Las prioridades de la financiación

Varias cosas quedaron claras esta semana tras los múltiples encuentros de alto nivel que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos durante su visita a Washington. Primero, que la comunidad internacional está más que dispuesta a dar de lleno su respaldo político para asistir a Colombia en el camino que deberá recorrer en un eventual escenario de posconflicto, tras la firma del acuerdo final de paz con las Farc en La Habana (Cuba).

Segundo, que para Estados Unidos —y así lo dejó ver el presidente Barack Obama— los actuales diálogos con la guerrilla fueron posibles, en muy buena parte, gracias al éxito del Plan Colombia y al constante apoyo financiero de tres de sus gobiernos, que ayudó a fortalecer la institución militar en el país. Prácticamente un triunfo compartido.

Y tercero, que el presidente Santos necesitará mover desde ya sus fichas para buscar el apoyo unánime tanto de republicanos como de demócratas en aras de que el Congreso estadounidense no disminuya ese respaldo a Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos entrará en una campaña presidencial que, evidentemente, cambiará las prioridades de discusión de la agenda.

En el fondo, el triunfo tiene un carácter más político que económico, aun cuando el paquete de asistencia de US$450 millones que el presidente Obama pondrá a consideración del Legislativo para el año fiscal 2017 constituye un incremento de cerca de US$150 millones en ayudas para Colombia en el marco del nuevo plan de trabajo bilateral denominado Paz Colombia. El monto, sin embargo, representa tan sólo un porcentaje del grueso de los recursos internacionales que llegarán de distintas esquinas para financiar el posconflicto.

Con calculadora en mano, el Gobierno ha hecho cuentas de lo que tiene, lo que puede conseguir y lo que necesitará invertir, sobre todo a corto plazo, pues es claro que el desafío principal será acortar al máximo el tiempo entre la firma de la paz y la aplicación de las medidas pactadas. Un proceso que necesitará una fuerte inyección de capital y para el cual se buscará que la cooperación financiera internacional llegue los US$3.000 millones en un plazo no mayor a cinco años.

Esa ayuda será canalizada a través del recién creado Fondo Colombia en Paz, en cabeza del ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y que actualmente está definida en por lo menos cuatro frentes claves: el plan Paz Colombia, el Fondo Fiduciario para la Paz de la Unión Europea, el Fondo Multidonantes del Banco Mundial y el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las dudas que han surgido respecto al tema están relacionadas, en cada uno de los casos, con el uso que se les dará a los recursos recibidos y con las áreas o estrategias que priorizará el Gobierno en términos de inversión. Sin embargo, los lineamientos ya han sido planteados.

Sobre los recursos del plan Paz Colombia, por ejemplo, Obama dejó ver que la estrategia se centrará en tres grandes pilares: consolidación del progreso en materia de seguridad (que incluye el tema de reintegración de excombatientes de las Farc a la vida civil), expansión del Estado para adquirir control territorial en zonas rurales y fortalecimiento del aparato de justicia.

El desminado también es prioridad para EE. UU. y, de acuerdo con el secretario de Estado, John Kerry, el compromiso inicial del programa Paz Colombia es destinar US$50 millones para planes en ese sentido, enmarcados en la iniciativa global que lidera junto con Noruega para acabar con dichos dispositivos de aquí a 2021.

En el caso del Fondo Fiduciario de la Unión Europea, cuyo monto total aún no ha sido definido, los recursos estarían encaminados —en buena parte— a apoyar a las víctimas del conflicto en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Y ese fue el sentido de la petición que hizo el Parlamento Europeo el pasado 20 de enero, al aprobar la resolución para la creación del fondo, que debe estar listo para el 23 de marzo, fecha en la que, según las cuentas del Gobierno y las Farc, se dará la firma del acuerdo final.

El Banco Mundial, por su parte, destapó sus cartas desde finales de 2014 con la creación del Fondo Multidonantes —abierto con US$7 millones— y con un primer proyecto con recursos del banco y del gobierno de Suecia para mejorar la capacidad operativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Además, según reveló hace unas semanas el presidente del organismo, Jim Yong Kim, este año la partida para Colombia será de US$1.400 millones, con posibilidad de un aumento, con las víctimas como el eje central.

Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) enfocará sus esfuerzos en el desarrollo sostenible y la recuperación social y del medioambiente en las zonas más afectadas por el conflicto, a través de un fondo que espera recaudar recursos por US$2.000 millones por parte de la comunidad internacional, en el marco de un programa diseñado para los próximos 15 años.

A ese capital se suma el proveniente del presupuesto nacional que, según explicó el presidente Santos en Washington, ya se está invirtiendo en actividades del posconflicto: “Cerca de US$4.000 millones ya le estamos invirtiendo. Solamente a la reparación a las víctimas, que es un típico trabajo de posconflicto, ya lo hemos venido haciendo: 580 .000 víctimas que hemos reparado ya físicamente, le estamos dedicando cerca de US$3.000 millones al año. En materia de los proyectos agrícolas, de los proyectos productivos que vamos a poner en marcha, le estamos invirtiendo cerca de US$1.000 millones”.

Con las cuentas claras sobre la plata disponible y la que se está gestionando, el reto inmediato del Gobierno será asegurar los recursos suficientes para cubrir las necesidades que traerá el mantenimiento de la paz. Una tarea engorrosa y que parece casi titánica, pues, según estimaciones del centro de estudios Center for America Progress, el costo total de la etapa del posconflicto en los próximos diez años será de por lo menos US$44.000 millones.

Varias cosas quedaron claras esta semana tras los múltiples encuentros de alto nivel que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos durante su visita a Washington. Primero, que la comunidad internacional está más que dispuesta a dar de lleno su respaldo político para asistir a Colombia en el camino que deberá recorrer en un eventual escenario de posconflicto, tras la firma del acuerdo final de paz con las Farc en La Habana (Cuba).

Segundo, que para Estados Unidos —y así lo dejó ver el presidente Barack Obama— los actuales diálogos con la guerrilla fueron posibles, en muy buena parte, gracias al éxito del Plan Colombia y al constante apoyo financiero de tres de sus gobiernos, que ayudó a fortalecer la institución militar en el país. Prácticamente un triunfo compartido.

Y tercero, que el presidente Santos necesitará mover desde ya sus fichas para buscar el apoyo unánime tanto de republicanos como de demócratas en aras de que el Congreso estadounidense no disminuya ese respaldo a Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos entrará en una campaña presidencial que, evidentemente, cambiará las prioridades de discusión de la agenda.

En el fondo, el triunfo tiene un carácter más político que económico, aun cuando el paquete de asistencia de US$450 millones que el presidente Obama pondrá a consideración del Legislativo para el año fiscal 2017 constituye un incremento de cerca de US$150 millones en ayudas para Colombia en el marco del nuevo plan de trabajo bilateral denominado Paz Colombia. El monto, sin embargo, representa tan sólo un porcentaje del grueso de los recursos internacionales que llegarán de distintas esquinas para financiar el posconflicto.

Con calculadora en mano, el Gobierno ha hecho cuentas de lo que tiene, lo que puede conseguir y lo que necesitará invertir, sobre todo a corto plazo, pues es claro que el desafío principal será acortar al máximo el tiempo entre la firma de la paz y la aplicación de las medidas pactadas. Un proceso que necesitará una fuerte inyección de capital y para el cual se buscará que la cooperación financiera internacional llegue los US$3.000 millones en un plazo no mayor a cinco años.

Esa ayuda será canalizada a través del recién creado Fondo Colombia en Paz, en cabeza del ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y que actualmente está definida en por lo menos cuatro frentes claves: el plan Paz Colombia, el Fondo Fiduciario para la Paz de la Unión Europea, el Fondo Multidonantes del Banco Mundial y el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las dudas que han surgido respecto al tema están relacionadas, en cada uno de los casos, con el uso que se les dará a los recursos recibidos y con las áreas o estrategias que priorizará el Gobierno en términos de inversión. Sin embargo, los lineamientos ya han sido planteados.

Sobre los recursos del plan Paz Colombia, por ejemplo, Obama dejó ver que la estrategia se centrará en tres grandes pilares: consolidación del progreso en materia de seguridad (que incluye el tema de reintegración de excombatientes de las Farc a la vida civil), expansión del Estado para adquirir control territorial en zonas rurales y fortalecimiento del aparato de justicia.

El desminado también es prioridad para EE. UU. y, de acuerdo con el secretario de Estado, John Kerry, el compromiso inicial del programa Paz Colombia es destinar US$50 millones para planes en ese sentido, enmarcados en la iniciativa global que lidera junto con Noruega para acabar con dichos dispositivos de aquí a 2021.

En el caso del Fondo Fiduciario de la Unión Europea, cuyo monto total aún no ha sido definido, los recursos estarían encaminados —en buena parte— a apoyar a las víctimas del conflicto en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Y ese fue el sentido de la petición que hizo el Parlamento Europeo el pasado 20 de enero, al aprobar la resolución para la creación del fondo, que debe estar listo para el 23 de marzo, fecha en la que, según las cuentas del Gobierno y las Farc, se dará la firma del acuerdo final.

El Banco Mundial, por su parte, destapó sus cartas desde finales de 2014 con la creación del Fondo Multidonantes —abierto con US$7 millones— y con un primer proyecto con recursos del banco y del gobierno de Suecia para mejorar la capacidad operativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Además, según reveló hace unas semanas el presidente del organismo, Jim Yong Kim, este año la partida para Colombia será de US$1.400 millones, con posibilidad de un aumento, con las víctimas como el eje central.

Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) enfocará sus esfuerzos en el desarrollo sostenible y la recuperación social y del medioambiente en las zonas más afectadas por el conflicto, a través de un fondo que espera recaudar recursos por US$2.000 millones por parte de la comunidad internacional, en el marco de un programa diseñado para los próximos 15 años.

A ese capital se suma el proveniente del presupuesto nacional que, según explicó el presidente Santos en Washington, ya se está invirtiendo en actividades del posconflicto: “Cerca de US$4.000 millones ya le estamos invirtiendo. Solamente a la reparación a las víctimas, que es un típico trabajo de posconflicto, ya lo hemos venido haciendo: 580 .000 víctimas que hemos reparado ya físicamente, le estamos dedicando cerca de US$3.000 millones al año. En materia de los proyectos agrícolas, de los proyectos productivos que vamos a poner en marcha, le estamos invirtiendo cerca de US$1.000 millones”.

Con las cuentas claras sobre la plata disponible y la que se está gestionando, el reto inmediato del Gobierno será asegurar los recursos suficientes para cubrir las necesidades que traerá el mantenimiento de la paz. Una tarea engorrosa y que parece casi titánica, pues, según estimaciones del centro de estudios Center for America Progress, el costo total de la etapa del posconflicto en los próximos diez años será de por lo menos US$44.000 millones.