"La revolución de la paz" de Santos

Desde el momento en que Juan Manuel Santos derrotó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de este año quedó claro que, si por algo ha de ser evaluado el segundo gobierno de la Unidad Nacional en el futuro, será por la consecución de la paz, su principal promesa electoral. Aunque muchas han sido las discusiones sobre los costos y las políticas que demanda el fin de la guerra, más allá de poner en marcha un eventual acuerdo con las guerrillas, hasta ahora se conocen cuáles son las metas concretas de lo que el mismo Gobierno ha llamado “la revolución de la paz”.

Ese concepto, el de “la revolución de la paz”, es el que articula los ejes de equidad, educación y paz en “Todos por un nuevo país”, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 propuesto por el Gobierno al Consejo Nacional de Planeación y que, al comienzo de la primera legislatura de 2015, será sometido a consideración del Congreso. Una revolución que, dice el Ejecutivo en el documento, no depende de lo que pase en La Habana con las Farc, sino que, por el contrario, supedita la mesa de negociación a este plan.

“Tanto la materialización de un eventual acuerdo de paz como la construcción de los fundamentos para una paz sostenible, se soportarán sobre las políticas y estrategias que este Plan Nacional de Desarrollo le propone al país (...) que implicarán esfuerzos no sólo del Estado, sino de todos los colombianos”, dice el documento. Incluso, afirma que “no hay que idealizar los acuerdos de paz, pero tampoco hay que subestimar su importancia”. Es decir, sin acuerdo o con acuerdo el Gobierno estará comprometido a cumplir las metas que ahí se trazan.

Con base en mediciones de 2013, son cinco las metas del Gobierno en materia de paz: que el porcentaje de municipios que hoy tienen alta incidencia de la violencia pase del 25 al 16% en 2018; que la tasa de homicidios pase de 32,7 por cada 100 mil habitantes a 23; que la inversión del PIB en asuntos de paz pase del 28,8 al 30,5%; que la pobreza rural baje del 42,8 al 36%, y, por último, que el indicador de convergencia municipal (cierre de brechas entre población urbana y rural) pase del 38,6 al 28,8%. Metas que serán cumplidas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, a través de tres objetivos concretos.

El primero es “fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y garantizar su sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación”. Para ello, dice el Plan, será necesario “garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a derechos”, que no es otra cosa que la ambición de llevar el Estado Social de Derecho a todo el territorio nacional y promover los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, una política que tendrá como enfoque a las víctimas del conflicto y a quienes dejen las armas para reinsertarse en la vida civil.

El segundo objetivo es “integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información”, un propósito que contempla una intervención directa en los municipios azotados por la guerra mediante la integración de las instituciones territoriales con el nivel nacional y con las organizaciones locales, así como la creación de infraestructura para dinamizar la economía . También con el fin de integrar esos territorios en la vida productiva del país, propone avanzar en la “conectividad física y digital para el cierre de brechas”.

Por último, el objetivo de “reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades”, se sustenta en la garantía de derechos a la salud, la justicia y la educación de las comunidades rurales y étnicas. Asimismo, en la promoción del desarrollo local sostenible, es decir, “el avance en procesos de ordenamiento territorial concertados, la protección de reservas naturales y áreas protegidas, la regulación del uso del suelo y la prevención de conflictos socioambientales”.

Ahora, aunque el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, ha dicho que “por primera vez, cada eje del Plan tiene metas concretas” y que “no es aspiracional, sino realista”, lo cierto es que será difícil cumplir con estos propósitos. Más si llega a concretarse un acuerdo con las Farc que, ya se sabe, contendría reformas que, de acuerdo con analistas como el exministro Juan Camilo Restrepo, podrían costar, nada más en lo agrario, entre $80 y $100 billones.

Además, desde el Congreso, donde será la prueba de fuego del Plan 2014-2018, ya se plantean algunas críticas. Por ejemplo, la representante a la Cámara Ángela María Robledo sostiene que “en todo el capítulo sobre paz no hay enfoque de género: recordemos que según datos oficiales el 70% de las víctimas del conflicto armado son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Un plan de desarrollo que se sueña la paz en Colombia debe reconocer a las principales víctimas del conflicto y, de esa manera, hacer propuestas diferenciales”.

Y está también el Centro Democrático, que ha dicho en repetidas ocasiones que, en el componente de paz, el Plan de Desarrollo no asigna tareas puntuales a las Fuerzas Armadas y de Policía, generando así incertidumbre en uniformados y autoridades locales. Lo cierto es que el debate sobre el capítulo de paz no sólo se moverá al vaivén de las olas políticas, sino al ritmo que vayan imponiendo los avances y retrocesos de La Habana.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

Desde el momento en que Juan Manuel Santos derrotó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de este año quedó claro que, si por algo ha de ser evaluado el segundo gobierno de la Unidad Nacional en el futuro, será por la consecución de la paz, su principal promesa electoral. Aunque muchas han sido las discusiones sobre los costos y las políticas que demanda el fin de la guerra, más allá de poner en marcha un eventual acuerdo con las guerrillas, hasta ahora se conocen cuáles son las metas concretas de lo que el mismo Gobierno ha llamado “la revolución de la paz”.

Ese concepto, el de “la revolución de la paz”, es el que articula los ejes de equidad, educación y paz en “Todos por un nuevo país”, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 propuesto por el Gobierno al Consejo Nacional de Planeación y que, al comienzo de la primera legislatura de 2015, será sometido a consideración del Congreso. Una revolución que, dice el Ejecutivo en el documento, no depende de lo que pase en La Habana con las Farc, sino que, por el contrario, supedita la mesa de negociación a este plan.

“Tanto la materialización de un eventual acuerdo de paz como la construcción de los fundamentos para una paz sostenible, se soportarán sobre las políticas y estrategias que este Plan Nacional de Desarrollo le propone al país (...) que implicarán esfuerzos no sólo del Estado, sino de todos los colombianos”, dice el documento. Incluso, afirma que “no hay que idealizar los acuerdos de paz, pero tampoco hay que subestimar su importancia”. Es decir, sin acuerdo o con acuerdo el Gobierno estará comprometido a cumplir las metas que ahí se trazan.

Con base en mediciones de 2013, son cinco las metas del Gobierno en materia de paz: que el porcentaje de municipios que hoy tienen alta incidencia de la violencia pase del 25 al 16% en 2018; que la tasa de homicidios pase de 32,7 por cada 100 mil habitantes a 23; que la inversión del PIB en asuntos de paz pase del 28,8 al 30,5%; que la pobreza rural baje del 42,8 al 36%, y, por último, que el indicador de convergencia municipal (cierre de brechas entre población urbana y rural) pase del 38,6 al 28,8%. Metas que serán cumplidas, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, a través de tres objetivos concretos.

El primero es “fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y garantizar su sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación”. Para ello, dice el Plan, será necesario “garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a derechos”, que no es otra cosa que la ambición de llevar el Estado Social de Derecho a todo el territorio nacional y promover los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, una política que tendrá como enfoque a las víctimas del conflicto y a quienes dejen las armas para reinsertarse en la vida civil.

El segundo objetivo es “integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información”, un propósito que contempla una intervención directa en los municipios azotados por la guerra mediante la integración de las instituciones territoriales con el nivel nacional y con las organizaciones locales, así como la creación de infraestructura para dinamizar la economía . También con el fin de integrar esos territorios en la vida productiva del país, propone avanzar en la “conectividad física y digital para el cierre de brechas”.

Por último, el objetivo de “reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad de oportunidades”, se sustenta en la garantía de derechos a la salud, la justicia y la educación de las comunidades rurales y étnicas. Asimismo, en la promoción del desarrollo local sostenible, es decir, “el avance en procesos de ordenamiento territorial concertados, la protección de reservas naturales y áreas protegidas, la regulación del uso del suelo y la prevención de conflictos socioambientales”.

Ahora, aunque el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, ha dicho que “por primera vez, cada eje del Plan tiene metas concretas” y que “no es aspiracional, sino realista”, lo cierto es que será difícil cumplir con estos propósitos. Más si llega a concretarse un acuerdo con las Farc que, ya se sabe, contendría reformas que, de acuerdo con analistas como el exministro Juan Camilo Restrepo, podrían costar, nada más en lo agrario, entre $80 y $100 billones.

Además, desde el Congreso, donde será la prueba de fuego del Plan 2014-2018, ya se plantean algunas críticas. Por ejemplo, la representante a la Cámara Ángela María Robledo sostiene que “en todo el capítulo sobre paz no hay enfoque de género: recordemos que según datos oficiales el 70% de las víctimas del conflicto armado son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Un plan de desarrollo que se sueña la paz en Colombia debe reconocer a las principales víctimas del conflicto y, de esa manera, hacer propuestas diferenciales”.

Y está también el Centro Democrático, que ha dicho en repetidas ocasiones que, en el componente de paz, el Plan de Desarrollo no asigna tareas puntuales a las Fuerzas Armadas y de Policía, generando así incertidumbre en uniformados y autoridades locales. Lo cierto es que el debate sobre el capítulo de paz no sólo se moverá al vaivén de las olas políticas, sino al ritmo que vayan imponiendo los avances y retrocesos de La Habana.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA