Las instituciones no delinquen
Carlos Eduardo Kronfly* - Especial para El Espectador
El Ejército no fue el que violó a la niña connacional, lo hicieron unos jóvenes que delinquieron, marchando contra la moralidad y la legalidad colombiana.
No cabe duda que el episodio irracional cometido por siete hombres, integrantes del Ejército Nacional, en el cual violaron a una adolescente de la cultura Embera Chamí, tiene a la sociedad colombiana acongojada.
La indignación por el hecho criminal ha puesto a la comunidad nacional en la búsqueda de sanciones al trágico acontecimiento y, ante la brutalidad de la incomprensible transgresión, la colectividad ha dirigido su rabia contra el Ejército Nacional, institución a la que pertenecen los soldados que realizaron el delito.
La Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de la investigación y acusación de la comisión de estos delitos ante el aparato judicial, presentó el cargo de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado contra seis de los implicados, el séptimo fue acusado de complicidad.
Los hechos sucedieron en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda.
Entre enero y mayo de 2020, Medicina Legal realizó 6.749 exámenes a menores en procesos por abuso sexual. Debe aclararse que los niños y adolescentes son el sector más vulnerable de la población colombiana.
Precisamente, por ese estado de indefensión de los menores de edad, el Congreso de la República aprobó la pena de prisión perpetua para los violadores y asesinos de estos.
Pero, como se dijo en este mismo escenario, en columna anterior (Los niños y la democracia colombiana), el problema nacional es gravísimo. Duele decirlo, pero la sociedad colombiana está enferma. Esa violencia contra los menores no es más que el abuso de la fuerza, que en el país se ejerce de una forma o de otra contra el más débil, manifestando ausencia total de valores.
La crisis de los valores nacionales hace referencia a la perdida de la dimensión personal en la vida colectiva, despreciando la una y la otra. Quedando claro que el colombiano no sabe vivir en comunidad, no tiene una dimensión cierta de lo que es la vida política o moral, por lo tanto no comprende el valor del civismo.
Según la Real Academia de la Lengua Española, el civismo o urbanidad se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. El civismo nace de la relación del hombre con su localidad, nación y Estado.
Así, el civismo es un valor que se enseña en casa. La familia es el órgano social por excelencia que prepara a la persona para la vida en comunidad. Es la encargada de disciplinar al ser humano en el respeto, la solidaridad y el amor patrio.
Lo que impone otra cavilación, atinente al caso. Parte de la tragedia actual es el modelo social que se está imponiendo. La familia y la vida familiar están desapareciendo. Se ha delegado en el Estado, durante la formación escolar, la responsabilidad de enseñar los valores cívicos, con la frialdad del docente sindicalizado y pagado por el ente público.
La realidad anterior hace muy difícil la existencia del paradigma de la Armonía Social. Sin familia no hay valores, mucho menos habría principios.
Ahora bien, las reflexiones anteriores no excusan al Ejército Nacional de sus responsabilidades. Pero también invita a la sociedad a que no se confunda, al punto de atacar a las instituciones del Estado, debilitándolo, so pretexto de responsabilizarlo de lo ocurrido en el corregimiento de Santa Cecilia.
El Ejército no fue el que violó a la niña connacional, lo hicieron unos jóvenes que delinquieron, marchando contra la moralidad y la legalidad colombiana.
Esos individuos deben cumplir la pena por el delito que cometieron. El Ejército Nacional no los ha encubierto. Todo lo contrario, los presentó ante la justicia ordinaria para obligarlos en su responsabilidad política y jurídica.
Con el presidente Pastrana, el Ejército inició su recomposición militar, recobrando su dignidad. Sería el presidente Uribe, en un país en el que no se podía transitar de una ciudad a otra, incluso entre pueblos circunvecinos, el que, con el Ejército Nacional, les devolvió la tranquilidad a los colombianos para retornar al campo y creer en Colombia, haciendo viable al Estado.
El Ejército mantuvo su imagen durante los gobiernos del presidente Santos. Ahora, durante el gobierno del presidente Duque, cuando nuevamente se convierte en el apoyo esencial en la lucha contra la insurgencia y la erradicación de los cultivos ilícitos, es muy triste que su imagen institucional se manche por la conducta miserable de unos colombianos sin valores, que se hicieron soldados afectando con sus actos el prestigio de la institución más querida por la gente.
El Ejército Nacional de Colombia es y seguirá siendo la institución modelo de la nación. Se debe seguir combatiendo cualquier foco de corrupción al interior de las entidades nacionales, pero no a costas de la desinstitucionalización del país.
* Director Programa de Derecho, Fundación Universitaria San Martín
El Ejército no fue el que violó a la niña connacional, lo hicieron unos jóvenes que delinquieron, marchando contra la moralidad y la legalidad colombiana.
No cabe duda que el episodio irracional cometido por siete hombres, integrantes del Ejército Nacional, en el cual violaron a una adolescente de la cultura Embera Chamí, tiene a la sociedad colombiana acongojada.
La indignación por el hecho criminal ha puesto a la comunidad nacional en la búsqueda de sanciones al trágico acontecimiento y, ante la brutalidad de la incomprensible transgresión, la colectividad ha dirigido su rabia contra el Ejército Nacional, institución a la que pertenecen los soldados que realizaron el delito.
La Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de la investigación y acusación de la comisión de estos delitos ante el aparato judicial, presentó el cargo de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado contra seis de los implicados, el séptimo fue acusado de complicidad.
Los hechos sucedieron en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda.
Entre enero y mayo de 2020, Medicina Legal realizó 6.749 exámenes a menores en procesos por abuso sexual. Debe aclararse que los niños y adolescentes son el sector más vulnerable de la población colombiana.
Precisamente, por ese estado de indefensión de los menores de edad, el Congreso de la República aprobó la pena de prisión perpetua para los violadores y asesinos de estos.
Pero, como se dijo en este mismo escenario, en columna anterior (Los niños y la democracia colombiana), el problema nacional es gravísimo. Duele decirlo, pero la sociedad colombiana está enferma. Esa violencia contra los menores no es más que el abuso de la fuerza, que en el país se ejerce de una forma o de otra contra el más débil, manifestando ausencia total de valores.
La crisis de los valores nacionales hace referencia a la perdida de la dimensión personal en la vida colectiva, despreciando la una y la otra. Quedando claro que el colombiano no sabe vivir en comunidad, no tiene una dimensión cierta de lo que es la vida política o moral, por lo tanto no comprende el valor del civismo.
Según la Real Academia de la Lengua Española, el civismo o urbanidad se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. El civismo nace de la relación del hombre con su localidad, nación y Estado.
Así, el civismo es un valor que se enseña en casa. La familia es el órgano social por excelencia que prepara a la persona para la vida en comunidad. Es la encargada de disciplinar al ser humano en el respeto, la solidaridad y el amor patrio.
Lo que impone otra cavilación, atinente al caso. Parte de la tragedia actual es el modelo social que se está imponiendo. La familia y la vida familiar están desapareciendo. Se ha delegado en el Estado, durante la formación escolar, la responsabilidad de enseñar los valores cívicos, con la frialdad del docente sindicalizado y pagado por el ente público.
La realidad anterior hace muy difícil la existencia del paradigma de la Armonía Social. Sin familia no hay valores, mucho menos habría principios.
Ahora bien, las reflexiones anteriores no excusan al Ejército Nacional de sus responsabilidades. Pero también invita a la sociedad a que no se confunda, al punto de atacar a las instituciones del Estado, debilitándolo, so pretexto de responsabilizarlo de lo ocurrido en el corregimiento de Santa Cecilia.
El Ejército no fue el que violó a la niña connacional, lo hicieron unos jóvenes que delinquieron, marchando contra la moralidad y la legalidad colombiana.
Esos individuos deben cumplir la pena por el delito que cometieron. El Ejército Nacional no los ha encubierto. Todo lo contrario, los presentó ante la justicia ordinaria para obligarlos en su responsabilidad política y jurídica.
Con el presidente Pastrana, el Ejército inició su recomposición militar, recobrando su dignidad. Sería el presidente Uribe, en un país en el que no se podía transitar de una ciudad a otra, incluso entre pueblos circunvecinos, el que, con el Ejército Nacional, les devolvió la tranquilidad a los colombianos para retornar al campo y creer en Colombia, haciendo viable al Estado.
El Ejército mantuvo su imagen durante los gobiernos del presidente Santos. Ahora, durante el gobierno del presidente Duque, cuando nuevamente se convierte en el apoyo esencial en la lucha contra la insurgencia y la erradicación de los cultivos ilícitos, es muy triste que su imagen institucional se manche por la conducta miserable de unos colombianos sin valores, que se hicieron soldados afectando con sus actos el prestigio de la institución más querida por la gente.
El Ejército Nacional de Colombia es y seguirá siendo la institución modelo de la nación. Se debe seguir combatiendo cualquier foco de corrupción al interior de las entidades nacionales, pero no a costas de la desinstitucionalización del país.
* Director Programa de Derecho, Fundación Universitaria San Martín