Las cortes se enfrentan al reequilibrio

El Gobierno y el Congreso han fracasado de forma reiterada en los intentos de reformar la justicia y uno de los principales motivos es el rechazo de las altas cortes a los cambios propuestos en su funcionamiento. De fondo, el Congreso ha sido incapaz por el temor que le generan las decisiones de los magistrados, pues en el Consejo de Estado están los procesos de pérdida de investidura y en la Corte Suprema de Justicia los procesos penales, casualmente, cada vez que avanza una reforma, estos procesos se activan y los parlamentarios, señalan, quedan contra las cuerdas.

Con la renombrada reforma de equilibrio de poderes, que se ha considerado como la fórmula para alejar los vicios de la rama judicial que hoy atraviesa por su peor momento, la posición de las cortes de no ha sido diferente. En reuniones privadas y ahora en el pleno del Congreso han manifestado su malestar. Posición que ha generado temor entre los parlamentarios que señalan que este es el momento de equilibrar el funcionamiento del Estado y levantar el estatus del legislativo, hoy por hoy, menguado frente a las otras ramas del poder público.

En condición de presidenta encargada del Consejo de Estado, la magistrada María Teresa Briceño, se fue lanza en ristre contra algunos aspectos de la reforma al señalar que “es insuficiente porque no plantea soluciones a problemas esenciales de la rama como la precariedad de su presupuesto, la congestión de los despachos, la mora en las decisiones judiciales, la necesidad de un mayor acceso a la justicia y el fortalecimiento de la seguridad jurídica”.

Pero la principal crítica, no planteada por la magistrada Briceño, pero conocida en un documento por El Espectador, señala, frente al tribunal para el juzgamiento de aforados, que “es un tema que no ha sido estudiado y que aprobarlo sería jugar con la Constitución y las instituciones con menjurjes para satisfacer a la opinión pública lo que resulta, la final, una mayúscula irresponsabilidad y una muestra de falta de carácter y seriedad”.

Briceño además sentenció el posible hundimiento de la reforma en la revisión que realizará la Corte Constitucional porque muchas de las propuestas no tienen nada que ver con reequilibrio de poderes y con eso se viola el principio de unidad de materia y señala que hay temas que no han sido debatidos en todos los debates, lo que se viola el principio de consecutividad.

Frente las funciones que se le quitan a los magistrados de las cortes, en especial en materia de elección de altos funcionarios, afirmó Briceño que “se observa con preocupación que las competencias se le entregan a otras ramas del poder público, lo que podría debelar un desequilibrio de poderes que es lo que se pretende enfrentar con la reforma. También rechazan que se impongan restricciones a los magistrados para litigar en las mismas cortes en las trabajaron pues advierte que “rechazamos un restricción profesional y laboral más allá de la establecida para los demás servidores públicos”.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, también planteó sus críticas. Aunque reconoció que la reforma es consecuencia de los escándalos que se han presentado en la rama, en especial en el CSJ, asegura que no está bien pensar en acabarla de un solo tajo. Pidió que se les mantenga el fuero, pues advierte que como está la iniciativa “cualquier ciudadano podría demandar a un magistrado de la Sala Disciplinaria y no sería raro que de inmediato se dictara un auto de detención. Eso me parece muy delicado”.

Además, aseguró que tal como está redactada las decisiones que se tomen en materia disciplinaria podrían ser apeladas por cualquier juez, fiscal o abogado que haya sido sancionado buscando la nulidad y el restablecimiento de sus derechos lo que atiborraría los estrados judiciales.

La Corte Constitucional decidió guardar prudente silencio frente a la reforma pues es el alto tribunal encargado de realizar la revisión de constitucionalidad. Diferente sucede con la Corte Suprema de Justicia que aunque no ha hecho público su planteamiento, El Espectador estableció que no la ven con buenos ojos y hasta han planteado que tiene tintes de revanchismo, en especial con lo referente al tribunal para el juzgamiento de aforados.

Así, como lo había planteado la senadora Viviane Morales, las altas cortes no habían manifestado su inconformidad con la reforma de equilibrio de poderes porque en su articulado, cuando se planteaba que no podrían ser juzgados por sus actuaciones, se les estaba garantizando la impunidad. Con la modificación del texto llegaron las críticas.

El Gobierno y el Congreso han fracasado de forma reiterada en los intentos de reformar la justicia y uno de los principales motivos es el rechazo de las altas cortes a los cambios propuestos en su funcionamiento. De fondo, el Congreso ha sido incapaz por el temor que le generan las decisiones de los magistrados, pues en el Consejo de Estado están los procesos de pérdida de investidura y en la Corte Suprema de Justicia los procesos penales, casualmente, cada vez que avanza una reforma, estos procesos se activan y los parlamentarios, señalan, quedan contra las cuerdas.

Con la renombrada reforma de equilibrio de poderes, que se ha considerado como la fórmula para alejar los vicios de la rama judicial que hoy atraviesa por su peor momento, la posición de las cortes de no ha sido diferente. En reuniones privadas y ahora en el pleno del Congreso han manifestado su malestar. Posición que ha generado temor entre los parlamentarios que señalan que este es el momento de equilibrar el funcionamiento del Estado y levantar el estatus del legislativo, hoy por hoy, menguado frente a las otras ramas del poder público.

En condición de presidenta encargada del Consejo de Estado, la magistrada María Teresa Briceño, se fue lanza en ristre contra algunos aspectos de la reforma al señalar que “es insuficiente porque no plantea soluciones a problemas esenciales de la rama como la precariedad de su presupuesto, la congestión de los despachos, la mora en las decisiones judiciales, la necesidad de un mayor acceso a la justicia y el fortalecimiento de la seguridad jurídica”.

Pero la principal crítica, no planteada por la magistrada Briceño, pero conocida en un documento por El Espectador, señala, frente al tribunal para el juzgamiento de aforados, que “es un tema que no ha sido estudiado y que aprobarlo sería jugar con la Constitución y las instituciones con menjurjes para satisfacer a la opinión pública lo que resulta, la final, una mayúscula irresponsabilidad y una muestra de falta de carácter y seriedad”.

Briceño además sentenció el posible hundimiento de la reforma en la revisión que realizará la Corte Constitucional porque muchas de las propuestas no tienen nada que ver con reequilibrio de poderes y con eso se viola el principio de unidad de materia y señala que hay temas que no han sido debatidos en todos los debates, lo que se viola el principio de consecutividad.

Frente las funciones que se le quitan a los magistrados de las cortes, en especial en materia de elección de altos funcionarios, afirmó Briceño que “se observa con preocupación que las competencias se le entregan a otras ramas del poder público, lo que podría debelar un desequilibrio de poderes que es lo que se pretende enfrentar con la reforma. También rechazan que se impongan restricciones a los magistrados para litigar en las mismas cortes en las trabajaron pues advierte que “rechazamos un restricción profesional y laboral más allá de la establecida para los demás servidores públicos”.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, también planteó sus críticas. Aunque reconoció que la reforma es consecuencia de los escándalos que se han presentado en la rama, en especial en el CSJ, asegura que no está bien pensar en acabarla de un solo tajo. Pidió que se les mantenga el fuero, pues advierte que como está la iniciativa “cualquier ciudadano podría demandar a un magistrado de la Sala Disciplinaria y no sería raro que de inmediato se dictara un auto de detención. Eso me parece muy delicado”.

Además, aseguró que tal como está redactada las decisiones que se tomen en materia disciplinaria podrían ser apeladas por cualquier juez, fiscal o abogado que haya sido sancionado buscando la nulidad y el restablecimiento de sus derechos lo que atiborraría los estrados judiciales.

La Corte Constitucional decidió guardar prudente silencio frente a la reforma pues es el alto tribunal encargado de realizar la revisión de constitucionalidad. Diferente sucede con la Corte Suprema de Justicia que aunque no ha hecho público su planteamiento, El Espectador estableció que no la ven con buenos ojos y hasta han planteado que tiene tintes de revanchismo, en especial con lo referente al tribunal para el juzgamiento de aforados.

Así, como lo había planteado la senadora Viviane Morales, las altas cortes no habían manifestado su inconformidad con la reforma de equilibrio de poderes porque en su articulado, cuando se planteaba que no podrían ser juzgados por sus actuaciones, se les estaba garantizando la impunidad. Con la modificación del texto llegaron las críticas.