A medianoche, comenzando el sábado 29 de agosto, la Cámara de Representantes le dio el sí a un controvertido artículo de la reforma al Sistema General de Regalías que, para muchos, le da vía libre al fracking, el controvertido método de extracción de gas y petróleo que consiste en someter a una fuerte tensión el subsuelo para fracturar la roca y recopilar el combustible. Se trata del artículo 210 que, en concreto, extiende los beneficios de los pilotos de dicha técnica hacia “la eventual producción posterior en dichos bloques”. La medida, según algunos congresistas, establece incluso unas condiciones de explotación más favorables en cuanto a regalías que las que tienen hoy los yacimientos convencionales de petróleo. Además, aseguran, sería un adelanto para crear un marco legal a su favor.
El debate sobre el fracking se unió a la controversia por las declaraciones de la viceministra de Minas y Energía, Carolina Rojas, que dieron a entender que el Gobierno iba a abogar por el proyecto minero de Soto Norte, que desarrollaría actividades de explotación en inmediaciones del páramo de Santurbán, en Santander. Los dos debates dejan claro que, a pesar de la pandemia, el tema medioambiental en Colombia sigue encendido. De hecho, en los próximos meses el Congreso tendrá que asumir importantes discusiones al respecto, teniendo en cuenta los proyectos que fueron radicados en la presente legislatura.
Y es que Cámara y Senado han recibido más de una veintena de iniciativas relacionadas con contenidos ecológicos en el país. Uno de los temas más comunes es el de la regulación y/o prohibición total de lo plásticos de un solo uso. En este apartado hay proyectos como el del senador John Milton Rodríguez (Colombia Justa-Libres) que propone eliminarlos en algunos distritos turísticos, pasando por propuestas que abogan por la implantación de una política de mayor aprovechamiento y reciclaje, y otras que piden su prohibición total. Ya en la legislatura pasada se intentaron prohibir los plásticos de un solo uso, pero no tuvo éxito.
Una situación similar presenta la iniciativa que busca otorgar normas especiales para la protección ambiental en los departamentos que se encuentran sobre la Amazonia. Este acto legislativo, presentado por la representante del Centro Democrático Yénica Acosta, ya tuvo curso en el semestre pasado y estuvo a punto de ser aprobado, pero diferencias frente a la prohibición total de la extracción minera en la zona lo hundió en su último debate en la Cámara. Este semestre, Acosta lo volverá a intentar ante la necesidad, como le dijo a El Espectador, de que el Amazonas “tenga un tratamiento diferencial y con régimen especial, como lo tiene San Andrés y Providencia”.
En la Cámara también fue radicado un proyecto que busca crear cinco tribunales, uno por cada región, que se hagan cargo únicamente de temas de índole ambiental. Esta propuesta es liderada por Cambio Radical y tiene la firma de otros partidos. Su objetivo es “aplicar contenidos específicos en materia ambiental, facilitar el acceso a la administración de justicia, tomar decisiones de forma eficaz en tiempos óptimos de respuesta y establecer un nuevo perfil de juez ambiental que sea capaz de encauzar y resolver los conflictos”, según está consignado en su justificación. Se trata, en esencia, de crear una nueva jurisdicción ambiental.
La reforestación y el cuidado forestal son otros dos temas que tienen proyectos radicados en el Congreso. En el primer caso está una iniciativa del senador Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde), que busca crear condiciones para que ciudadanía y empresariado impulsen la reforestación en el país. “Se incentiva a que los colombianos planten cinco o más árboles para compensar su huella de carbono. Para esto se diseñaron más de cinco incentivos para que todos seamos parte de la creación y conservación de nuestros bosques, los cuales hemos arrasado en los últimos años”, explicó el congresista. Por el otro tema está el representante Fabián Díaz, también de los verdes, cuya propuesta se centra en limitar al máximo la posibilidad de la tala de árboles por construcciones, privilegiando el trasplante.
Uno de los congresistas que más se ha movido en la radicación de proyectos medioambientales ha sido el representante liberal Juan Carlos Lozada. Cerca de cinco iniciativas sobre estos temas son de su autoría, entre ellas la prohibición para la producción, distribución e importación de plásticos de un solo uso; la exigencia de una licencia ambiental para la construcción y ampliación de cementerios; el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, y la prohibición total del fracking.
Estos dos últimos textos seguro desencadenarán un amplio debate. El primero es un proyecto de acto legislativo que les concede tanto a la naturaleza como a los animales la categoría de sujetos de derechos, una condición que constitucionalmente ha sido del ser humano y de las comunidades. En cuanto a lo del fracking, se trata de una acción que incluso se le adelantaría al esperado pronunciamiento del Consejo de Estado, que suspendió en 2018 la normatividad que permitía este tipo de explotación de hidrocarburos en el país mientras estudia su viabilidad, bajo el principio de precaución y ante la posible afectación del medioambiente y la salud humana.
