La propuesta de Uribe de una constituyente

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso que se haga una Asamblea Nacional Constituyente para implementar (legalizar) los acuerdos a los que eventualmente se llegue con las Farc.

El congresista hizo ese planteamiento en el marco de la discusión del proyecto de acto legislativo para la paz.

“¿Entonces no ser mejor proponer una Constituyente? Una Constituyente limitada a los acuerdos de La Habana, de elección popular, que lo ratifique, lo reforme, les adicione, les quite. ¿Por qué? Yo siempre he tenido duda de las Constituyentes, me parece que la Constitución del 91, en términos generales, fue un buen logro; pero el procedimiento mediante el cual se convocó aquella elección es un procedimiento muy peligroso, como antecedente para la vida institucional, porque se inventaron esa manera de reformar la Constitución o de convocar a una Constituyente invocando el artículo 121 de la época. Cosas del pasado”, sostuvo.

Palabras de Uribe

Yo no voy a calificar las leyes de facultades al Presidente de la República, pero es una ley omnímoda ¿por qué? Es para llevar al ordenamiento jurídico, por vías de decreto, los acuerdos de La Habana. Y cuando uno lee el preámbulo, los acuerdos no excluyen tema. Entonces cuando uno hace concordante el preámbulo del acuerdo con esta Ley, tiene que concluir que necesariamente como el preámbulo –que es la fuente- no excluye temas, el instrumento jurídico presidencial derivado del Congreso para incorporarlos al ordenamiento jurídico tampoco excluirá temas.

Preguntaría: ¿podría haber un acuerdo? Y lo hago porque esta bancada en cualquier momento quiere ser constructiva, como lo hemos sido con muchas leyes, aquí y en las comisiones, ¿podría haber un acuerdo para precisar esas materias?

Más que a título de debate es a título de pregunta al Gobierno y a las diferentes bancadas y a los ponentes. No obstante que el acuerdo de justicia todavía no se conoce en su texto definitivo y que nos han dicho hoy aquí los ponentes que ese acuerdo tendrá que tramitarse a través de una reforma estatutaria, nosotros sí tenemos unas preocupaciones y están conectadas con este proyecto, por ejemplo, la elegibilidad. Ustedes saben que nuestra posición ha sido el texto original de la Constitución del 91, que solamente en el caso de condenados habilitó la elegibilidad para el delito puramente político, se entendió sin conexidad o para el delito culposo como el accidente de tránsito.

El Marco para la Paz, no obstante que lo remite a una ley estatutaria, solamente excluyó del alcance de esa Ley el delito de lesa humanidad, podría en ese acuerdo simplemente, que la restricción fuera la que introdujo el Marco para la Paz. Nosotros quisiéramos muchas más, nosotros quisiéramos el texto, la interpretación exegética del texto inicial del texto inicial de la Constitución del 91, pero de manera constructiva propongo si se pudiera simplemente repetir lo que este Congreso aceptó en el Marco para la Paz.

Es que lo de la elegibilidad tiene un problema de mal ejemplo y de allí se van a derivar muchos problemas. ¿Qué se le va a decir a los que perdieron la investidura de congresistas por haber trabajado de periodistas? Entonces, esos si van a tener pena perpetua y los delincuentes de delitos atroces ¿podrán ser elegidos? ¿Qué se le va a decir a otros condenados colombianos que tienen penas perpetuas en materia de no elegibilidad?

Yo creo, respetuosamente senadores ponentes, que el castigo no es vindicta, el castigo es un elemento disuasivo y la justicia transicional, que está en construcción, no tendría por qué eliminarlo en nombre de la restaurativa, para que la justicia restaurativa produzca ese efecto de evitar la repetición de la violencia tiene que tener un elemento disuasivo que es la pena, que es el castigo, el único castigo que se ha conocido es la reclusión.

Yo veo una diferencia en la interpretación del acuerdo de justicia que, sin conocerse su texto, han dado las Farc y el Gobierno. Mientras las Farc dicen que no hay reclusión y además lo complementan con un acuerdo que habrían hecho con el hermano del Presidente de la República al inicio del proceso, el Gobierno dice que sí hay castigo, pero la manera como el Gobierno presenta el castigo no es castigo, eso está orientado a reparar a las víctimas; la reparación de víctimas no es castigo es una obligación civil, ética, humanitaria, que no tiene que entenderse como reemplazo del castigo. Inclusive, hay casos en los cuales la reparación de víctimas, por razones morales o puramente jurídicas, tiene que darse sin que haya castigo de reclusión, de pena privativa de la libertad, lo que demuestra que no puede interpretarse, como quiere interpretarlo el Gobierno, que la reparación de las víctimas es castigo.

El tribunal. Claro que uno tiene que estar preocupado, hagan abstracción de mi persona. Lo que hemos visto aquí en antecedentes y lo que se viene haciendo con los militares es que el mismo Gobierno ha ido a las cárceles a decirles que es mejor que reconozcan un delito para que les rebajen la pena a que los condenen a 40 años. Todo lo que las Farc ha dejado conocer y, en alguna forma, lo ha aceptado el Gobierno es que en el origen de ese tribunal habría una preocupante injerencia de las organizaciones internacionales de izquierda, inclinadas a condenar a los militares y a los civiles que hayan combatido al terrorismo y absolver a las Farc.

Miren la participación de Enrique Santiago, no solamente defensor de las Farc sino defensor de terroristas europeos, uno de quienes ha concebido ese tribunal. Claro que nosotros tenemos preocupaciones por ese tribunal, a las Farc le queda muy fácil.

Los hechos criminales de las Farc son notorios ¿Cómo van a negar la masacre de Bojayá o el asesinato o tortura de los secuestrados? Simplemente lo reconocen. ¿Cómo van a detener una… bueno de los diputados, seguir y seguir. ¿Cómo lo van a negar? Dirán ellos que sí que lo aceptan y que fue en el ejercicio del derecho a la rebelión, del derecho a la beligerancia en desarrollo a la rebelión y con eso se evita que vayan a la cárcel, pero además pueden tener elegibilidad política ¿No habrá manera de un acuerdo nacional que le ponga unas restricciones a eso, estimados senadores?

Se puede discutir mucho política y sociológicamente sobre el origen de las Farc, de las guerrillas y de los paramilitares. En muchas regiones de Colombia los paramilitares surgieron después de 25 años de sufrir la acción guerrillera sin protección del Estado para los ciudadanos, y finalmente quedaron en la misma crueldad las guerrillas y los paramilitares.

A mí me sorprende cuando muchos decían que ocho años de pena carcelaria a los paramilitares era muy poco, que tenían razón, pero que hoy dicen que ni un día a las Farc y qué tal que en aquel ordenamiento jurídico hubiéramos propuesto levantar las sanción accesoria de la no elegibilidad.

El tema del M-19, advirtiendo que yo participé aquí, más aún asumo la responsabilidad de haber contribuido a liderar el reindulto al M-19, no hablemos de la diferencia en las circunstancias nacionales e internacionales, simplemente un tema.

Preguntan en la comunidad internacional si lo del M-19 trabajó y operó, ¿por qué no va a operar una absolución total a las Farc? ¿Por qué no va a operar un pleno derecho de elegibilidad política a los integrantes de las Farc? Lo del M-19 contribuyó, en alguna forma, a que creciera las Farc, que a partir del año 91 tuvo un crecimiento enorme -eso generó mal ejemplo-. ¿Vamos a seguir aquí generando malos ejemplos? No lo quiero discutir simplemente desde el punto de vista del derecho internacional, sino de lo que ha representado la impunidad para Colombia.

Citaban ahora a Kelsen. El expresidente Echandía decía que el ordenamiento jurídico no puede ser una norma muerta y en alguna forma eso se derivaba de ese padre del positivismo contemporáneo que es Kelsen, pero también aquellos que respetan la teoría de quien es el competente para la sustitución constitucional se apegan al derecho legislado de Kelsen. Nadie está reclamando una carta constitucional inmodificable, pero sí una garantía de estabilidad que se puede lograr cuando los poderes derivados acepten las normas que recibieron de los poderes constituyentes.

Hay varias sentencias de la Corte, la del referendo del 2003, aquella de 2010 en la cual la Corte explicó que si bien hay un poder constituido derivado, que es el Congreso, y que inicialmente no se podría revisar la exequibilidad de una reforma constitucional sino por razones de forma, también llegó la Corte a la conclusión de que hay un tema de competencias y que el poder derivado tiene competencia para reformar la Constitución sin reformar la estructura del Estado, lo dijo en la sentencia de 2010 y en la de 2003 sin reformar los procedimientos de reforma de la Constitución.

Y aquí están cambiando los procedimientos de reforma de la Constitución y no nos está modificando el poder constituyente, que es la Constituyente, el pueblo directamente, sino el poder derivado, como desde la Constitución del 91 se ha entendido al Congreso. No habrá manera de que si van a hacer está reforma constitucional… ¿Para qué acosan tanto? La paz la pueden lograr con un compromiso de la Farc a suspender totalmente cualquier acción criminal -que no están suspendidas- mientras se va dando el trámite. ¿Por qué le crean ese peligroso antecedente al país de cambiar por el Congreso poder derivado, la manera de cambiar la Constitución? Entonces mañana va a haber otra razón, otro hecho, para invocar lo mismo y eso crea un pésimo antecedente.

Yo le propondría señor Presidente, si es posible en algún momento examinar unas propuestas de está naturaleza que tienen mis compañeros, como se lo habíamos anticipado a usted y al senador Horacio Serpa. Aquí ustedes tienen la mayoría y esto lo aprueban muy fácilmente, casi que sobraría decirles lo que les estoy diciendo, pero lo hacemos porque en esta elección nadie voto contra la paz, pero muchos de los que votaron en favor de la paz, sí votaron contra la impunidad. No sé señor Presidente si hay manera -ustedes tienen afán de votar esto mañana- de examinar algunas proposiciones de esta naturaleza.

Y ¡claro! Que doña Diela tiene que estar hoy más preocupada, porque ella no contaba que después de elecciones la Farc que se ha puesto los uniformes del ELN asesinaría a los soldados, que no se esperó sino que pasaran las elecciones y tiene que estar más preocupada doña Diela, porque doña Diela hasta el sábado sabía que a este país le habían elevado la carga tributaria hasta sacarlo de la posibilidad de competir, sabía el enorme gasto público. Hoy tiene que estar más preocupada, porque hoy el Gobierno ha aumentado las tarifas de energía, cuando debió ser el Gobierno quien con sus recursos el que hubiera garantizado la cláusula de sostenibilidad. ¡Claro! que doña Diela tiene que estar más preocupada, porque ella hasta la semana pasada sabía de las multas aniquilantes de la industria azucarera vallecaucana, pero apenas hoy se va a enterar de que una calificadora internacional amenaza al Gobierno con quitarle la nota de inversión, el grado de inversión, si no hace ajuste fiscal. Olvidémonos de doña Diela, habrá oportunidad de saludarla en Cali, muchos de ustedes saben que yo me gasto tres cuartas partes de mi vida saludando con los colombianos y donde la encuentre tendré la paciencia de repetirle todo esto.

Habrá posibilidad señor Presidente de examinar algunos de estos temas o de examinar la constituyente. Yo prefiero correr el riesgo de reformas a la Constitución a través de una constituyente de elección popular que a través del pésimo antecedente de un Congreso que no fue elegido para eso. 

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso que se haga una Asamblea Nacional Constituyente para implementar (legalizar) los acuerdos a los que eventualmente se llegue con las Farc.

El congresista hizo ese planteamiento en el marco de la discusión del proyecto de acto legislativo para la paz.

“¿Entonces no ser mejor proponer una Constituyente? Una Constituyente limitada a los acuerdos de La Habana, de elección popular, que lo ratifique, lo reforme, les adicione, les quite. ¿Por qué? Yo siempre he tenido duda de las Constituyentes, me parece que la Constitución del 91, en términos generales, fue un buen logro; pero el procedimiento mediante el cual se convocó aquella elección es un procedimiento muy peligroso, como antecedente para la vida institucional, porque se inventaron esa manera de reformar la Constitución o de convocar a una Constituyente invocando el artículo 121 de la época. Cosas del pasado”, sostuvo.

Palabras de Uribe

Yo no voy a calificar las leyes de facultades al Presidente de la República, pero es una ley omnímoda ¿por qué? Es para llevar al ordenamiento jurídico, por vías de decreto, los acuerdos de La Habana. Y cuando uno lee el preámbulo, los acuerdos no excluyen tema. Entonces cuando uno hace concordante el preámbulo del acuerdo con esta Ley, tiene que concluir que necesariamente como el preámbulo –que es la fuente- no excluye temas, el instrumento jurídico presidencial derivado del Congreso para incorporarlos al ordenamiento jurídico tampoco excluirá temas.

Preguntaría: ¿podría haber un acuerdo? Y lo hago porque esta bancada en cualquier momento quiere ser constructiva, como lo hemos sido con muchas leyes, aquí y en las comisiones, ¿podría haber un acuerdo para precisar esas materias?

Más que a título de debate es a título de pregunta al Gobierno y a las diferentes bancadas y a los ponentes. No obstante que el acuerdo de justicia todavía no se conoce en su texto definitivo y que nos han dicho hoy aquí los ponentes que ese acuerdo tendrá que tramitarse a través de una reforma estatutaria, nosotros sí tenemos unas preocupaciones y están conectadas con este proyecto, por ejemplo, la elegibilidad. Ustedes saben que nuestra posición ha sido el texto original de la Constitución del 91, que solamente en el caso de condenados habilitó la elegibilidad para el delito puramente político, se entendió sin conexidad o para el delito culposo como el accidente de tránsito.

El Marco para la Paz, no obstante que lo remite a una ley estatutaria, solamente excluyó del alcance de esa Ley el delito de lesa humanidad, podría en ese acuerdo simplemente, que la restricción fuera la que introdujo el Marco para la Paz. Nosotros quisiéramos muchas más, nosotros quisiéramos el texto, la interpretación exegética del texto inicial del texto inicial de la Constitución del 91, pero de manera constructiva propongo si se pudiera simplemente repetir lo que este Congreso aceptó en el Marco para la Paz.

Es que lo de la elegibilidad tiene un problema de mal ejemplo y de allí se van a derivar muchos problemas. ¿Qué se le va a decir a los que perdieron la investidura de congresistas por haber trabajado de periodistas? Entonces, esos si van a tener pena perpetua y los delincuentes de delitos atroces ¿podrán ser elegidos? ¿Qué se le va a decir a otros condenados colombianos que tienen penas perpetuas en materia de no elegibilidad?

Yo creo, respetuosamente senadores ponentes, que el castigo no es vindicta, el castigo es un elemento disuasivo y la justicia transicional, que está en construcción, no tendría por qué eliminarlo en nombre de la restaurativa, para que la justicia restaurativa produzca ese efecto de evitar la repetición de la violencia tiene que tener un elemento disuasivo que es la pena, que es el castigo, el único castigo que se ha conocido es la reclusión.

Yo veo una diferencia en la interpretación del acuerdo de justicia que, sin conocerse su texto, han dado las Farc y el Gobierno. Mientras las Farc dicen que no hay reclusión y además lo complementan con un acuerdo que habrían hecho con el hermano del Presidente de la República al inicio del proceso, el Gobierno dice que sí hay castigo, pero la manera como el Gobierno presenta el castigo no es castigo, eso está orientado a reparar a las víctimas; la reparación de víctimas no es castigo es una obligación civil, ética, humanitaria, que no tiene que entenderse como reemplazo del castigo. Inclusive, hay casos en los cuales la reparación de víctimas, por razones morales o puramente jurídicas, tiene que darse sin que haya castigo de reclusión, de pena privativa de la libertad, lo que demuestra que no puede interpretarse, como quiere interpretarlo el Gobierno, que la reparación de las víctimas es castigo.

El tribunal. Claro que uno tiene que estar preocupado, hagan abstracción de mi persona. Lo que hemos visto aquí en antecedentes y lo que se viene haciendo con los militares es que el mismo Gobierno ha ido a las cárceles a decirles que es mejor que reconozcan un delito para que les rebajen la pena a que los condenen a 40 años. Todo lo que las Farc ha dejado conocer y, en alguna forma, lo ha aceptado el Gobierno es que en el origen de ese tribunal habría una preocupante injerencia de las organizaciones internacionales de izquierda, inclinadas a condenar a los militares y a los civiles que hayan combatido al terrorismo y absolver a las Farc.

Miren la participación de Enrique Santiago, no solamente defensor de las Farc sino defensor de terroristas europeos, uno de quienes ha concebido ese tribunal. Claro que nosotros tenemos preocupaciones por ese tribunal, a las Farc le queda muy fácil.

Los hechos criminales de las Farc son notorios ¿Cómo van a negar la masacre de Bojayá o el asesinato o tortura de los secuestrados? Simplemente lo reconocen. ¿Cómo van a detener una… bueno de los diputados, seguir y seguir. ¿Cómo lo van a negar? Dirán ellos que sí que lo aceptan y que fue en el ejercicio del derecho a la rebelión, del derecho a la beligerancia en desarrollo a la rebelión y con eso se evita que vayan a la cárcel, pero además pueden tener elegibilidad política ¿No habrá manera de un acuerdo nacional que le ponga unas restricciones a eso, estimados senadores?

Se puede discutir mucho política y sociológicamente sobre el origen de las Farc, de las guerrillas y de los paramilitares. En muchas regiones de Colombia los paramilitares surgieron después de 25 años de sufrir la acción guerrillera sin protección del Estado para los ciudadanos, y finalmente quedaron en la misma crueldad las guerrillas y los paramilitares.

A mí me sorprende cuando muchos decían que ocho años de pena carcelaria a los paramilitares era muy poco, que tenían razón, pero que hoy dicen que ni un día a las Farc y qué tal que en aquel ordenamiento jurídico hubiéramos propuesto levantar las sanción accesoria de la no elegibilidad.

El tema del M-19, advirtiendo que yo participé aquí, más aún asumo la responsabilidad de haber contribuido a liderar el reindulto al M-19, no hablemos de la diferencia en las circunstancias nacionales e internacionales, simplemente un tema.

Preguntan en la comunidad internacional si lo del M-19 trabajó y operó, ¿por qué no va a operar una absolución total a las Farc? ¿Por qué no va a operar un pleno derecho de elegibilidad política a los integrantes de las Farc? Lo del M-19 contribuyó, en alguna forma, a que creciera las Farc, que a partir del año 91 tuvo un crecimiento enorme -eso generó mal ejemplo-. ¿Vamos a seguir aquí generando malos ejemplos? No lo quiero discutir simplemente desde el punto de vista del derecho internacional, sino de lo que ha representado la impunidad para Colombia.

Citaban ahora a Kelsen. El expresidente Echandía decía que el ordenamiento jurídico no puede ser una norma muerta y en alguna forma eso se derivaba de ese padre del positivismo contemporáneo que es Kelsen, pero también aquellos que respetan la teoría de quien es el competente para la sustitución constitucional se apegan al derecho legislado de Kelsen. Nadie está reclamando una carta constitucional inmodificable, pero sí una garantía de estabilidad que se puede lograr cuando los poderes derivados acepten las normas que recibieron de los poderes constituyentes.

Hay varias sentencias de la Corte, la del referendo del 2003, aquella de 2010 en la cual la Corte explicó que si bien hay un poder constituido derivado, que es el Congreso, y que inicialmente no se podría revisar la exequibilidad de una reforma constitucional sino por razones de forma, también llegó la Corte a la conclusión de que hay un tema de competencias y que el poder derivado tiene competencia para reformar la Constitución sin reformar la estructura del Estado, lo dijo en la sentencia de 2010 y en la de 2003 sin reformar los procedimientos de reforma de la Constitución.

Y aquí están cambiando los procedimientos de reforma de la Constitución y no nos está modificando el poder constituyente, que es la Constituyente, el pueblo directamente, sino el poder derivado, como desde la Constitución del 91 se ha entendido al Congreso. No habrá manera de que si van a hacer está reforma constitucional… ¿Para qué acosan tanto? La paz la pueden lograr con un compromiso de la Farc a suspender totalmente cualquier acción criminal -que no están suspendidas- mientras se va dando el trámite. ¿Por qué le crean ese peligroso antecedente al país de cambiar por el Congreso poder derivado, la manera de cambiar la Constitución? Entonces mañana va a haber otra razón, otro hecho, para invocar lo mismo y eso crea un pésimo antecedente.

Yo le propondría señor Presidente, si es posible en algún momento examinar unas propuestas de está naturaleza que tienen mis compañeros, como se lo habíamos anticipado a usted y al senador Horacio Serpa. Aquí ustedes tienen la mayoría y esto lo aprueban muy fácilmente, casi que sobraría decirles lo que les estoy diciendo, pero lo hacemos porque en esta elección nadie voto contra la paz, pero muchos de los que votaron en favor de la paz, sí votaron contra la impunidad. No sé señor Presidente si hay manera -ustedes tienen afán de votar esto mañana- de examinar algunas proposiciones de esta naturaleza.

Y ¡claro! Que doña Diela tiene que estar hoy más preocupada, porque ella no contaba que después de elecciones la Farc que se ha puesto los uniformes del ELN asesinaría a los soldados, que no se esperó sino que pasaran las elecciones y tiene que estar más preocupada doña Diela, porque doña Diela hasta el sábado sabía que a este país le habían elevado la carga tributaria hasta sacarlo de la posibilidad de competir, sabía el enorme gasto público. Hoy tiene que estar más preocupada, porque hoy el Gobierno ha aumentado las tarifas de energía, cuando debió ser el Gobierno quien con sus recursos el que hubiera garantizado la cláusula de sostenibilidad. ¡Claro! que doña Diela tiene que estar más preocupada, porque ella hasta la semana pasada sabía de las multas aniquilantes de la industria azucarera vallecaucana, pero apenas hoy se va a enterar de que una calificadora internacional amenaza al Gobierno con quitarle la nota de inversión, el grado de inversión, si no hace ajuste fiscal. Olvidémonos de doña Diela, habrá oportunidad de saludarla en Cali, muchos de ustedes saben que yo me gasto tres cuartas partes de mi vida saludando con los colombianos y donde la encuentre tendré la paciencia de repetirle todo esto.

Habrá posibilidad señor Presidente de examinar algunos de estos temas o de examinar la constituyente. Yo prefiero correr el riesgo de reformas a la Constitución a través de una constituyente de elección popular que a través del pésimo antecedente de un Congreso que no fue elegido para eso.