Durante dos terceras partes del siglo XX y todo lo transcurrido de siglo XXI, el escenario del conflicto armado colombiano se ha desarrollado tanto “dentro” como “contra” el Estado, llevando consigo un menoscabo político, social, económico y humano de gran valor así como una continua redefinición de los intereses y prácticas de sus actores en liza, guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico. Es por todo que más allá de interpretaciones cargadas de juicios de valor, la realidad de Colombia desde hace décadas es la de un Estado donde acontece un conflicto armado interno, en el que actores irregulares han sido capaces de desdibujar dos de las características fundamentales que según Max Weber definen a todo Estado de Derecho: el control del territorio y el monopolio legítimo de la violencia.
La necesidad de una estrategia de paz: Betancur, Gaviria y Pastrana
Dada esta compleja tesitura, en las últimas tres décadas la mayor parte de los gobiernos han tratado de explorar posibles fórmulas, algunas con más acierto que otras, con las que desactivar a los grupos que alimentan el conflicto y conseguir la paz en Colombia. Tres han sido las más significativas.
Bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se puso en marcha una estrategia de paz erigida a partir de una ley de amnistía y un conjunto de normas orientadas a la normalización y reintegración civil de los actores armados. Sin embargo, la debilidad institucional del Estado de Derecho, la fragmentación partidista y la falta de voluntad política por un lado, y la incongruencia, principalmente de las FARC por otro, evitaron todo atisbo de acuerdo. Mientras que la Unión Patriótica se conformaba como el mecanismo de integración política de las FARC que experimentaba, ab initio, un “partidicidio” sin precedentes, la misma guerrilla desdoblaba sus frentes armados – de 27 a 48- y participaba en la creación de la I Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).
El mandato político de César Gaviria (1990-1994) comenzó favorecido por la previa desmovilización del M-19, en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y por el contexto político de la nueva Constitución de 1991, que reactivó una estrategia para la paz en Colombia. Ésta tuvo como fruto la desmovilización del EPL, PRT y de la guerrilla Quintín Lame pero no de las FARC y el ELN. Ambos grupos guerrilleros mantuvieron una actitud guerrerista que traería consigo una consecuencia imprevista: el nacimiento de las AUC.
Pese a todo, nuevamente la falta de coherencia y claridad en la estrategia de paz resultaron acuciantes. Igual que se decidía bombardear el “fuero guerrillero” de Casa Verde (Meta) coincidiendo con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, se optaba por retomar conversaciones para la paz una vez que la CGSB tomó, en mayo de 1991, la Embajada de Venezuela en Bogotá.
Los resultantes diálogos, primero de Caracas y después en Tlaxcala, fuero un rotundo fracaso a tenor de la imposibilidad de avanzar en las negociaciones sobre todo, por el factor desestabilizador que en ellas tuvo la facción no desmovilizada el EPL, responsable del asesinato del ex ministro de Obras Públicas, Argelino Durán, y del fin de un proceso negociador que nuevamente volvía al escenario de confrontación militar.
El último gran intento por constituir un marco para la paz resultó bajo el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Empero, el propósito negociador partió con importantes errores casi desde el principio, con motivo de los ofrecimientos precipitados que tras la primera vuelta de las elecciones, tanto el candidato liberal, Uribe Serpa, como el propio Pastrana, hicieron a las FARC. El más grave fue el de conceder una zona de distensión de 42.000 km2, entre Meta y Caquetá desconectada de toda hoja de ruta previamente estipulada.
No obstante, otros problemas fueron el mal diseño de la propia agenda, organizada en doce temas generales y 48 subtemas que dificultaban sobremanera las negociaciones; la posibilidad de que ciertos actores sociales pudieran acudir a las audiencias públicas, lo que terminó por desvirtuar la agenda de negociación en detrimento de la agenda nacional; y la propia falta de voluntad de las FARC, que utilizaron el área de distensión como escenario de reclutamiento de 6.000 combatientes y de formación militar.
La administración Uribe: una noción de paz equivocada
Las consecuencias de todo lo anterior llevaron consigo una pérdida de confianza de la opinión pública colombiana así como de la comunidad internacional que desde entonces puede decirse que sigue presente.
Además, el fin al sueño de paz se tradujo en la victoria electoral de Álvaro Uribe (2002-2010) sobre la base de un discurso reaccionario cuya piedra angular era el fortalecimiento de la seguridad.
Los años del gobierno de Uribe respecto de una estrategia de paz se tradujeron en la negación del conflicto primero, y en la consideración de la paz como mera ausencia del mismo después (“paz negativa”). En otras palabras, se entendía que la paz sólo resultaba posible a tenor de una superioridad militar, tal y como ponían de manifiesto tanto la Política de Seguridad Democrática como la reorientación del Plan Colombia.
Entre 2002 y 2010 es cierto que el pie de fuerza de la guerrilla quedó reducido en un 50%; se consiguieron desmovilizar más 33.000 integrantes de las AUC; los secuestros se redujeron un 82%, los atentados terroristas un 84% y los homicidios un 45%. Sin embargo, el precio a pagar ha sido muy alto, y a tenor de las cifras que aún con todo arroja el conflicto, los éxitos de la Administración Uribe, cuando menos deben relativizarse.
No puede hablarse de estrategia de paz cuando acontece un nuevo escenario de violencia política sin precedentes. Entre 2002 y 2010 se cometieron, según CINEP, 562 casos de “falsos positivos” y 1.119 víctimas. Además, a tenor del escándalo de la “parapolítica”, entre el 35% y el 40% de los congresistas que iniciaron su legislatura en 2006 financiaron presuntamente su campaña política a través de grupos armados – mayormente paramilitares- y narcotráfico.
Del mismo modo, en los últimos años se vienen produciendo en Colombia más de 1.000 violaciones anuales a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y más de 200.000 desplazamientos forzados que hacen el país el lugar del mundo con mayor desplazamiento forzado. Aparte, el paramilitarismo se ha redefinido ante la incapacidad del Estado para controlar la violencia de las BACRIM; una tercera parte de los municipios sigue sufriendo la presencia de grupos irregulares y el crimen organizado resultante de la acción de aquéllos sigue superando por mucho los 3.000 millones de dólares.
La necesidad de una estrategia de paz que guarde relación con la “paz positiva”
Toda estrategia de superación del conflicto en Colombia necesita incorporar una noción de “paz positiva” que, paralelamente a la dimensión de seguridad, incorpore mecanismos de corrección sobre las causas y condiciones irresolutas que siguen sirviendo de caldo de cultivo para la reproducción de la violencia.
Así, fortalecer mecanismos de justicia social, consolidar mayores y mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, favorecer el fortalecimiento interterritorial y la descentralización de recursos, y desarrollar espacios de participación ciudadana son prioridades a la hora de abordar la consecución de la paz en Colombia. Igual sucede con la atención de una mayor inclusión social y la consolidación de mecanismos garantes del imperio de la ley. Cuando nada de esto sucede, el componente multifacético de la violencia corre el riesgo de manifestarse en problemas como la “parapolítica” y los falsos positivos.
Este proceso de construcción de la paz más allá de la dimensión militar (peace building) en la tesitura actual que presenta el conflicto deviene nuclear. Consolidar las conquistas territoriales por medio de un mejor andamiaje institucional del Estado es una urgencia en un momento como el presente, donde buena parte de los grupos irregulares han optado por concentrar su presencia allí donde el Estado brilla por su ausencia.
La superioridad militar de la fuerza colombiana debe acompañarse de una verdadera consolidación del Estado de Derecho en todos sus extremos que sirva como punto de consideración para que los grupos armados, antes que tarde, consideren la búsqueda de la paz como algo más que preferible a la continuidad del conflicto. Mientras ello no suceda, la falta de voluntad por negociar fórmulas de paz seguirá dominando el escenario conflictual colombiano y desanimando todo atisbo de superación de la violencia armada.
Así, la “paz positiva” debe ser una constante paralela a la dimensión de seguridad del Estado colombiano, incorporando las lecciones aprendidas del pasado, y fortaleciendo un sistema democrático y una sociedad civil que en algún momento deberá ser el que termine por asumir, seguro que antes que tarde, la institucionalización del conflicto y la transformación y normalización definitiva de las bases que lo sostienen.
*Jerónimo es Investigador en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Blog Asuntos del Sur.
Por Jerónimo Ríos*
