Las advertencias de Naciones Unidas

Se ha vuelto costumbre en los últimos años escuchar las advertencias que Naciones Unidas hace al Gobierno por los proyectos de ley y reformas constitucionales que buscan ampliar el fuero militar. Cada vez que una de estas iniciativas está a punto de debatirse en el Congreso, llega un documento que señala que, de acuerdo con Naciones Unidas y diferentes organismos de defensa de derechos humanos, se corre el riesgo de ofrecer impunidad a los miembros de la Fuerza Pública que se han visto involucrados en actos delictivos.

Y ahora no fue la excepción. Mientras la Plenaria del Senado se aprestaba a debatir —y aprobar— el acto legislativo de reforma al fuero penal militar, una nueva carta con las advertencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos llegó al Capitolio Nacional. La misiva contiene sus preocupaciones por las cuatro iniciativas que cursan en el Congreso y que tienen que ver con la justicia penal militar y la aplicación del fuero de los miembros de la Fuerza Pública.

“Si bien el Estado colombiano ha impulsado varias reformas legales que contribuyen al respeto y la promoción de los derechos humanos, durante los últimos dos años se han presentado al menos siete propuestas legislativas que pretenden ampliar el alcance constitucional del fuero penal militar y policial. Ello va en contravía del espíritu y el contenido de los derechos a las garantías y a la protección judicial efectiva consagrados en los principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales sobre la materia”, refiere el documento.

Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, las actuales iniciativas en materia de fuero militar recogen los principales problemas de las iniciativas que fueron aprobadas y declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. A saber: favorecen la impunidad para los miembros de la Fuerza Pública involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, ponen en riesgo los derechos de las víctimas y faltan a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en dicha materia.

“Los proyectos de actos legislativos amplían la competencia de la justicia penal militar en dos aspectos: en primer lugar, invierten la regla general de competencia en razón de la materia al otorgarle la facultad no sólo para investigar delitos que atentan contra bienes jurídicos militares, sino todos aquellos que no estén expresamente excluidos, los cuales son, por regla general, de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. En segundo lugar, le otorgan competencia para conocer de las infracciones al derecho internacional humanitario”, refiere el documento.

Finalmente, la oficina en Colombia de Naciones Unidas manifiesta su preocupación por que los proyectos en curso consideran actos del servicio conductas que pueden resultar delictuales, permitiendo que sean conocidas y juzgadas por la justicia castrense, y señala que el hecho de que la justicia penal militar conozca de violaciones al derecho internacional humanitario viola las normas internacionales. Del mismo modo afirma que investigaciones por ejecuciones extrajudiciales o casos de violencia sexual terminarán en manos de jueces militares.

Se ha vuelto costumbre en los últimos años escuchar las advertencias que Naciones Unidas hace al Gobierno por los proyectos de ley y reformas constitucionales que buscan ampliar el fuero militar. Cada vez que una de estas iniciativas está a punto de debatirse en el Congreso, llega un documento que señala que, de acuerdo con Naciones Unidas y diferentes organismos de defensa de derechos humanos, se corre el riesgo de ofrecer impunidad a los miembros de la Fuerza Pública que se han visto involucrados en actos delictivos.

Y ahora no fue la excepción. Mientras la Plenaria del Senado se aprestaba a debatir —y aprobar— el acto legislativo de reforma al fuero penal militar, una nueva carta con las advertencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos llegó al Capitolio Nacional. La misiva contiene sus preocupaciones por las cuatro iniciativas que cursan en el Congreso y que tienen que ver con la justicia penal militar y la aplicación del fuero de los miembros de la Fuerza Pública.

“Si bien el Estado colombiano ha impulsado varias reformas legales que contribuyen al respeto y la promoción de los derechos humanos, durante los últimos dos años se han presentado al menos siete propuestas legislativas que pretenden ampliar el alcance constitucional del fuero penal militar y policial. Ello va en contravía del espíritu y el contenido de los derechos a las garantías y a la protección judicial efectiva consagrados en los principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales sobre la materia”, refiere el documento.

Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, las actuales iniciativas en materia de fuero militar recogen los principales problemas de las iniciativas que fueron aprobadas y declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. A saber: favorecen la impunidad para los miembros de la Fuerza Pública involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, ponen en riesgo los derechos de las víctimas y faltan a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano en dicha materia.

“Los proyectos de actos legislativos amplían la competencia de la justicia penal militar en dos aspectos: en primer lugar, invierten la regla general de competencia en razón de la materia al otorgarle la facultad no sólo para investigar delitos que atentan contra bienes jurídicos militares, sino todos aquellos que no estén expresamente excluidos, los cuales son, por regla general, de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. En segundo lugar, le otorgan competencia para conocer de las infracciones al derecho internacional humanitario”, refiere el documento.

Finalmente, la oficina en Colombia de Naciones Unidas manifiesta su preocupación por que los proyectos en curso consideran actos del servicio conductas que pueden resultar delictuales, permitiendo que sean conocidas y juzgadas por la justicia castrense, y señala que el hecho de que la justicia penal militar conozca de violaciones al derecho internacional humanitario viola las normas internacionales. Del mismo modo afirma que investigaciones por ejecuciones extrajudiciales o casos de violencia sexual terminarán en manos de jueces militares.