorama electoral, en el que el Gobierno confía en que las Farc firmen la paz en los próximos meses, pero no se le ve el mismo afán a la guerrilla, una inesperada reunión entre el senador Uribe y el fiscal general Eduardo Montealegre generó suspicacias y todo tipo de interpretaciones. No faltó quien dijera que Uribe fue a preguntar por los procesos contra su entorno familiar y político, y que salió a relucir el tema de Saludcoop, que le causa roncha al jefe del ente investigador. La versión oficial quedó en que los dos encontraron puntos de convergencia frente al proceso de paz.

Aunque afloró la resistencia uribista frente a la posibilidad de que los jefes guerrilleros participen en política sin que resuelvan sus cuentas con la justicia o que se amplíe el delito político, también trascendió su afinidad frente a la idea de que los guerrilleros se concentren en determinadas zonas y establezcan un cese al fuego unilateral, bajo la vigilancia de las fuerzas institucionales. En la trasescena, así no comparta esta unidad de criterios, fuentes del Gobierno confirmaron que al menos hay una buena señal de que oposición, Ejecutivo y Fiscalía empiecen a discutir opciones para el proceso con las Farc.

Por lo pronto, según pudo establecer El Espectador, el Gobierno quiere impulsar un encuentro de líderes de los distintos partidos políticos como mecanismo complementario de apoyo a las negociaciones de La Habana. La idea es que apenas se evacue el debate de las víctimas y empiece a discutirse el fin del conflicto, se busquen los consensos necesarios para que aspectos como el cese al fuego, la dejación de armas o las garantías de seguridad, pasen por un filtro común y resulte menos compleja la controversia sobre el modelo de justicia transicional que pueda garantizar la firma de un acuerdo de paz.

Todo pasa porque la negociación en La Habana no tenga demasiados contratiempos y se pueda avanzar en los temas más difíciles de la agenda. Aunque siempre resulte incómodo hablar de fechas fatales, el 25 de octubre de 2015 surge en el horizonte como una utópica meta. La de la oportunidad de las Farc para empezar a participar en política si se logra la paz territorial diseñada con el Gobierno; o la del Ejecutivo que sabe que si para ese momento no hay nada claro, los riesgos para la continuidad del proceso son indiscutibles. El mapa del poder local que se trace en un año puede marcar los destinos de Colombia.

Claro está que falta lo más difícil. La pelea porque la justicia no resulte sacrificada en los acuerdos, el pulso para que los colombianos refrenden o no los acuerdos de La Habana y la satisfacción de las víctimas, que constituyen el inamovible ético que anima el proceso de paz. Lo demás es el juego de la justicia ordinaria, el otro escenario donde habitualmente en Colombia se mueve la política. Hay muchos procesos abiertos y otros tantos abogados y denunciantes que se mueven animando expedientes. Cuando se empiece a calentar la contienda por el poder local, se sabrá qué tanto terminará influyendo el Poder Judicial en el ajedrez de las regiones.

@hgarciasegura

@nenarrazola

A 11 meses de las elecciones regionales de 2015, arrancó en serio la pelea por el poder local. Sólo que esta vez hay un ingrediente mayor que las hace distintas: el proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc. El alto comisionado Sergio Jaramillo lo ha definido como la “paz territorial”, visión que se advierte en la esencia de los acuerdos suscritos hasta el momento. Una razón adicional para que puedan convertirse en comicios históricos. El interrogante es saber si para el 25 de octubre del próximo año, día de las elecciones, puedan existir las condiciones para que la guerrilla entre a jugar en esa contienda.

El panorama no está claro para nadie. Los partidos de la Unidad Nacional, que apoyan al presidente Santos, siguen enfrascados en sus disputas internas. Al menos el Partido de la U, que adelantó esta semana cumbre de dirigentes, dejó ver sus fisuras y sus indecisiones. En el interior de la Casa de Nariño los rumores dicen que se sienten las discrepancias en el propio círculo que rodea al primer mandatario. Como si fuera poco, las encuestas de favorabilidad nada que levantan la imagen del jefe de Estado. Tampoco ayuda el silencioso malestar de un sector de las Fuerzas Armadas por las vicisitudes de la guerra y la paz.

A su vez, el Centro Democrático que lidera el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, por lo pronto, ya lanzó su apuesta por el trofeo mayor: la Alcaldía de Bogotá. El exvicepresidente Francisco Santos, quien ya empezó su campaña con abierta crítica al actual burgomaestre, Gustavo Petro, sabe que no la tiene fácil. De antemano está claro que todas las demás fuerzas políticas harán hasta lo imposible por impedir que el uribismo gobierne en la capital. No obstante, entre sus opositores por ahora no se advierte unidad. El liberalismo se asoma con Rafael Pardo, el Polo con Clara López y se dice que Germán Vargas Lleras quiere candidato propio con Cambio Radical.

En otros frentes políticos del país, la realidad no es muy distinta. El Centro Democrático, en algunas zonas en alianza con los conservadores, trabaja desde hace varios meses conformando candidaturas para consolidar mayorías en el poder local. Las demás colectividades empiezan a organizarse para impedirlo. Un ingrediente inesperado ya causa ruido en las regiones: al tiempo que el movimiento Marcha Patriótica se apresta a participar masivamente en la pelea por alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, se rumora que las Farc ya se están moviendo por su lado, preparándose para participar en política.

Al menos así lo aseguró Uribe en el Congreso, cuando dijo que el comandante Jairo Martínez regresó de La Habana y está “adoctrinando” a las juntas de acción comunal en el Caquetá. Se sabe que una tarea similar entró a desarrollar también el jefe guerrillero Andrés París, quien igualmente estuvo en la mesa de negociaciones en Cuba. Su radio de acción está centrado en las áreas de influencia de la guerrilla en los departamentos del Meta, Cundinamarca y Guaviare. Otros jefes de la insurgencia empiezan a moverse en distintas zonas del país, sin que aún esté claro si podrán presentar candidatos.

En medio de este incierto panorama electoral, en el que el Gobierno confía en que las Farc firmen la paz en los próximos meses, pero no se le ve el mismo afán a la guerrilla, una inesperada reunión entre el senador Uribe y el fiscal general Eduardo Montealegre generó suspicacias y todo tipo de interpretaciones. No faltó quien dijera que Uribe fue a preguntar por los procesos contra su entorno familiar y político, y que salió a relucir el tema de Saludcoop, que le causa roncha al jefe del ente investigador. La versión oficial quedó en que los dos encontraron puntos de convergencia frente al proceso de paz.

Aunque afloró la resistencia uribista frente a la posibilidad de que los jefes guerrilleros participen en política sin que resuelvan sus cuentas con la justicia o que se amplíe el delito político, también trascendió su afinidad frente a la idea de que los guerrilleros se concentren en determinadas zonas y establezcan un cese al fuego unilateral, bajo la vigilancia de las fuerzas institucionales. En la trasescena, así no comparta esta unidad de criterios, fuentes del Gobierno confirmaron que al menos hay una buena señal de que oposición, Ejecutivo y Fiscalía empiecen a discutir opciones para el proceso con las Farc.

Por lo pronto, según pudo establecer El Espectador, el Gobierno quiere impulsar un encuentro de líderes de los distintos partidos políticos como mecanismo complementario de apoyo a las negociaciones de La Habana. La idea es que apenas se evacue el debate de las víctimas y empiece a discutirse el fin del conflicto, se busquen los consensos necesarios para que aspectos como el cese al fuego, la dejación de armas o las garantías de seguridad, pasen por un filtro común y resulte menos compleja la controversia sobre el modelo de justicia transicional que pueda garantizar la firma de un acuerdo de paz.

Todo pasa porque la negociación en La Habana no tenga demasiados contratiempos y se pueda avanzar en los temas más difíciles de la agenda. Aunque siempre resulte incómodo hablar de fechas fatales, el 25 de octubre de 2015 surge en el horizonte como una utópica meta. La de la oportunidad de las Farc para empezar a participar en política si se logra la paz territorial diseñada con el Gobierno; o la del Ejecutivo que sabe que si para ese momento no hay nada claro, los riesgos para la continuidad del proceso son indiscutibles. El mapa del poder local que se trace en un año puede marcar los destinos de Colombia.

Claro está que falta lo más difícil. La pelea porque la justicia no resulte sacrificada en los acuerdos, el pulso para que los colombianos refrenden o no los acuerdos de La Habana y la satisfacción de las víctimas, que constituyen el inamovible ético que anima el proceso de paz. Lo demás es el juego de la justicia ordinaria, el otro escenario donde habitualmente en Colombia se mueve la política. Hay muchos procesos abiertos y otros tantos abogados y denunciantes que se mueven animando expedientes. Cuando se empiece a calentar la contienda por el poder local, se sabrá qué tanto terminará influyendo el Poder Judicial en el ajedrez de las regiones.

@hgarciasegura

@nenarrazola