La pulla sobre Venezuela que le hizo Marta Lucía Ramírez a Michelle Bachelet

Este miércoles, en un Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la alta comisionada para ese tema de la organización, Michelle Bachelet, le pidió al Gobierno colombiano un rápido acuerdo con el Congreso para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comience a operar con su marco jurídico dispuesto en la ley estatutaria objetada parcialmente por el presidente Iván Duque.

Además de responderle sobre esta materia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, desde Colombia, le lanzó una pulla sobre la situación de derechos humanos que vive Venezuela. “Le diría a la comisionada, con todo respeto, que estamos muy ansiosos para que, con mayor prontitud, se pronuncie sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela”, comentó la funcionaria.

Sobre el tema de la JEP, Ramírez le recordó a la expresidenta de Chile que “en Colombia existe una institucionalidad que está trabajando para lograr, dentro de la Constitución vigente, llegar a un punto que permita el consenso”.

"Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral", fue la referencia de la alta comisionada para los DD. HH. de la ONU sobre la JEP, pidiendo, asimismo, por una “decisión rápida para que pueda operar de una manera más independiente y se refuerce la seguridad legal de las víctimas”.

Lea más: Gobierno y ONU enfrentados por ley estatutaria de la JEP.

Por otro lado, aprovechó para manifestar su preocupación sobre el asesinato a líderes sociales que, según las cuentas de su oficina, son 27 casos desde el 1° de enero hasta el 8 de marzo de este año. "La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las Farc era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales", explicó, resaltando, a su vez, la inquietud que le genera la nueva política de seguridad y la creación de una red de participación cívica para reforzarla.

Durante el Consejo, la representante de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra, Adriana Mendoza, confrontó a Bachelet recordándole que el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y las recomendaciones a este mismo le corresponde a la Misión de Verificación de Naciones Unidas. “Deben de evitar duplicar funciones”, comentó la diplomática.

Al igual que Bachelet, el representante de su oficina en Colombia, Alberto Brunori, durante la entrega del Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018, disgustó al Gobierno con su solicitud de sancionar inmediatamente la ley estatutaria de la JEP.

"La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP", dijo el funcionario de la ONU. Esta declaración fue replicada por el canciller Carlos Holmes Trujillo y por el embajador ante Naciones Unidas en Nueva York, Guillermo Fernández de Soto.

Lea más: Naciones Unidas pide "medidas rápidas" para establecer la estatutaria de la JEP.

“Alberto Brunoni trató de inmiscuirse en asuntos políticos de Colombia y se sale del marco acordado por el sistema de la ONU. Se toma el atrevimiento de decirle al señor presidente qué debe hacer, cuando en realidad en Colombia hay un Estado social de derecho que debe ser respetado”, comentó el diplomático en RCN Radio, haciendo alusión a la reunión que sostuvieron con el secretario general de la ONU, António Guterres.

De este encuentro, la Misión de Verificación pidió por “medidas rápidas” para resolver la situación de la JEP y su marco jurídico, insistiendo en la garantía jurídica de quienes están cobijados por la justicia transicional y a los derechos a las víctimas.

Este miércoles, en un Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la alta comisionada para ese tema de la organización, Michelle Bachelet, le pidió al Gobierno colombiano un rápido acuerdo con el Congreso para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comience a operar con su marco jurídico dispuesto en la ley estatutaria objetada parcialmente por el presidente Iván Duque.

Además de responderle sobre esta materia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, desde Colombia, le lanzó una pulla sobre la situación de derechos humanos que vive Venezuela. “Le diría a la comisionada, con todo respeto, que estamos muy ansiosos para que, con mayor prontitud, se pronuncie sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela”, comentó la funcionaria.

Sobre el tema de la JEP, Ramírez le recordó a la expresidenta de Chile que “en Colombia existe una institucionalidad que está trabajando para lograr, dentro de la Constitución vigente, llegar a un punto que permita el consenso”.

"Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral", fue la referencia de la alta comisionada para los DD. HH. de la ONU sobre la JEP, pidiendo, asimismo, por una “decisión rápida para que pueda operar de una manera más independiente y se refuerce la seguridad legal de las víctimas”.

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Por otro lado, aprovechó para manifestar su preocupación sobre el asesinato a líderes sociales que, según las cuentas de su oficina, son 27 casos desde el 1° de enero hasta el 8 de marzo de este año. "La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las Farc era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales", explicó, resaltando, a su vez, la inquietud que le genera la nueva política de seguridad y la creación de una red de participación cívica para reforzarla.

Durante el Consejo, la representante de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra, Adriana Mendoza, confrontó a Bachelet recordándole que el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y las recomendaciones a este mismo le corresponde a la Misión de Verificación de Naciones Unidas. “Deben de evitar duplicar funciones”, comentó la diplomática.

Al igual que Bachelet, el representante de su oficina en Colombia, Alberto Brunori, durante la entrega del Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el 2018, disgustó al Gobierno con su solicitud de sancionar inmediatamente la ley estatutaria de la JEP.

"La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP", dijo el funcionario de la ONU. Esta declaración fue replicada por el canciller Carlos Holmes Trujillo y por el embajador ante Naciones Unidas en Nueva York, Guillermo Fernández de Soto.

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“Alberto Brunoni trató de inmiscuirse en asuntos políticos de Colombia y se sale del marco acordado por el sistema de la ONU. Se toma el atrevimiento de decirle al señor presidente qué debe hacer, cuando en realidad en Colombia hay un Estado social de derecho que debe ser respetado”, comentó el diplomático en RCN Radio, haciendo alusión a la reunión que sostuvieron con el secretario general de la ONU, António Guterres.

De este encuentro, la Misión de Verificación pidió por “medidas rápidas” para resolver la situación de la JEP y su marco jurídico, insistiendo en la garantía jurídica de quienes están cobijados por la justicia transicional y a los derechos a las víctimas.