El próximo jueves 25 de julio la Corte Constitucional realizará la audiencia pública sobre el Acto Legislativo 01 de 2012, más conocido como el Marco Jurídico para la Paz. Ese día, instituciones del Estado, órganos de control, organizaciones no gubernamentales, víctimas, academia y población civil expondrán sus conceptos sobre una reforma que es considerada fundamental para el futuro del proceso de negociación que adelantan Gobierno y Farc en La Habana y para la paz en general.
La idea es recoger los diferentes conceptos para disponer de mayores elementos de juicio a la hora de tomar una decisión frente a este acto legislativo, mediante el cual se espera que después el Congreso de la República establezca los instrumentos jurídicos de justicia transicional de cara a un eventual acuerdo con la guerrilla.
Ya se conoce la postura de la Procuraduría, que le pidió a la Corte declarar su inexequibilidad por considerar que establecerá la impunidad para los miembros de los grupos armados ilegales. Según el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, el Marco para la Paz “hace imposible que se les garanticen los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, afectando así un proceso de justicia en estos casos en los que están relacionados los máximos comandantes de los grupos armados ilegales” y “habilita a la jurisdicción internacional para investigar estos casos”.
Por los lados del Gobierno, además de que se espera que la Corte le dé la bendición al acto legislativo, también existe la expectativa de que el fallo sea modulado, es decir, que no se suscriba sólo a cuestiones de forma —es decir, a analizar la manera como se surtió el trámite en el Legislativo—, sino que sea modulado. En otras palabras, que los magistrados del alto tribunal den luces sobre los lineamientos que deben seguir Ejecutivo y Congreso a la hora de tramitar leyes en aras de la paz.
Así las cosas, la expectativa crece no sólo en Colombia, sino también en Cuba. Ayer, el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, criticó una reciente declaración del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien puso en duda la posible participación en política de los jefes guerrilleros acusados de delitos de lesa humanidad. “El señor fiscal atraviesa palos al proceso de paz. Es controvertible o susceptible de alguna discusión porque nosotros podríamos decir que la ilegalidad ha capturado al Estado colombiano, entonces no podrían hacer política”, señaló.
Precisamente, el Marco Jurídico para la Paz lo que busca es que a través de leyes reglamentarias o normas de justicia transicional se abra la puerta a la participación en política de la cúpula guerrillera. Una opción que para algunos sectores políticos debe facilitarse, pues “es preferible verlos echando discursos que echando bala en el monte”, pero que para otros no es viable, ya que implica una burla a las víctimas y al país entero.
Es el caso del Centro Democrático —el movimiento político que lidera el expresidente Álvaro Uribe—, que a través de un comunicado fijó su postura sobre la paz y sobre el acto legislativo que estudia hoy la Corte Constitucional. “El Marco Jurídico para la Paz fomenta la impunidad, porque al plantear la posibilidad de una selección o priorización de casos, los casos no seleccionados serían objeto de una amnistía de hecho, puesto que sus autores no serían investigados, ni enjuiciados ni sancionados”, dijo.
Un comunicado que termina con una sugerencia concreta: “La hoja de ruta es clara: suspenderíamos las negociaciones hasta que las Farc decreten un cese unilateral de sus acciones criminales con verificación internacional, concentren la totalidad de sus efectivos en zonas geográficas claramente delimitadas y se comprometan a confesar sus delitos, a reparar a las víctimas y someterse a la justicia en los términos de la Ley 975 (de Justicia y Paz). La negociación se retomaría para discutir los términos de su desmovilización, desarme y reinserción a la vida civil”.
Por Redacción Política
