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“Quisiera que ese proceso de ratificación, que quizá nos tome unos meses, lo tomemos con la debida celeridad e ir pensando en la reglamentación”. Esas fueron las palabras que el presidente Iván Duque le dirigió al Congreso de la República, cuando divulgó la firma del Acuerdo de Escazú junto a invitados de la comunidad internacional y líderes ambientales en la Casa de Nariño, el 12 de diciembre de 2019.
El proyecto de ley para ratificar dicho tratado de Escazú —nombre coloquial del “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”— lo radicó el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Ambiente y la Cancillería, el 20 de julio de 2020, siete meses después del evento protocolario y con mensaje de urgencia. Esta es una herramienta que solo puede invocar el presidente de turno para pedirle al Congreso prioridad y celeridad en el trámite; en este caso, de la iniciativa que avala, vía legislativa, el pacto ambiental que Colombia suscribió con otros países de Latinoamérica y el Caribe.
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Desde aquel 20 de julio de 2020 ha pasado más de un año y poca celeridad se ha visto por parte del Ejecutivo y el Gobierno para refrendar el acuerdo regional más importante en materia de democracia, justicia y acceso a la información ambiental. La semana pasada, como lo prometió el ministro de Ambiente, Carlos Correa, se radicó de nuevo la iniciativa ante la Secretaría del Senado para comenzar una vez más su discusión. Esta vez sin el mensaje de urgencia que, desde una lectura política por parte de la oposición, es un nuevo intento que llega sin voluntad del Gobierno. Ante las críticas por la radicación sin este llamado, el presiente Duque se limitó a decir que “si nos toca presentarlo con urgencia para acelerarlo lo haremos, pero una cosa muy importante es que el Congreso quiere discutir esto a profundidad”. Esto fue interpretado nuevamente como una falta de compromiso del Ejecutivo con el proyecto que radicó.
Lo que pasó en la legislatura pasada
Antes de hablar del ahora, es preciso hacer un recuento de lo que sucedió con el proyecto en la legislatura pasada (2020 II y 2021 I), cuando se radicó por primera vez con aviso de urgencia. Las comisiones segundas sesionaron conjuntamente, se nombraron ponentes y se convocaron tres audiencias para el diseño de las ponencias. La oposición y los congresistas declarados en independencia presentaron el texto positivo el 16 de octubre de 2020 y la coalición de gobierno lo hizo el 4 de noviembre.
Desde entonces, las movidas y estrategias para evitar su votación y aprobación fueron el factor común de las sesiones, que estuvieron dirigidas por el senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador) y el representante Juan David Vélez (Centro Democrático), miembros del oficialismo. La petición para realizar foros cuando ya se habían adelantado audiencias públicas, la extensión de las intervenciones, la cancelación de sesiones, el agendamiento de una discusión que coincidió con la hora de la plenaria y el no mencionar la propuesta en el orden del día fueron hechos que denunció la oposición, que imposibilitaron el trámite del proyecto y derivaron en su archivo, al no cumplir con el primer debate.
“De parte mía se hizo el trámite correspondiente, de acuerdo con lo convenido en las comisiones, que era realizar dos foros, que fueron retrasados por la pandemia”, defendió su gestión Juan Diego Gómez, hoy presidente del Senado, quien en ese entonces firmó la ponencia de archivo. Ahora la batuta en la dirección de la sesión la tiene Paola Holguín, del Centro Democrático, otra opositora del Acuerdo de Escazú.
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Las perspectivas en la última legislatura
Desde su hundimiento, el Gobierno prometió que lo presentaría de nuevo antes del 31 de octubre, tras realizar unas socializaciones en todo el país. Sin embargo, ante la premura de tener una herramienta que también disponga cómo proteger a los líderes ambientales, la oposición criticó la tardanza en la radicación y en que no venía con mensaje de urgencia.
“A mí me parece un acto de hipocresía del presidente, que saca pecho en las pasarelas internacionales, vendiéndose como el gran ambientalista de América Latina, pero al mismo tiempo, internamente, promueve la fumigación con glifosato, la utilización del fracking y presenta la ratificación del Acuerdo de Escazú cien días después de haber iniciado la legislatura (20 de julio de 2021), sin mensaje de urgencia. Si en el período pasado, con mensaje de urgencia, no se pudo votar, no creo que tampoco se logre ahora, que además estamos en plena campaña electoral”, dijo el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.
Para él, en el fondo no hay voluntad del Gobierno, sino que es un cumplimiento meramente estético de presentar de nuevo la iniciativa. “Lo que hace el presidente es lavarse las manos, dejar radicado el proyecto, someterlo a su suerte, para luego acudir al argumento de la autonomía del Congreso, cuando sabemos que el Gobierno tiene las mayorías, las mesas directivas y ha sacado proyectos contra todo pronóstico, como la reforma a la Ley de Garantías en el Presupuesto General”, complementó Sanguino.
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Por su parte, Paola Holguín, presidenta de la Comisión Segunda, en quien recaerá la dirección del proyecto, anticipó a El Espectador que aún no lo han remitido de la Secretaría General. “Una vez que lo hagan, se va a nombrar a los ponentes de todos los sectores, como la vez pasada. Estaremos abiertos por si surgen requerimientos de nuevas audiencias y foros. Daremos todas las garantías”, prometió la senadora uribista.
Que no venga con mensaje de urgencia, según el senador Juan Diego Gómez, no es un tema de preocupación y, mucho menos, una falta de compromiso del presidente Duque con el medio ambiente. “Los acuerdos y tratados internacionales tienen un promedio de seis años para ser aprobados por el Congreso. Todavía hay tiempo. Igualmente, no hay país que tenga una legislación más avanzada en materia ambiental que Colombia”, apuntó el legislador desde Glasgow, donde se adelanta la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).
Y el representante Juan David Vélez lo complementa: “El liderazgo del Gobierno en temas ambientales no depende de Escazú. Los logros son muchos y reconocidos a nivel nacional e internacional”. Ha pasado el tiempo y la posición de la coalición de gobierno parece inamovible. Y las perspectivas para que el proyecto de ratificación pase, al menos su primer debate, todavía es difusa. La expectativa de la comunidad académica y de líderes ambientales sigue vigente; sin embargo, entienden que la voluntad se expresa en plazos, el tiempo del presidente Duque está llegado a su final y alguien más vendrá a cumplir la palabra empeñada.