Las crecientes dudas en la elección de dirección administrativa de la Cámara

La Procuraduría General de la Nación tiene procesados disciplinariamente a María Carolina Carrillo Saltarén y Jairo Jaramillo Matiz, dos polémicos exdirectores administrativos de la Cámara de Representantes.

Se conoció que contra ambos el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus labores en el Congreso.

Paradójicamente, Carrillo está de nuevo entre la lista de aspirantes a gerenciar nuevamente una de las dos corporaciones que integran el poder legislativo que maneja más de $200.000 millones al año.

Vale la pena recordar que Jaramillo fue destituido e inhabilitado en 2011 por la Procuraduría ante el escándalo de la remodelación del salón Elíptico del Capitolio Nacional que costó $12.500 millones.

Las denuncias fueron hechas hace cuatro años por la Secretaría de Transparencia, liderada para ese entonces por el actual senador Carlos Fernando Galán.

La Procuraduría estableció que la Cámara de Representantes suscribió entre 2010 y 2011 un total de 655 contratos, donde en forma independiente se gestaron siete contratos y convenios en conjunto con el Senado de la República.

La Procuraduría está indagando, entre otros, por un convenido suscrito por la Cámara con la Organización de Estados Iberoamericanos firmado en 2007 por $2.600 millones pagados en su totalidad para digitalizar diez millones de documentos, pero la OEI, a su vez subcontrató a otra firma privada (Siscorp de Colombia Ltda.) en 2010 que posteriormente firmó otro contrato directamente sin licitación con la Cámara para digitalizar cinco millones de documentos, aduciendo que se trataba de un contrato de ciencia y tecnología. Al respecto, hay dudas por el mismo objeto contractual suscrito por la dirección administrativa de la época conducida por Carrillo. A la fecha de la denuncia, ni uno ni otro había cumplido a cabalidad con el trabajo y parte de la documentación original no aparece, como los aportes pensionales de la entidad legislativa hasta 1998.

De otro lado, se investigan los contratos para capacitaciones en 2010 con curiosos temas como el mantenimiento y cuidado de los bienes patrimoniales de la entidad a $1.500.000 la hora, música religiosa a $1 millón por 7 meses, derecho disciplinario a $400 mil la hora por 50 horas, la excelencia elemento estructural de la función legislativa a $266 mil la hora por 30 horas, y Derechos Humanos y DIH por $69 millones, entre otras.

De otro lado, en materia de contratación se investigan una serie de contratos como el de la firma JGC para el mantenimiento general del Congreso por $2.817 millones y con la empresa Jargu Corredores de Seguros.

En los últimos días a Carolina Carrillo se le ha visto por los pasillos del Capitolio Nacional haciendo lobby con la intención de repetir en la dirección administrativa. Aunque El Espectador inicialmente logró contactar a la exfuncionaria, finalmente no se consiguió el objetivo de contar con su respuesta a la investigación disciplinaria en su contra. 

La Procuraduría General de la Nación tiene procesados disciplinariamente a María Carolina Carrillo Saltarén y Jairo Jaramillo Matiz, dos polémicos exdirectores administrativos de la Cámara de Representantes.

Se conoció que contra ambos el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus labores en el Congreso.

Paradójicamente, Carrillo está de nuevo entre la lista de aspirantes a gerenciar nuevamente una de las dos corporaciones que integran el poder legislativo que maneja más de $200.000 millones al año.

Vale la pena recordar que Jaramillo fue destituido e inhabilitado en 2011 por la Procuraduría ante el escándalo de la remodelación del salón Elíptico del Capitolio Nacional que costó $12.500 millones.

Las denuncias fueron hechas hace cuatro años por la Secretaría de Transparencia, liderada para ese entonces por el actual senador Carlos Fernando Galán.

La Procuraduría estableció que la Cámara de Representantes suscribió entre 2010 y 2011 un total de 655 contratos, donde en forma independiente se gestaron siete contratos y convenios en conjunto con el Senado de la República.

La Procuraduría está indagando, entre otros, por un convenido suscrito por la Cámara con la Organización de Estados Iberoamericanos firmado en 2007 por $2.600 millones pagados en su totalidad para digitalizar diez millones de documentos, pero la OEI, a su vez subcontrató a otra firma privada (Siscorp de Colombia Ltda.) en 2010 que posteriormente firmó otro contrato directamente sin licitación con la Cámara para digitalizar cinco millones de documentos, aduciendo que se trataba de un contrato de ciencia y tecnología. Al respecto, hay dudas por el mismo objeto contractual suscrito por la dirección administrativa de la época conducida por Carrillo. A la fecha de la denuncia, ni uno ni otro había cumplido a cabalidad con el trabajo y parte de la documentación original no aparece, como los aportes pensionales de la entidad legislativa hasta 1998.

De otro lado, se investigan los contratos para capacitaciones en 2010 con curiosos temas como el mantenimiento y cuidado de los bienes patrimoniales de la entidad a $1.500.000 la hora, música religiosa a $1 millón por 7 meses, derecho disciplinario a $400 mil la hora por 50 horas, la excelencia elemento estructural de la función legislativa a $266 mil la hora por 30 horas, y Derechos Humanos y DIH por $69 millones, entre otras.

De otro lado, en materia de contratación se investigan una serie de contratos como el de la firma JGC para el mantenimiento general del Congreso por $2.817 millones y con la empresa Jargu Corredores de Seguros.

En los últimos días a Carolina Carrillo se le ha visto por los pasillos del Capitolio Nacional haciendo lobby con la intención de repetir en la dirección administrativa. Aunque El Espectador inicialmente logró contactar a la exfuncionaria, finalmente no se consiguió el objetivo de contar con su respuesta a la investigación disciplinaria en su contra.