La U advierte a Duque que si objeta la JEP desconocería las reglas del ‘fast track’
La colectividad, hoy bancada oficialista, envió una carta al primer mandatario en la que le enlista las irregularidades jurídicas que este podría cometer si decide devolver al Congreso la norma. Por eso, pidió que la sancione cuanto antes.
-Redacción Política
La bancada del partido de la U envió una carta este jueves al presidente Iván Duque en la que le señala varias faltas jurídicas que podría cometer si decide objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. En tal sentido, el director de la colectividad, Aurelio Iragorri, en representación de los legisladores, le pidió al primer mandatario abstenerse de devolver al Congreso la norma y, por el contrario, garantizar el marco jurídico que le permitiría funcionar plenamente al sistema de justicia transicional.
Según dice la misiva, si Duque llegara a objetar la JEP, este estaría desconociendo el mecanismo especial expedito, conocido como ‘fast track’, a través del cual se aprobó la estatutaria y cuyo proceso fue avalado por la propia Corte Constitucional. “De ser acogida la objeción presidencial, el texto debería someterse a un nuevo control de constitucionalidad, circunstancia que no fue prevista en las reglas del ‘fast track’ pues las mismas advirtieron un control único por parte del órgano judicial de cierre”, recordó la U.
(Lea: “Nunca hemos estado de acuerdo con la JEP”: Álvaro Uribe)
En la misma línea, la U -partido declarado de gobierno, según el Estatuto de la Oposición-, advirtieron al primer mandatario que si toma la decisión de objetar la JEP, estaría yendo en contravía del mecanismo de expedición de las leyes estatutarias. “Es improcedente apelar a una objeción por inconveniencia en razón a asuntos relativos a la constitucionalidad de las normas, así como también es injustificado volver contra la cosa juzgada”, le recordaron a Duque.
Además, la colectividad dirigida por Iragorri arguyó otras razones de inconveniencia que, afirmó, debería tener en cuenta Duque en estos días de análisis de la norma. Por ejemplo, afirmaron que el país estaría en riesgo de generar un nuevo círculo de violencia al no otorgar garantías jurídicas a quienes han decidido acogerse al Acuerdo de Paz y a la justicia transicional que se pactó en el mismo.
“Los esfuerzos conjuntos para lograr el desarme de las Farc fueron un propósito que comprometió el ahínco de los colombianos y que generó una gran responsabilidad para todos: hacer exigible lo pactado, primordialmente, materializar una ley que regulara idóneamente los procedimientos, alcances y límites de la justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR)”, añaden. Entre otras cosas, recuerdan que en los textos de paz fue incluido el principio de buena fe en el cumplimiento de los acuerdos, por lo cual, le piden acogerse a él.
Es de recordar que este mismo jueves, el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, envió un mensaje al presidente Duque en el que le pide tener en cuenta dos elementos que, según dijo, deben ser objetados por el primer mandatario: las reglas sobre la extradición (a propósito del caso de Jesús Santrich) y la posibilidad de que la JEP investigue y juzgue casos de menores abusados en el marco del conflicto armado. El 8 de marzo se sabrá la decisión del jefe de Estado.
La bancada del partido de la U envió una carta este jueves al presidente Iván Duque en la que le señala varias faltas jurídicas que podría cometer si decide objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. En tal sentido, el director de la colectividad, Aurelio Iragorri, en representación de los legisladores, le pidió al primer mandatario abstenerse de devolver al Congreso la norma y, por el contrario, garantizar el marco jurídico que le permitiría funcionar plenamente al sistema de justicia transicional.
Según dice la misiva, si Duque llegara a objetar la JEP, este estaría desconociendo el mecanismo especial expedito, conocido como ‘fast track’, a través del cual se aprobó la estatutaria y cuyo proceso fue avalado por la propia Corte Constitucional. “De ser acogida la objeción presidencial, el texto debería someterse a un nuevo control de constitucionalidad, circunstancia que no fue prevista en las reglas del ‘fast track’ pues las mismas advirtieron un control único por parte del órgano judicial de cierre”, recordó la U.
(Lea: “Nunca hemos estado de acuerdo con la JEP”: Álvaro Uribe)
En la misma línea, la U -partido declarado de gobierno, según el Estatuto de la Oposición-, advirtieron al primer mandatario que si toma la decisión de objetar la JEP, estaría yendo en contravía del mecanismo de expedición de las leyes estatutarias. “Es improcedente apelar a una objeción por inconveniencia en razón a asuntos relativos a la constitucionalidad de las normas, así como también es injustificado volver contra la cosa juzgada”, le recordaron a Duque.
Además, la colectividad dirigida por Iragorri arguyó otras razones de inconveniencia que, afirmó, debería tener en cuenta Duque en estos días de análisis de la norma. Por ejemplo, afirmaron que el país estaría en riesgo de generar un nuevo círculo de violencia al no otorgar garantías jurídicas a quienes han decidido acogerse al Acuerdo de Paz y a la justicia transicional que se pactó en el mismo.
“Los esfuerzos conjuntos para lograr el desarme de las Farc fueron un propósito que comprometió el ahínco de los colombianos y que generó una gran responsabilidad para todos: hacer exigible lo pactado, primordialmente, materializar una ley que regulara idóneamente los procedimientos, alcances y límites de la justicia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR)”, añaden. Entre otras cosas, recuerdan que en los textos de paz fue incluido el principio de buena fe en el cumplimiento de los acuerdos, por lo cual, le piden acogerse a él.
Es de recordar que este mismo jueves, el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, envió un mensaje al presidente Duque en el que le pide tener en cuenta dos elementos que, según dijo, deben ser objetados por el primer mandatario: las reglas sobre la extradición (a propósito del caso de Jesús Santrich) y la posibilidad de que la JEP investigue y juzgue casos de menores abusados en el marco del conflicto armado. El 8 de marzo se sabrá la decisión del jefe de Estado.