En los últimos ocho años, Colombia tuvo solo dos congresistas abiertamente LGBT+: de 2014 a 2018, Claudia López y Angélica Lozano representaron esta población, y de 2018 a 2022 lo hicieron Lozano y el representante Mauricio Toro. La realidad cambió: por primera vez en la historia se superó ese número y ahora son siete los parlamentarios que legislarán en los siguientes cuatro años que reconocen en público su diversidad sexo-género. Si bien es un logro en términos de representatividad y visibilidad, permite sobre todo que se constituya una bancada LGBT+ que lleve al estrado del Congreso de la República los proyectos fundamentales para pedalear por los requerimientos urgentes de esta población. Los siete son: Susana Gómez, Alejandro García, Tamara Argote, Carolina Giraldo, Andrés Cancimance, María del Mar Pizarro y Angélica Lozano.
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“Eso significa que se ha ampliado democráticamente el espectro en torno a la diversidad. Además, quienes somos diversos llegamos al Congreso a trabajar por estos temas, pero también por otros. Seguramente cada uno en su electorado tendrá otras banderas y causas por las qué trabajar, pero precisamente porque sabemos lo difícil que ha sido hacernos elegir siendo abiertamente diversos, pues llegamos también a defender nuestras banderas LGBT+”, explica Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Risaralda. Giraldo es una mujer bisexual que lleva seis años haciendo política. Llega al Capitolio para legislar contra la corrupción y la eliminación de los privilegios a los congresistas, contra la megaminería y por la protección ambiental, así como por temas de género y diversidad.
Quiere con sus compañeros establecer la bancada de la diversidad para que las iniciativas y los debates que se vienen dando en el movimiento social diverso tengan importancia en el Legislativo y resulten en normas que garanticen la vida digna. Esto es importante porque los avances en materia de derechos se han dado en la Corte Constitucional, gracias a la presión ejercida por el movimiento diverso. El gran ausente ha sido el Congreso, pues durante décadas sus miembros evitaron las discusiones sobre la población LGBT+. ¿Qué hará la nueva bancada en ese sentido?
Primero, hay que tener en cuenta que de los siete, casi todos son nuevos en el Capitolio. La única con experiencia es Angélica Lozano, y su equipo de prensa confirmó que de los 17 proyectos que radicará en este primer período, ninguno responde a las necesidades puntuales de las disidencias sexuales. Los otros seis, que fueron elegidos en listas del Pacto Histórico y la Coalición Verde Centro Esperanza, dos coaliciones alternativas, apenas están ajustándose a la dinámica del Congreso y preparando las iniciativas que radicarán en los próximos meses. Por ahora, el panorama se centra en abordar quizá tres puntos para arrancar las discusiones.
Crear una comisión accidental
Es muy posible que hoy se apruebe la creación de una comisión accidental para canalizar las iniciativas en los temas de diversidad. Esto sirve para que los equipos de trabajo avancen en la construcción de los proyectos, y así estos no queden al garete. “Aprovechando que somos varios, me parece importante generar una comisión accidental para que entre todos trabajemos los temas. Debe ser una bancada incluyente, con otros partidos y movimientos, y que desde ahí podamos crear una bancada de la diversidad y establecer los puntos de nuestra agenda”, explica Giraldo Botero.
En específico, la proposición dice: “El propósito de esta comisión es realizar una labor legislativa de control político arduo y transparente de la mano de los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, grupos, colectivos y toda la ciudadanía interesada en incidir en la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+. De igual forma, esta bancada realizará un trabajo legislativo articulado, plural y abierto a toda la ciudadanía en la construcción de iniciativas de ley, espacios de litigio estratégico y debates de control político”.
Por su parte, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, dice que es oportuna la creación de esta comisión, porque el Congreso recibe dos desafíos: “El primero es llegar a una corporación donde nunca se ha legislado hacia las personas LGBT, entonces hay un reclamo del movimiento que se legisle por sus derechos, y un segundo desafío a superar es una falta de compromiso de implementar lo creado, como la política pública.
Castañeda insiste en que será efectiva la comisión siempre y cuando no sea permanente, pues “no queremos que sea un Congreso que se dedique cuatro años a pensar la realidad LGBT, que está diagnosticada hace tiempo, y se demore en tomar decisiones y hacer propuestas”, y que sea participativa, por lo que debe haber un diálogo constante con la ciudadanía que históricamente ha avanzado en estos temas.
No a las terapias de conversión
Tanto Castañeda como Giraldo y Andrés Cancimance (representante gay del Putumayo) están de acuerdo en que la bancada de la diversidad debe retomar el proyecto que trató de impulsar Mauricio Toro. Este buscaba prohibir las mal llamadas terapias de conversión: “Una de cada cinco personas LGBTIQ+ y una de cada tres personas trans pueden llegar a ser sometidas a golpes, a desnudarse, a tener alimentación forzada, a violaciones, inmovilización durante días y a estar encadenadas; con la excusa de ‘poder curarlas’ o ‘poder convertirlas’ a la heterosexualidad, prácticas que sin duda alguna son formas de tortura y discriminación hacia la población LGBTIQ+”, relató Toro. La propuesta se archivó en la legislatura pasada por falta de debate.
Ley Integral Trans
“Dentro de la población LGBT+ las mujeres y los hombres trans son los más afectados y se está pensando en una norma que garantice el trabajo, el acceso a la salud, entre otros derechos para ellas y ellos”, destacó el representante Andrés Cancimance. La Ley Integral Trans apenas está en construcción por parte del movimiento social, sin embargo, desde ya es uno de los asuntos más urgentes a tratar en el Congreso, pues las personas trans son quienes reciben las mayores expresiones de violencia y odio, y sienten más la ausencia del Estado, según Caribe Afirmativo.
“Lastimosamente no tenemos un congresista trans, pero los movimientos trans del país, liderados por diferentes colectivas, vienen indicando que es urgente que este país proteja sus vidas. La mejor forma de hacerlo es a través de un acto legislativo. Las personas trans han nombrado que debe ser una ley construida con ellas mismas, no con nosotros los gais ni las lesbianas, sino que haga una mesa de trabajo con las personas trans para identificar los obstáculos para acceder a sus derechos”, recalcó Wilson Castañeda.
Otras
Castañeda también indicó que activar la mesa de casos urgentes de violencia contra personas LGBT+ es algo clave: “Hubo incremento en violencia pues en 2021 tuvimos 254 homicidios y feminicidios en esta población. Es algo que obliga a la comisión accidental a que convoque al Ministerio del Interior a que active de inmediato la mesa de casos urgentes y les haga seguimiento”, manifestó.
