En medio del ruido que ha generado el debate por la reforma laboral, pensional y a la salud, el Senado aprobó en plenaria la reforma al Código Electoral, la primera reforma que presentó el gobierno de Gustavo Petro. El proyecto de ley estatuaria, que quedó firme este martes, 16 de mayo, ha sido cuestionado, entre otros asuntos, por la propuesta de voto electrónico, y las facultades que podría entregarle al registrador nacional, que también lo está impulsando. Para que la propuesta pueda convertirse en ley, esta deberá ser aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes antes del 20 de junio.
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Ariel Ávila, congresista de la Alianza Verde en la Comisión Primera del Senado, señala que, desde el primer debate, había señalado diez líneas rojas que traía el Código Electoral. “De esos diez, el año pasado, nosotros bloqueamos todo y el proyecto quedó estancado. Este año, el gobierno quitó el capítulo de identificación y registro, aunque no todos los artículos. Entonces, de las diez líneas rojas, este año comenzamos con nueve”.
Después de los debates en la Comisión Primera, para la plenaria del pasado 16 de mayo, quedaron siete grandes líneas rojas, que para Ávila son muy problemáticas: el que se abra la puerta al monopolio de la identificación, el empadronamiento, la profesionalización sin concurso de méritos, el aumento en el número de registradores por cambio en las reglas de asignación por población, el voto electrónico mixto, el impacto fiscal y la vigencia.
En la plenaria, “tumbamos lo que quedaba del empadronamiento, artículo cuarenta y cinco, que fue nuestra única gran victoria del martes”, dijo Ávila. ““En el empadronamiento usted está en obligación de decir su dirección de casa cada vez que cambia. Los defensores dicen que eso combate el trasteo de votos o la trashumancia. Los que criticamos, pensamos en, por ejemplo, la base de datos de Caucasia y los líderes sociales amenazados por el Clan del Golfo. O que circulen las direcciones de líderes políticos de oposición o de los policías. Es un riesgo muy alto entregar una base de datos de los domicilios de la gente sin ninguna seguridad”.
El voto electrónico mixto quedó aprobado en el proyecto de ley, lo cual resulta problemático a ojos del senador verde y de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, entre otros. “El tema es que no hay garantías de auditoría, de arquitectura de software, del secreto del voto, no hay garantías de nada. Entonces, es muy peligroso porque lo que yo creo es que detrás de ese Código Electoral lo que hay es un gran negocio de máquinas de votos”, aseguró Ávila.
“Yo creo que cuando se habla de un sistema electoral lo que se necesita es más confianza y no hay confianza cuando los colombianos no vamos a ser capaces de saber si ese software funciona bien, si está sumando bien y si los resultados corresponden a lo que los colombianos estamos manifestando en las urnas”, afirmó Valencia.
La senadora también tiene una preocupación fiscal muy grande con respecto al voto electrónico. “Según el concepto del Ministerio de Hacienda, cada puesto de votación quedaría costando 87 millones de pesos, lo que suma 9.5 billones de pesos. Me parece un despropósito que Colombia destine toda esa plata a hacer elecciones que van a ser menos confiables, pero sobre todo, se necesitan esos recursos para temas más neurálgicos, como la superación de la pobreza, las vías terciarias, los acueductos, etc.”.
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Sobre este punto también hay preocupación en cuanto a los mecanismos de auditorías, que, a concepto de Valencia, aún son muy precarios. Ávila afirma que, de cualquier forma, se lograron incluir algunas medidas de contención con respecto a este punto de las auditorías: “Yo metí dos proposiciones que fueron avaladas. La distinción entre auditoría de informática y otra es la auditoría técnica, pues en el Código Electoral no hacía la diferenciación entre las dos. Y me aceptaron una proposición sobre diferentes tipos de auditoría en los diferentes niveles del proceso electoral”.
Con respecto al tema de los monopolios, el senador de la Alianza Verde, habló sobre el “monopolio de la identificación” a la Registraduría, contenido en el artículo veintiséis, que, además, “le entregaría facultades legislativas al registrador”. “El registrador pretende que la única identificación sea la cédula de ciudadanía, cuando tenemos otras opciones, como el pase de conducción o el pasaporte”, dijo en sintonía Paloma Valencia. “Creo que la identificación se puede lograr a través de muchos mecanismos y debemos mantener la pluralidad, no a la hora de la votación, pero por ejemplo, a la hora de tomar un avión.
El segundo “monopolio, sobre la autenticación”, no fue aprobado por el Senado. “Logramos que el proceso de autenticación pueda hacerlo cualquier empresa, no solo la Registraduría”, afirmó la congresista. Sin embargo, le preocupa la entrega de datos biométricos a la Registraduría. “Hay un artículo donde el registrador pretende tener facultades extraordinarias para definir lo que puede contener la cédula. Es decir, él podría afirmar que todos los colombianos tienen que tener cédula digital. Eso es un atropello. Con todas las cámaras que hay, el Estado sabría usted dónde está y con quién, sin ninguna restricción. Los datos biométricos hacen parte de la intimidad de las personas”, continuó.
En firme también se mantuvo volver autoridades a los registradores municipales. “Todo el mundo estaba de acuerdo con eso, pero la jugada, es que al cambiar el cargo de técnico a profesional, todos los más de mil cien cargos de registradores quedan a la deriva”, contó Ávila.
Finalmente, a algunos senadores les resulta preocupante, una vez más, el impacto fiscal. “Parece estar mal calculado. Lo tenían en 200 mil millones de pesos y el año pasado solo dos o tres software costaron 300 mil millones de pesos”, compartió el congresista. Valencia ahondó en este tema y aseguró que el Código “recategoriza y cambia las funciones para generar nuestros cargos, que no son muchos, pero que nos va a costar 204 mil millones de pesos al año. Eso en los 4 años son prácticamente 800 mil millones de pesos con la adición de los incrementos del salario mínimo. Yo creo que Colombia tiene demasiados problemas para estar gastando en burocracia. La plata queda mejor invertida en otros asuntos”.
Tanto Valencia como Ávila esperan que el proyecto de reforma al Código Electoral naufrague en la Cámara de Representantes. Sin embargo, reconocen el avance en algunos temas. “Por ejemplo, yo propuse que se financie el transporte el día de elecciones. Eso es muy importante para que los políticos no puedan fletar el transporte. Queremos que, aunque sea domingo, el transporte público funcione y haya un subsidio para los colombianos más pobres. Lo que pasa es que lo dejaron organizado por los alcaldes y gobernadores. Es decir, se avanzaron en algunos temas, pero hay que mejorarlos”, concluye Valencia.
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