A la Registraduría Nacional no solo empezarán a llegar en los próximos días varios precandidatos para inscribir los comités con los que quieren subir al poder, sino también las observaciones y propuestas de algunas empresas nacionales e internacionales que buscan quedarse con el contrato de $2.1 billones para organizar las elecciones al Congreso y a la Presidencia del próximo año.
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El concurso para este billonario proceso contractual se abrió este miércoles, días después de que la Registraduría liderada por Hernán Penagos asegurara con el Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para atender los comicios, que costarían alrededor de $2.6 billones sin contar la eventual segunda vuelta presidencial. De llegar a realizarse, esta costaría $1 billón más y se le encargaría a la firma con el principal contrato adjudicado.
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Un grupo de entre 20 y 30 funcionarios construyeron el prepliego con la propuesta y para acordar el valor se basaron en los anteriores contratos ejecutados (entregados en los últimos años a la firma Thomas Greg & Sons) y en varias cotizaciones que pidieron a empresas nacionales, de las cuales solo llegaron tres: las de la empresa mencionada, Smartmatic y Tigo.
Según Penagos, desde la Registraduría también se les ha escrito a varias embajadas en Colombia para que estas informen a las empresas de sus países del proceso contractual y participen.
La intención de la entidad es blindar el proceso de todas las dudas que han surgido desde el mismo Gobierno, que tiene una pelea cantada contra Thomas Greg por tener el negocio de las elecciones y los pasaportes desde hace años, algo que no solo han calificado como un monopolio sino también como la posibilidad abierta de hacer fraude y manejar los datos privados de los colombianos. La empresa lo desmiente y ha defendido su legitimidad.
“Por primera vez será no solamente nacional sino también internacional para aquellas personas que quieran proveer los recursos para esta logística electoral”, dijo el registrador en rueda de prensa, en la que también compartió las fechas claves de la recolección de firmas que arrancarán varios aspirantes.
Por ello, Penagos, quien incluso fue denunciado penalmente por el Gobierno por un anterior proceso entregado a Thomas para el manejo de las elecciones atípicas de este año, les solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría vigilar el contrato y todas las acciones que se irán dando hasta la adjudicación, que será el 7 de julio.
Pero esto no le daría total tranquilidad al presidente Gustavo Petro, quien insiste en que Thomas Greg no debe seguir con el negocio electoral y recientemente lanzó un fuerte cuestionamiento contra la Imprenta Nacional por no tener claro el camino para iniciar la elaboración de los pasaportes junto con el gobierno de Portugal a partir de septiembre, cuando vence el actual contrato que tiene la empresa y entraría a regir el nuevo esquema de expedición de estos documentos.
La Registraduría dejó claro que en comparación a anteriores gestiones, esta vez se lanzó la convocatoria abierta con el suficiente tiempo para que en caso de que gane un nuevo operador tenga el suficiente tiempo para entrar a coordinar la inscripción de los candidatos legislativos y presidenciales, realizar los kits electorales, coordinar la biometría, el control de las mesas de votación, el preconteo, el escrutinio y la infraestructura tecnológica, como quedó consignado en el prepliego publicado en la plataforma de contratación pública Secop.
Se espera entonces que en los días siguientes lleguen las primeras observaciones al prepliego, mientras el registrador Penagos y el delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, reciben a los precandidatos que inscribirán sus comités para recolectar firmas, pues solo ellos pueden dejar consignada la creación de un comité.
Ya están agendadas varias citas y este sábado asistirán a la entidad los precandidatos David Luna (exsenador de Cambio Radical) y Mauricio Lizcano (exministro de las TIC), quienes serán los primeros en inscribir las agrupaciones “Sí hay un camino” y “La revolución del sentido común” respectivamente, con las que buscarán al menos 700.000 firmas válidas que los habilite como aspirantes oficiales a la Casa de Nariño.
Luego llegarán la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exministro Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, quien ya radicó su renuncia al Concejo de Bogotá para apuntarle a la Presidencia. En julio asistiría Vicky Dávila, quien por lo pronto se concentrará en reforzar sus visitas a las regiones.
Según la resolución 6064 del 22 de mayo que expidió la Registraduría, los precandidatos tienen plazo hasta el 17 de diciembre de este año para entregar las firmas y de acuerdo con las campañas están buscando reunir al menos 2 millones previendo que habrá un alto número inválidas.
Una vez inscriban su comité, la Registraduría tiene un poco menos de una semana para diseñar los formularios para la recolección de firmas, por lo que sería entre finales de la próxima semana que los precandidatos arranquen con este proceso.
Y aunque no ha iniciado oficialmente la campaña, la recolección de firmas es un mecanismo que se viene usando desde hace cierto tiempo para que los aspirantes se den a conocer y lancen sus estrategias premeditadamente. La entidad tendrá hasta el 21 de enero de 2026 para verificar estos apoyos y expedir la certificación de las aspiraciones.
Mientras tanto, los partidos no descartan entregar avales posteriormente y avanzan en reuniones, foros y mecanismos para entrar de lleno a la temporada electoral con candidatos fuertes. Igualmente, avanzan en otros frentes, como el Pacto Histórico y el Centro Democrático, que siguen definiendo cómo elegirán a sus candidatos únicos.
Lo cierto es que este contrato que lanza la Registraduría podría convertirse en una bandera de las elecciones y abrir una discusión a dos frentes. Será un tema a manejarse con pinzas, pues se trata de los comicios para reemplazar al presidente Petro y al Congreso, una batalla que ya genera fuertes fricciones entre derecha e izquierda.
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