La ruta del cambio en la guerra antidrogas

 

El primer mandatario dijo que la guerra contra los drogas no se ha ganado y que es necesario un cambio de enfoque. Insistió en la propuesta que ha hecho su gobierno desde la Cumbre de las Américas de Cartagena en 2012: ver el problema como un asunto de salud pública, priorizar las medidas de sociales y de salud con consumidores y cultivadores; y avanzar, paulatinamente, hacia la regulación del consumo de drogas blandas. 

 

El Gobierno es claro en que no asumirá el giro por sí solo, a menos de que la comunidad internacional, principalmente en el plano de las Naciones Unidas, asuma una discusión para revaluar las prácticas antinarcóticos. Sin embargo, paralelamente, el Ejecutivo, ha reconocido que va a hacer un énfasis en las medidas de interdicción contra los eslabones medios y altos de la cadena del narcotráfico, aprovechando el reto que implica la reciente suspensión de las aspersiones con glifosato, y que le apostará más de sus fichas a la sustitución concertada de cultivos.  

 

Incluso, fue el mismo Santos el que llamó el pasado miércoles al sistema financiero para detectar con mayor eficacia los dineros del narcotráfico y habló de adoptar una política integral de sustitución de cultivos que, según él, el Estado “nunca ha tenido”. 

 

"El desarrollo alternativo es, quizás, la única posibilidad para erradicar la coca" dijo el director ejecutivo de la agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, después de ver los resultados de un proyecto con comunidades Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta ”gracias al cual se erradicaron 500 hectáreas de coca por 1.200 hectáreas de café silvestre”.

 

Los datos oficiales indican que en Colombia, entre 2006 y 2014, se han invertido $974.134 millones en erradicación voluntaria de la coca con proyectos de desarrollo alternativo, repartidos en 134.206 familias de 164 municipios. También, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, estos proyectos de desarrollo alternativo han impedido la producción de 2.100 toneladas de coca. 

 

Lo dicho por fuentes del Mindefensa y de la cartera de Justicia es que, con la salida del glifosato, el programa será ampliado, más, si el eventual posconflicto llegara a ser una realidad. En los acuerdos parciales con las Farc está claro que la llegada integraldel Estado y su coordinación con las comunidades para sustituir los cultivos de uso ilícito será tan decisiva como la cooperación de la guerrilla para deslindarse del negocio y ayudar en la erradicación. 

 

Esta estrategia, que se desarrolla desde hace tres años por medio de la Alianza del Buen Gobierno, que conforman el Ministerio de Justicia, la Unidad para la Consolidación Territorial (UACT) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene como uno de sus principales obstáculos para llegar a determinados municipios, así como la erradicación manual,  la continuidad del conflicto armado. 

 

Si bien los nuevos enfoques para la sustitución y otros aspectos como la interdicción serán propuestos por la comisión técnica creada por el Consejo Nacional de Estupefacientes el pasado mes de mayo, está claro que los cambios de fondo vendrán de la mano de un eventual escenario de posconflicto donde, seguramente, la participación de las guerrillas y el desmonte de estructuras ilegales serán vistos con lupa por las autoridades norteamericanas, aliadas estratégicas del Estado colombiano en la guerra que el presidente considera perdida.  

 

El primer mandatario dijo que la guerra contra los drogas no se ha ganado y que es necesario un cambio de enfoque. Insistió en la propuesta que ha hecho su gobierno desde la Cumbre de las Américas de Cartagena en 2012: ver el problema como un asunto de salud pública, priorizar las medidas de sociales y de salud con consumidores y cultivadores; y avanzar, paulatinamente, hacia la regulación del consumo de drogas blandas. 

 

El Gobierno es claro en que no asumirá el giro por sí solo, a menos de que la comunidad internacional, principalmente en el plano de las Naciones Unidas, asuma una discusión para revaluar las prácticas antinarcóticos. Sin embargo, paralelamente, el Ejecutivo, ha reconocido que va a hacer un énfasis en las medidas de interdicción contra los eslabones medios y altos de la cadena del narcotráfico, aprovechando el reto que implica la reciente suspensión de las aspersiones con glifosato, y que le apostará más de sus fichas a la sustitución concertada de cultivos.  

 

Incluso, fue el mismo Santos el que llamó el pasado miércoles al sistema financiero para detectar con mayor eficacia los dineros del narcotráfico y habló de adoptar una política integral de sustitución de cultivos que, según él, el Estado “nunca ha tenido”. 

 

"El desarrollo alternativo es, quizás, la única posibilidad para erradicar la coca" dijo el director ejecutivo de la agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, después de ver los resultados de un proyecto con comunidades Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta ”gracias al cual se erradicaron 500 hectáreas de coca por 1.200 hectáreas de café silvestre”.

 

Los datos oficiales indican que en Colombia, entre 2006 y 2014, se han invertido $974.134 millones en erradicación voluntaria de la coca con proyectos de desarrollo alternativo, repartidos en 134.206 familias de 164 municipios. También, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, estos proyectos de desarrollo alternativo han impedido la producción de 2.100 toneladas de coca. 

 

Lo dicho por fuentes del Mindefensa y de la cartera de Justicia es que, con la salida del glifosato, el programa será ampliado, más, si el eventual posconflicto llegara a ser una realidad. En los acuerdos parciales con las Farc está claro que la llegada integraldel Estado y su coordinación con las comunidades para sustituir los cultivos de uso ilícito será tan decisiva como la cooperación de la guerrilla para deslindarse del negocio y ayudar en la erradicación. 

 

Esta estrategia, que se desarrolla desde hace tres años por medio de la Alianza del Buen Gobierno, que conforman el Ministerio de Justicia, la Unidad para la Consolidación Territorial (UACT) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene como uno de sus principales obstáculos para llegar a determinados municipios, así como la erradicación manual,  la continuidad del conflicto armado. 

 

Si bien los nuevos enfoques para la sustitución y otros aspectos como la interdicción serán propuestos por la comisión técnica creada por el Consejo Nacional de Estupefacientes el pasado mes de mayo, está claro que los cambios de fondo vendrán de la mano de un eventual escenario de posconflicto donde, seguramente, la participación de las guerrillas y el desmonte de estructuras ilegales serán vistos con lupa por las autoridades norteamericanas, aliadas estratégicas del Estado colombiano en la guerra que el presidente considera perdida.