La Unión Interparlamentaria, un organismo creado en 1989 y, por concesión de la ONU a partir de 2002, con calidades de observador permanente para garantizar los derechos de los congresistas del mundo, acaba de pedirles a las autoridades colombianas que examinen el caso por el cual está siendo juzgado el ex senador Álvaro Araújo Castro, pues en su criterio no ha sido sometido a un juicio justo y teme que las deficiencias de su proceso ya sean irreparables.
Una misión de tres delegados de la Unión Interparlamentaria, encabezados por la senadora mexicana Rosario Green, a su vez vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos del organismo, visitó Colombia entre el 22 y el 24 de agosto de 2009 y, entre otros casos de congresistas sometidos a procesos judiciales o afectados por hechos de violencia, se interesó por el del ex senador del Cesar Álvaro Araújo Castro, hoy procesado dentro del denominado escándalo de la parapolítica y en espera de una sentencia por parte de la Corte Suprema.
En consecuencia, la Unión Interparlamentaria designó al abogado Alejandro Salinas Rivera para que aportara un diagnóstico sobre el proceso en mención. Dicho jurista, a finales de 2009 entregó un documento de ocho páginas conocido por El Espectador, en el cual concluye que “más allá de las consideraciones subjetivas que pueden fundamentar sus decisiones, la actitud de la Corte Suprema de Justicia en este caso ha afectado seriamente derechos y principios fundamentales del debido proceso” del ex senador Araújo Castro.
Según Salinas, la Corte Suprema no debe asumir la tarea de resolver o sentenciar un proceso judicial que no ha investigado ni sustanciado, y donde no ha habido inmediación entre el juez y las partes procesales y los medios de prueba. En otras palabras, el abogado de la Unión Interparlamentaria considera que Araújo Castro primero enfrentó todo el aparato judicial encabezado por la Corte Suprema de Justicia, después tuvo que enfrentar a la Fiscalía General de la Nación y ahora vuelve a hacerlo ante la Corte sin la opción de ser escuchado.
En su documento, Salinas resume los argumentos expuestos por la Procuraduría General, la Corte Suprema y el propio procesado, evalúa el caso a la luz de las leyes vigentes en la Constitución Política de Colombia, llegando a la conclusión que hoy “ni se conoce cómo ni cuándo la Corte Suprema de Justicia resolverá su caso, la libertad ambulatoria del ex senador se mantiene afectada y realmente sus expectativas de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones son altamente improbables”.
Salinas recomendó en su diagnóstico que la Unión Interparlamentaria, en conjunto con la defensa del ex senador Araújo, promuevan acciones de lobby con ONG de derechos humanos que tengan interés en Colombia, para que se conozca la forma como ha venido erosionándose el Estado de Derecho en este caso, que también afecta a otros congresistas. En otro aparte de su documento, el abogado advierte que la Corte Suprema “pareciera asumir una postura más política que jurídica al juzgar procesos asociados a la llamada parapolítica”.
El documento del abogado, requerido por el Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, fue sometido al análisis de todos los integrantes del organismo, reunidos en desarrollo de su 128 sesión en Ginebra (Suiza) entre el 18 y el 21 de enero pasado, y fue acogido sin reservas, con diversas conclusiones que serán motivo de controversia. En esencia el Comité pide que el caso tenga atención de las instituciones nacionales e internacionales y que se vuelva a examinar en la asamblea de marzo de 2010.
En síntesis, el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria concluyó que desde el comienzo del expediente, al tramitar su caso junto a los de otros cinco congresistas, sin que existieran pruebas claras de nexos entre los procesados, quedó perjudicada la defensa del ex senador Araújo. Con posterioridad, añadió el Comité, la Corte Suprema llegó a una opinión sobre Álvaro Araújo Castro que expresó en una resolución, por lo cual su negativa de hoy a ser juzgado por un magistrado titular de la Corte, desconoce su presunción de inocencia.
El organismo advirtió que, como están las cosas, la opción de Araújo Castro a un juicio justo es prácticamente imposible, a no ser que exista una relación inmediata entre la Corte, las pruebas y las partes en el proceso con inclusión de la oportunidad de que se escuche la defensa. Además, estimó que las conclusiones del informe deberían ser compartidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otros organismos especializados de las Naciones Unidas, para que se conozca en detalle lo que está sucediendo en este caso.
El proceso contra Álvaro Araújo se inició el 15 de febrero de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura, junto a la de otros cinco integrantes del Congreso de los departamentos del Cesar y Magdalena, acusándolo de los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y secuestro extorsivo agravado. Un mes y medio después, como única fórmula para que su caso fuera tratado de una manera individual, renunció a su curul en el Congreso de la República.
En consecuencia, el 18 de abril de 2007 la Corte Suprema se declaró incompetente para continuar el examen del caso y éste pasó a la Fiscalía General de la Nación. El organismo investigador lo absolvió por el delito de secuestro extorsivo agravado, pero pidió que fuera sometido a juicio por los otros delitos. De esta manera, en el primer trimestre de 2009, el Juzgado Quinto del Circuito Especializado de Bogotá empezó la audiencia pública, en la cual la Procuraduría solicitó su declaratoria de inocencia, pero la Fiscalía General de la Nación pidió que fuera condenado.
Según la Fiscalía, aunque Araújo no participó en operaciones militares y no fue miembro de ninguna organización paramilitar, sus filiaciones políticas mejoraron sus posibilidades de elección durante la época en que los paramilitares dominaban el Cesar. El 15 de julio de 2009, después de varias sesiones, Araújo presentó su defensa. La audiencia pública concluyó ocho días después y el juzgado asumió que a lo sumo en un mes más debía dictar sentencia.
No obstante, el 1 de septiembre de 2009 la Corte Suprema recobró el fuero para investigar a los congresistas, aun en aquellos casos que habían pasado a la Fiscalía, y la juez quinta especializada, Patricia Ladino, en vez de dictar sentencia, el 15 de septiembre devolvió el caso a la Corte. La defensa de Araújo recurrió la decisión y la Procuraduría pidió que se anulara la audiencia pública. Ambas peticiones fueron negadas. Araújo pidió entonces ser escuchado en la Corte o realizar un nuevo juicio. Su reclamo tampoco fue atendido.
Por estos días, Álvaro Araújo Castro completa tres años privado de la libertad, no sabe qué trámites o exámenes ha tenido su caso en la Corte Suprema, desconoce si su defensa en la audiencia pública será tenida en cuenta o al menos evaluada y aguarda un fallo de la justicia sin saber cuándo. Por lo pronto, ha sido la Unión Interparlamentaria la que decidió encarar su caso para reclamar de las instituciones nacionales, regionales e internacionales que lo evalúen, porque lo considera un episodio donde el debido proceso no está muy claro.
Por Redacción Judicial
