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Como una piñata de impunidad había calificado hace dos semanas José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, el acuerdo sobre justicia revelado en diciembre pasado por los equipos negociadores de Gobierno y Farc en La Habana, Cuba. En respuesta, ayer desde Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos -en declaración- y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo -a través de una carta-, respondieron a los cuestionamientos e hicieron una detallada defensa del acuerdo en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas.
“Este acuerdo al que llegamos no es un acuerdo perfecto, porque ningún acuerdo de paz en la historia lo ha sido. Pero lo que sí no cabe duda es que este es el mejor acuerdo de justicia transicional que jamás se haya negociado”, aseguró el presidente al término de la primera jornada de la cumbre de paz, a la que asistieron todo el equipo negociador, los cuatro asesores internacionales, los ministros de Defensa, Interior, Posconflicto y Presidencia, y los comandantes de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía.
Por otro lado, la carta a Vivanco constituye un abrebocas de lo que será la defensa del Gobierno ante la comunidad internacional del acuerdo de paz que se firme en menos de 80 días en Colombia. En la misiva, Jaramillo es enfático en que más allá del acuerdo en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo concertado es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que no tiene otro objetivo diferente que satisfacer los derechos de las víctimas y dar fin al conflicto armado colombiano.
“Con este acuerdo buscamos poner fin a más de medio siglo de guerra en Colombia y garantizar la construcción de una paz estable y duradera. Y lo estamos haciendo, como ningún otro proceso lo ha hecho hasta ahora, poniendo a las víctimas en el centro de la solución y garantizando la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, señaló el alto comisionado.
De igual forma, advierte que la experiencia de Colombia y del mundo entero en materia de justicia transicional ha demostrado que es imposible satisfacer los derechos de todas las víctimas a través de procesos exclusivamente penales y que es por esto que la JEP sólo procesará las más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Jaramillo detalla que el sistema tiene mecanismos judiciales y extrajudiciales, y que los beneficios jurídicos están condicionados a la satisfacción de los derechos de las víctimas.
“No es ajustada a la verdad la afirmación de que quienes incumplan las condiciones del sistema pueden continuar gozando de ‘beneficios’. El acuerdo establece claramente, como condiciones para acceder a cualquier tratamiento especial de justicia, finalizar la rebelión, dejar las armas, contribuir al esclarecimiento de la verdad y contribuir a la reparación de las víctimas”.
El documento también envía un mensaje directo a HRW que hará eco en la comunidad internacional, que sigue muy de cerca el proceso de paz : “En el contexto de una negociación que busca poner fin a una guerra, el derecho internacional permite sanciones alternativas y reducidas, sobre todo en combinación con medidas integrales de verdad y reparación y garantías de no repetición. Así el Estado puede cumplir con sus múltiples deberes: por un lado, respetar los derechos de las víctimas del pasado, y por el otro, instando a que entienda la importancia y el alcance que tiene para el país lo pactado”.
Y concluye: “Es un acuerdo que han anhelado por mucho tiempo los colombianos, que llevan buscando desde la década del ochenta todos los presidentes de Colombia, y con el que esperamos lograr la reconciliación de nuestra nación. Así lo ha entendido la comunidad internacional, así lo están entendiendo la mayoría de los colombianos y esperamos también que así lo entienda una organización como Human Rights Watch”.
Los temas de la cumbre
El presidente Juan Manuel Santos reveló que durante la reunión en Cartagena se discutieron temas relacionados con el cese al fuego, desarme, fortalecimiento de la Fuerza Pública y garantías de seguridad para las Farc y en los territorios.
“Analizamos y escuchamos el informe del grupo de trabajo que encabeza el general Óscar Naranjo, que tiene que ver con la seguridad, la seguridad de las Farc, las garantías de seguridad para ellos, la seguridad de los territorios donde van a estar concentradas las Farc, la seguridad rural en general, porque ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante”, dijo el jefe de Estado al explicar que la idea es que el próximo 12 de enero, cuando los equipos negociadores regresen a La Habana para retomar los diálogos, se establezca una sesión permanente de trabajo hasta que se acuerden todos los puntos de la agenda que faltan por resolver.