En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado por la oposición y sectores de derecha por su propuesta de reforma rural. Primero, lo criticaron por haber señalado al Grupo Argos de “despojar tierras a campesinos”, y luego, porque su gobierno incentivaría la “movilización campesina por la reforma agraria” a través de un decreto del Ministerio de Agricultura.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, cuestionó a Petro un día después de que se conociera el borrador de ese decreto, pues aseguró que es “de suma gravedad”, ya que en vez de “fomentar un desarrollo rural fraterno, que es lo que hemos querido, van a las movilizaciones para buscar choques innecesarios”, dice el texto.
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Sobre esos impasses, el presidente Petro se manifestó nuevamente este 8 de septiembre y dijo que su propuesta de reforma rural y movilización campesina es “moderada”, por ejemplo, al comprarla con la política del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo.
“Siendo presidente, Lleras Restrepo creó la campaña nacional de organización campesina e hizo una reforma agraria basada en la expropiación que después fue hundida en sangre por el paramilitarismo y su narcotráfico, que se quedó con buena parte de la tierra fértil y mantuvo su improductividad. (...) Mi propuesta es mucho más moderada, pero aun así la tildan de atacar la propiedad privada”, anotó Petro.
Según dijo, su propuesta ha sido criticada por “el ascenso del narcotráfico dentro de la política, el Estado y la sociedad”, que desde su percepción, han producido “la ultraderechización general de la sociedad, llevando la mentalidad de la sociedad dominante a una especie de feudalismo anacrónico y violento”, dijo.
Al tiempo, afirmó que su propuesta busca la modernización del país y que es eso lo que se le ha olvidado a los sectores políticos de derecha.
“Cuando proponemos comprar la tierra fértil a precio comercial y entregarla a campesinos y medianos productores agrarios, estamos es proponiendo modernizar el país e industrializarlo a partir de la producción agraria”, aseguró que eso no ha sido comprendido.
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Finalmente, afirmó que por orden constitucional, la propiedad privada debe tener una función social, eso “significa que no se puede hacer de la propiedad lo que se le dé la gana al propietario, sino que tiene unos límites que debe garantizar el estado: el ambiental para cuidar el agua y aumentar la absorción de gases invernadero y el social que es producir, con eficiencia, alimentos”, concluyó.
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