Las pasadas relaciones entre el Gobierno y la ex representante a la Cámara Yidis Medina fueron más estrechas de lo que hasta ahora se conoce. La abogada Clara María González Zabala, quien prestó sus servicios jurídicos a la campaña de la reelección como apoderada del candidato-presidente Álvaro Uribe Vélez, fue también la defensora de Yidis Medina en los procesos que en su momento enfrentó ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura y ante la Procuraduría General de la Nación, que la investigó disciplinariamente en 2004.
Una mirada a la reclamación legal que todos los movimientos políticos hacen ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la reposición de los gastos de campañas electorales, permite constatar que la Asociación Primero Colombia 2006-2010 —creada para adelantar el manejo administrativo de la campaña de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez— tuvo como apoderada a la abogada Clara María González.
Es más, el 13 de octubre de 2006 el organismo electoral expidió la Resolución 6196, a través de la cual ordenó el pago de $3.735 millones a la campaña reeleccionista. El documento que sustentó la reclamación de los gastos electorales fue firmado por la abogada Clara María González Zabala, “en su calidad de apoderada del doctor Álvaro Uribe Vélez” y por el entonces gerente de la campaña, Fabio Echeverri Correa.
Dicho documento, uno más de los que están guardados en los archivos de la Registraduría, toma especial relevancia hoy en razón del escándalo desatado por las declaraciones, captura y posterior confesión ante la Corte Suprema de Justicia de la ex parlamentaria santandereana Yidis Medina, quien reconoció que recibió dádivas del Gobierno por dar su voto a favor de la reelección presidencial inmediata, involucrando a altos funcionarios de la administración Uribe Vélez.
Como se sabe, tras su fugaz paso por la Cámara y su protagonismo en la sesión que bendijo la reelección, Medina tuvo que afrontar varias demandas de organizaciones civiles y de sus mismos compañeros legisladores que la acusaron de haber “vendido” su voto a cambio de inversiones del Estado en la región del Magdalena Medio, de donde es oriunda. Por estos casos fue investigada por el Consejo de Estado y por la Procuraduría, que finalmente fallaron a su favor. Su defensora fue Clara María González Zabala, quien según conoció El Espectador, le prestó sus servicios de manera gratuita.
Coincidencia que deja dudas en el ambiente en momentos en que Yidis Medina se acogió a sentencia anticipada y prendió un ventilador que ha salpicado al ex ministro y hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt, al ex secretario de la Presidencia Alberto Velásquez, al ministro de Protección Social Diego Palacio, al ex superintendente de Notariado José Félix Lafourie y al ex viceministro del Interior Hernando Angarita, entre otros, porque presuntamente le habrían prometido cargos burocráticos a cambio del voto.
Esta semana se conoció además que en su ampliación de indagatoria Yidis Medina acusó a Teodolindo Avendaño, ex representante y coprotagonista por su ausencia en la sesión que aprobó la reelección, de haber recibido $200 millones para no votar. Como sustento, la ex congresista habría presentado las colillas de por lo menos diez consignaciones en efectivo en
una cuenta de Avendaño. Esta situación lo compromete en el proceso y podría ser llamado por la Corte Suprema.
Como se sabe, el 2 de junio, día en que la reelección presidencial inmediata fue aprobada con 18 votos a favor y 16 en contra en la Comisión Primera de la Cámara, Teodolindo Avendaño se desapareció y hasta el final de la jornada nadie pudo dar cuenta de su paradero. Los chismes de pasillo hablaron entonces de una ausencia estratégica que hoy se convierte en un elemento más de controversia dentro del proceso con las declaraciones de Medina.
Hasta el momento no se sabe de la manera como Yidis Medina conoció a la abogada Clara María González Zabala, ni quién las contactó —si es que hubo un intermediario— ni mucho menos quién le pagó los honorarios a la jurista. La abogada no quiere pronunciarse sobre el tema y sólo la ex congresista podría precisar las dudas que existen sobre su defensora y sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.
Lo que se conoce es que González Zabala es una abogada bugueña, cercana políticamente al fallecido ex presidente Julio César Turbay Ayala y que apoyó la aspiración de su hijo, el actual contralor general de la Nación Julio César Turbay Quintero, cuando fue candidato a la Gobernación de Cundinamarca en 2003. También que ha sido docente universitaria y que en febrero de 1999, con el apoyo del Partido Liberal, fue elegida Registradora Nacional del Estado Civil.
Ese cargo le permitió más adelante, tras terminar su período en el organismo electoral, convertirse en referente de senadores y representantes en los procesos de pérdida de investidura. Por su oficina pasaron clientes como Piedad Córdoba, Enrique Peñalosa y el ex alcalde de Barranquilla Bernardo Hoyos. En los últimos años también defendió al entonces senador Luis Alfonso Hoyos Aristizábal (hoy director de la Agencia Presidencial Acción Social), en el proceso que terminó inhabilitándolo para ejercer cargos de elección popular.
El devenir de su oficio y de la política la llevó a relacionarse con Fabio Echeverri Correa, gerente de las dos campañas a la presidencia de Álvaro Uribe, quien la vinculó en las actividades jurídicas encaminadas a reclamar la reposición de votos de los gastos de la campaña de la Asociación Primero Colombia y a ser árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. González Zabala llegó a aspirar sin éxito a la Contraloría en dos ocasiones y se le conoce también su cercanía con el ex secretario jurídico de Palacio y hoy magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González.
Más allá de las relaciones abogado-cliente entre Yidis Medina y Clara González, otro aspecto se suma al debate: en su momento, la Procuraduría, el Consejo de Estado y la propia Corte Suprema se abstuvieron de abrir investigación a Yidis Medina por una razón común: la inviolabilidad de los votos de los congresistas, es decir, las razones de conciencia que atañen al congresista cuando adopta una decisión en el Congreso. Según la Corte Constitucional, “la opción de emitir libremente sus votos y opiniones sin temor a que éstos puedan ocasionar persecuciones judiciales”.
Con este argumento, en 1999 la Corte Constitucional puso fin a la investigación abierta por la Corte Suprema de Justicia contra los representantes a la Cámara que absolvieron al presidente Ernesto Samper en 1996. El proceso estaba sustentado en un presunto cohecho de los congresistas. La diferencia de ese momento al caso Yidis Medina es que hace diez años nunca llegó a saberse si hubo dádivas a cambio de aquellos votos y en cambio hoy la ex representante confesó abiertamente en la Corte Suprema cómo y a quiénes se les pagó dinero a cambio del voto para la reelección.
Por Norbey Quevedo
