30 Mar 2021 - 9:21 p. m.

La violencia en el Cauca: la misma reacción oficial para que todo continúe peor

Regresó la guerra a Colombia. El país está totalmente descuadernado. La fallida estrategia de orden público del Gobierno Nacional victimiza al Cauca.

Alfonso Luna Geller*

La población del municipio de Corinto, el norte del Cauca, y en general todo el departamento, nuevamente es víctima de las mafias armadas que siembran el terror con el fin de amedrentar a la población, abocada a una inédita campaña electoral para elegir el año entrante a los integrantes del Congreso y al nuevo presidente de la República.

No podemos desconocer que por la riqueza natural del Cauca y su estratégica posición geográfica, a esta región siempre le ha tocado padecer la barbarie de la violencia que le imponen ‘narcos’, sicarios y hasta mineros ilegales, de izquierda (guerrilla) y de derecha (paramilitares) disputándose rentas ilícitas.

Llegan los criminales ocupando y controlando los territorios, donde, sospechosamente, por la evidente y rutinaria calamidad y desamparo que les toca soportar a las comunidades y a sus autoridades administrativas regional y locales, las Fuerzas Militares y de Policía parecen perder la capacidad y sus competencias para garantizar la seguridad y la vida de las víctimas, que para rematar, son las que resultan estigmatizadas por el simple hecho de ser caucanos, campesinos, y tener el color de piel un poco más oscuro o cobrizo.

Es muy evidente la improvisación, la falta de planificación, la falta de persecución sistemática al crimen. A los militares y policías siempre los sorprenden. Parece que no existiera inteligencia militar ni policial, ni operaciones de estrategia ni de táctica, porque han sido sustituidas por inútiles consejos de seguridad de los que, por su imprevisión, salen repetitivas pero infructuosas decisiones, intuitivas y repentinas, que no solucionan nada de lo que pretenden.

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Más grave ahora que los están acaramelando con la posibilidad de que participen en política partidista con opción de voto en favor del partido de gobierno. ¡Cómo será, para completar!

Pero el problema no es exclusivo del Cauca. El caos geopolítico, administrativo y de orden público que sufre este país en manos del gobierno Duque es corriente en todas las regiones, a pesar de las alertas tempranas sobre riesgos inminentes que habían expedido la Defensoría del Pueblo y algunos organismos internacionales.

En estos días no solamente han estado matando y desplazando gente en Argelia, al sur del Cauca; en el corregimiento El Palo, de Caloto, donde secuestraron y asesinaron a un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, porque son los delincuentes los que montan los retenes; en Caldono, Toribío, o Suárez, al norte del Cauca, o en Timbiquí, en la costa sobre el mar Pacífico, donde también hubo hostigamientos simultáneos.

Además, han estado matando y desplazando gente, sin misericordia, en la frontera con Venezuela, poco después del bombardeo en el Guaviare en el que murieron hasta menores de edad; en el Catatumbo, en Antioquia, por todas partes. Y remató este lapso, como casi todos los fines de semana, con otra masacre, esta vez en Cartago, al norte del Valle del Cauca.

Colombia, y especialmente el departamento del Cauca, están en crisis humanitaria por cuenta de la brutalidad, por lo cual la gente ha tenido que dejar en segundo plano el peligro del ascendente contagio por coronavirus y el despelote de la vacunación para prevenirlo.

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Y en este sentido, es preciso reconocer que el Gobierno Departamental del Cauca, bajo el liderazgo de Elías Larrahondo Carabalí, y los alcaldes municipales, con sus escasos recursos, enfrentan el caos con inversión social y trabajo.

Somos testigos de que el gobernador hoy atiende desde Popayán, pero ayer, y antier, acompañó a las gentes de Caldono, estuvo en Corinto, en Silvia, en Buenos Aires, y todos los días ha tenido que resistir y tratar buscar en directo soluciones para la delicada situación de Argelia al sur y de Toribío, en el otro extremo del departamento, o en la costa sobre el océano Pacífico. Es la cotidianidad de estos mandatarios con sus respectivos equipos de gobierno. Pero es cosa que no se nota y, en consecuencia, no se valora en la capital de la República. Por eso es que se han ganado la solidaridad y apoyo de las poblaciones maltratadas.

El Gobierno Nacional solo aparece para hacer declaraciones rimbombantes y oportunistas sobre las humeantes calles de nuestros pueblos; no antes.

“Delincuentes, criminales y terroristas”. “El cobarde siempre tiene como arma el terrorismo para tratar de buscar zozobra y afectar a la comunidad y aquí sabemos que los que están detrás de este atentado son los bandidos de la ‘Dagoberto Ramos’. Los estamos enfrentando y los seguiremos enfrentando donde estén, porque estos actos cobardes contra la comunidad son imperdonables”, aseguró Duque el pasado sábado en Corinto. El mandatario resaltó que van a destruir por completo a la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, a la ‘Jaime Martínez’ y a todas las células de disidentes que están afectando a la población civil y a la Fuerza Pública.

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Ojalá. Pero fundamentalmente, no es con retos, desafíos y llamados a la guerra, al enfrentamiento definitivo, lo que se espera. No es con propuestas como la de armar a la población civil, ni aprovecharse de la violencia para decir, como otro oportunista lo manifestó, que lo que se necesita es que regrese la irascible “seguridad democrática” (la de los 6.402 inocentes víctimas, entre muchas otras). Sería como echarle gasolina al incendio.

Por otra parte, particularmente, llama la atención la inmediatez con que el Gobierno descubre a los criminales capaces de estos actos terroristas, mientras que generalmente las investigaciones sobre los responsables de otros crímenes atroces que se consuman en Colombia se eternizan en enredados procesos investigativos y jurídicos, que también, de ordinario, desembocan en impunidad.

Desesperada, la sociedad civil aún tiene alientos para llamar a todos los actores armados presentes en la región, incluyendo a las disidencias de las Farc, el Epl, el Eln y los paramilitares, para que cesen las hostilidades y se acojan a un acuerdo humanitario que garantice la seguridad de la población civil.

Y la respuesta del Estado debería ser un verdadero compromiso de política pública encaminada a permitir que las comunidades, que esperan superar la desigualdad social y económica, reciban el apoyo para equilibrar desde la garantía de sus derechos que las economías ilícitas del narcotráfico se perpetúen en estos territorios del Cauca y que sean el soporte de la criminalidad.

Lo aberrante es que este último acto terrorista sucedió cuando los corinteños se recuperaban de los estragos que dejó la crecida de los ríos de la zona, la cual destruyó varias viviendas y dejó en la calle alrededor de 60 familias de la parte alta de este municipio, cuando enfrentan momentos difíciles por la pandemia, cuando en medio de sus sueños por una corta temporada en paz, vieron que todo se convertía otra vez en pesadilla.

Las comunidades del Cauca también reclaman al Gobierno Nacional la salvaguarda e implementación real del Acuerdo de Paz, y la protección de la institucionalidad creada para garantizar la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición y que no se desgaste perjudicando a toda la nación con su desinterés por lograrlo. Las comunidades saben que esa actitud obedece intereses de poder egoístas de quienes aspiran a perpetuarse en el mismo para continuar lucrándose en el mar de corrupción en que convirtieron al Estado.

En resumen, mientras el gobierno Duque, en manipulación encubierta, trata de trastornar el normal desarrollo de la institucionalidad en beneficio de su movimiento político y acomoda a todos sus amigos en los puestos de control y vigilancia; mientras convierte a los delegados en embajadas en un directorio político de allegados, en la región, el gobernador Larrahondo ejecuta las metas del Plan de Desarrollo, encaminadas a defender la vida, los derechos humanos y la construcción de paz. Soñando, anónimo, casi en solitario, con respuestas eficaces a través de procesos productivos, educación y salud, a la tenacidad de cada uno de los corinteños y caucanos en general, que buscan así superar los repetidos ataques y agresiones de quienes no quieren que se implemente la paz.

Seguimos esperando las respuestas claras, precisas, y sin discursos despistadores, por parte del Gobierno Nacional y toda la frondosa gama de entidades públicas diseñadas y estructuradas únicamente para esos fines.

* Director de Proclama del Cauca

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