La visión del grupo que se autodenomina Comité Contra-Paro

El representante lidera el Comité Contra-Paro, que presentó unas propuestas para ser consideradas en la Gran Conversación Nacional. / Óscar Pérez - El Espectador

El descontento que ha causado en un sector de la sociedad la movilización masiva en el marco del Paro Nacional, que comenzó el 21 de noviembre pasado, terminó por unirse para conformar el Comité Contra-Paro, liderado por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático. La semana pasada enviaron una carta al presidente Iván Duque con diez puntos que, consideran, deben ser tenidos en cuenta en la Gran Conversación Nacional que viene implementando el primer mandatario, y ya tienen cita el miércoles con Diego Molano, coordinador de este espacio, para discutir sus iniciativas. Uscátegui habló con El Espectador sobre sus objetivos.

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¿Qué es el Comité Contra-Paro?

Decidimos conformar un comité con aquellas organizaciones sociales que no se han sentido representadas por el paro que comenzó el 21 de noviembre, que no creemos en las vías de hecho, el vandalismo y los bloqueos. Tenemos diez puntos que no han sido discutidos hasta el momento en el marco de la Conversación Nacional y que, en nuestro criterio, Gobierno, Congreso y cortes tienen que entrar a revisar.

¿No cree que ese nombre que le pusieron implica desconocer el paro?

Estamos haciendo un ejercicio pedagógico. No es contra el paro, sino “contra-paro”, que significa que somos un comité paralelo al ya existente, con una agenda diferente, que invoca unos puntos que no han sido puestos sobre la mesa. Del otro lado encontramos algunas voces pro aborto, nosotros somos pro vida; ellos les dicen asesinos a los miembros del Esmad y para nosotros son héroes, por poner unos ejemplos.

¿Quiénes conforman su comité?

La carta que radicamos la firman más de 15 organizaciones sociales, entre ellas la Corporación Rosa Blanca, fundaciones de miembros retirados de las Fuerzas Armadas, promotores del referendo de la JEP y de la cadena perpetua para los violadores de niños.

¿Ya les dieron fecha para sentarse con el Gobierno?

Nos reuniremos el 19 de febrero en la Casa de Nariño, a las 2:00 de la tarde, para un diálogo directo con Diego Molano, que ha sido el gerente de la Conversación Nacional, y otros funcionarios del Gobierno, para ver cómo podemos avanzar en esa agenda que reclaman muchos sectores de la sociedad.

Según los documentos con los diez puntos, se reemplazó el de la nivelación salarial en el sector defensa por el de seguridad en las ciudades y el campo...

Uno de los puntos involucra la salud de las Fuerzas Armadas, sobre la cual hay una mesa de concertación desde junio, que ha tenido poco avance. En este quedan incorporados los temas de la reserva activa. En ese sentido, consideramos importante añadir el punto de seguridad, porque lamentablemente los delitos de alto impacto no han tenido una mejoría suficiente y algunos se han deteriorado, como es el caso de los hurtos.

Le pedimos al presidente Duque y al Gobierno que, más allá de la política marco de seguridad, que se publicó el 20 de diciembre, necesitamos medidas concretas: cómo se va a replantear el modelo de vigilancia por cuadrantes, cómo permitimos un rol más activo de la ciudadanía. Desafortunadamente, la gente ha hablado de armarse, y no creo que esa deba de ser la solución.

Pero hay gente del Centro Democrático que sí es partidaria de esa medida…

Dentro de los partidos siempre habrá matices. Creo que el legítimo derecho a la defensa debe respetarse, pero el primer llamado es a garantizar la seguridad de los ciudadanos y son las Fuerzas Armadas las que tienen ese monopolio. Si hay quienes porten armas de fuego, deben ser casos excepcionales y no se puede convertir en una política de Estado.

O sea, ¿para usted el Conpes para la atención de migrantes venezolanos está bien diseñado, pero debe de hacerse efectivo?

Necesitamos que se haga mucho más efectivo. Estamos atendiendo y gastando billones de pesos en la población migrante. Esa factura se la tenemos que presentar al dictador Maduro y hacer que él asuma la responsabilidad que le corresponde y seguir haciendo ese cerco diplomático internacional, a ver si en algún momento Venezuela recupera las autoridades democráticas que debería tener. Es un llamado a las autoridades territoriales del país, a los órganos de control, entidades públicas y privadas a que tomemos un rol más activo en la situación que hoy tenemos.

Otro punto en el que pidieron más apoyo del Gobierno fue el segundo ciclo de debates del proyecto de cadena perpetua. ¿En el semestre pasado se sintieron muy solos en el trámite de esa iniciativa?

El Gobierno se demoró en expedir el concepto del Consejo de Política Criminal, que era necesario para avanzar en el debate. Finalmente se logró; fue un concepto que avaló la cadena perpetua en Colombia. Confío en que con la nueva ministra del Interior sea un tema de primer orden, porque en este período legislativo tenemos pocos meses para llevar a cabo los cuatro debates que se requieren.

Piden tener el camino libre para regular el aborto. ¿Cuáles son los planes sobre esta materia?

El Ministerio de Salud está por expedir una resolución que le exige a la Corte Constitucional reglamentar el aborto en el país. Quienes tienen que reglamentarlo somos nosotros, los congresistas, porque hasta este momento carecemos de una ley estatutaria. Le pido al Gobierno, especialmente al Ministerio, que se abstenga de expedir dicha resolución hasta que tramitemos el proyecto.

Precisamente, la Corte ha sentado jurisprudencia porque no se han puesto de acuerdo sobre el tema…

El proyecto se ha presentado una y otra vez, pero no ha pasado. Ese silencio o esa desaprobación también es un acto de soberanía y es una posición que tienen los representantes del pueblo que estamos aquí sentados, y por eso debería ser respetada. Esas son decisiones que no pueden tomar cinco o nueve magistrados a puerta cerrada, en una pequeña constituyente permanente. Es una decisión que debemos tomar los representantes del pueblo, para eso fuimos elegidos y somos más de 200. Es un llamado al equilibrio de poderes y a que se respeten los derechos, incluso de ese sector pro vida que, siento, sigue siendo mayoritario en Colombia.

¿Qué contemplaría la ley estatutaria en la que están trabajando?

Estamos esperando la decisión de la Corte, que, si bien ha despenalizado el aborto en tres causales, se ha extralimitado en decir que se puede practicar en cualquier mes de gestación. Sobre el proyecto, entiendo que se pretende especificar la causal de salud de la madre, porque bajo el criterio de salud mental cabría cualquier posibilidad de aborto y eso es lo que no se quiere permitir, como pasó en el caso del bebé Juan Sebastián, que tenía siete meses de gestación. Hoy el país no tiene claridad de hasta dónde llegan los límites de los derechos de los padres, progenitores y hasta del niño por nacer.

En cuanto a las curules de paz, ¿por qué aboga por que la mitad deben de ser ocupadas por las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública?

Hemos querido que esas curules queden en manos de las verdaderas víctimas de las Farc. No tendría presentación que terminen siendo víctimas diferentes, aunque entendemos que el abanico es bastante amplio. Y precisamente porque es amplio, no podemos desconocer a las víctimas de la Fuerza Pública. Quisiera ver a un general Mendieta, que estuvo casi una década secuestrado por las Farc, ocupando una curul en el Congreso. Quisiera ver a muchas víctimas de minas antipersonales, de atentados, de secuestros, incluso familiares de víctimas militares o policiales que fueron asesinadas en el marco del conflicto, ocupando un escaño de esa naturaleza, porque ellos no tienen voz. Los militares y policías no pueden votar y ahora ni siquiera tienen derecho a una representación, sabiendo su cuota de sacrificio en la guerra.

¿Y las víctimas del Estado?

Todas las víctimas sin distinción deben ser reparadas y reivindicadas en sus derechos. Lo que pasa es que vemos que hay víctimas de primera, segunda y tercera categoría en Colombia y, por lo general, las víctimas que pertenecen a la Fuerza Pública están invisibilizadas. Cumplo con hacer un llamado por esas otras víctimas sin desconocerlas, incluso las de la masacre de Mapiripán, por las cuales mi padre está condenado.

Ustedes convocaron a una movilización. ¿En qué consiste?

Si la alcaldesa Claudia López nos presta la Plaza de Bolívar, vamos a llevar a cabo un plantón el 13 de marzo a las 10:00 a.m., para apoyar esta agenda de trabajo y pedirles a todas las ramas del poder y a la sociedad que apoyen esos puntos que creemos que son representativos y dignos de ser promovidos. La manifestación no es con el ánimo de paralizar al país, porque estamos cansados de los paros y manifestaciones.

Desde el uribismo han tachado el paro como plataforma política para airear aspiraciones para 2022. ¿No podría pensarse lo mismo de ustedes?

Este no es un año electoral, es frío en ese sentido, eso nos permite actuar con la tranquilidad de que debemos avanzar en puntos que defendemos por convicción, mas no hacen parte de una agenda.

ntamayo@elespectador.com