Las prioridades en la nueva legislatura

En su última comparecencia ante el Congreso de la República como presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos instala hoy la legislatura 2018-2022, la que acompañará a su sucesor, Iván Duque del Centro Democrático, el partido que más oposición hizo a su mandato en el último cuatrienio. El escenario político es hoy diferente: de la Unidad Nacional se pasará al Gran Pacto por Colombia y las fuerzas con asiento en el Capitolio ya se vienen acomodando, bien sea para terciar a favor del nuevo gobierno o para hacerle oposición. Por el momento, las mayorías para Duque parecen estar garantizadas y los retos a afrontar se asoman en diferentes frentes, con prioridad en los temas económico y de seguridad, que a su vez abarca el de la paz.

Un nuevo Congreso con un ingrediente particular: la presencia de la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc como partido político: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Este hecho hace prever tensiones políticas y arduas discusiones, teniendo en cuenta las intenciones expuestas por el mismo presidente electo y su bancada uribista de hacer cambios a lo pactado en La Habana, que fue precisamente lo que permitió la llegada de la exguerrilla a la política legal. A la par, las obligaciones frente a la implementación de la paz no dan tregua y, quiérase o no, ocuparán un punto clave en la agenda.

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“No hay que hacer trizas los acuerdos con las Farc, pero sí modificaciones importantes”, ha dicho Iván Duque. Y ha hablado en concreto de que los cabecillas desmovilizados no pueden ser candidatos y llegar a las corporaciones públicas sin haber dicho toda la verdad, sin haber reparado a las víctimas y sin haber cumplido las penas por los delitos que cometieron, lo que implica revolcar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También apuntaría a cerrarle la puerta a la posibilidad de que el narcotráfico sea un delito amnistiable, conexo al delito político, y a que la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos sea voluntaria y no obligatoria. Asimismo ha insistido en que se deben perder todos los beneficios si se encuentran armas o dinero y bienes escondidos, que no fueron entregados para su destrucción y la reparación a las víctimas, respectivamente.

Sobre cuánto espacio de maniobra tendrá el nuevo gobierno para sacar adelante esos propósitos, todo depende de las fuerzas que logre aglutinar en el Congreso, donde si bien algunas de las que hoy se acomodan a su lado podrían acompañarlo, hay otras que participaron activamente en el impulso de la agenda de paz de Santos y tendrán sus condiciones. Porque si bien Duque habla de no hacer trizas los acuerdos, lo que propone golpea la médula de lo pactado e incluso puede significar un incumplimiento por parte del Estado, con efectos en el campo internacional. Por otra parte, hay un “blindaje jurídico” establecido por la misma Corte Constitucional, por lo que la vía de esas reformas tendría que ser por acto legislativo o referendo, con un alto costo político. Falta ver, entonces, si Duque está dispuesto a gastar energías en esa cruzada o prefiere dirigirlas a otras urgencias.

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Y esas otras urgencias tienen que ver con lo económico y lo social. Reformas tributaria, de pensiones, de salud, a la justicia, a la educación y agraria aparecen en el horizonte como inaplazables para el nuevo gobierno, para lo cual deberá contar con el respaldo de las mayorías en un Congreso acostumbrado a tranzar su apoyo a cambio de burocracia. Eso sin mencionar que en algún momento de la campaña, Duque habló de reducir el tamaño del Legislativo, palabras que pueden pasar factura. A la lista de prioridades toca sumar la reforma política y electoral. Lo cierto es que muchas de esas transformaciones se frustraron en el pasado y será ahí donde se verá qué tan firme es el pulso del nuevo mandatario o si la tan mentada “mermelada”, como dicen algunos, simplemente cambiará de sabor.

Por último, hay un tema transversal que asoma en todos estos frentes mencionados: la lucha contra la corrupción. Muchas de las reformas hoy necesarias pisan callos e involucran a diversos sectores, no sólo políticos, con los cuales se deberán buscar consensos. En síntesis, se viene un Congreso de intensa actividad. La agenda del nuevo gobierno es amplia y está cargada de compromisos. Y si la anterior legislatura fue la de las reformas de la paz, la que se instala esta tarde aparece como la llamada a sentar las bases de una Colombia de verdad más igualitaria y en perspectivas de desarrollo, no sólo económico sino humano y en derechos. A la ciudadanía se le ve cansada de tantos incumplimientos. Lo que está en juego es el rumbo futuro del país. Veremos si este Congreso y esas nuevas generaciones, de las que tanto habló Iván Duque en campaña, están a la altura del reto que se les impone.

En su última comparecencia ante el Congreso de la República como presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos instala hoy la legislatura 2018-2022, la que acompañará a su sucesor, Iván Duque del Centro Democrático, el partido que más oposición hizo a su mandato en el último cuatrienio. El escenario político es hoy diferente: de la Unidad Nacional se pasará al Gran Pacto por Colombia y las fuerzas con asiento en el Capitolio ya se vienen acomodando, bien sea para terciar a favor del nuevo gobierno o para hacerle oposición. Por el momento, las mayorías para Duque parecen estar garantizadas y los retos a afrontar se asoman en diferentes frentes, con prioridad en los temas económico y de seguridad, que a su vez abarca el de la paz.

Un nuevo Congreso con un ingrediente particular: la presencia de la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc como partido político: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Este hecho hace prever tensiones políticas y arduas discusiones, teniendo en cuenta las intenciones expuestas por el mismo presidente electo y su bancada uribista de hacer cambios a lo pactado en La Habana, que fue precisamente lo que permitió la llegada de la exguerrilla a la política legal. A la par, las obligaciones frente a la implementación de la paz no dan tregua y, quiérase o no, ocuparán un punto clave en la agenda.

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“No hay que hacer trizas los acuerdos con las Farc, pero sí modificaciones importantes”, ha dicho Iván Duque. Y ha hablado en concreto de que los cabecillas desmovilizados no pueden ser candidatos y llegar a las corporaciones públicas sin haber dicho toda la verdad, sin haber reparado a las víctimas y sin haber cumplido las penas por los delitos que cometieron, lo que implica revolcar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También apuntaría a cerrarle la puerta a la posibilidad de que el narcotráfico sea un delito amnistiable, conexo al delito político, y a que la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos sea voluntaria y no obligatoria. Asimismo ha insistido en que se deben perder todos los beneficios si se encuentran armas o dinero y bienes escondidos, que no fueron entregados para su destrucción y la reparación a las víctimas, respectivamente.

Sobre cuánto espacio de maniobra tendrá el nuevo gobierno para sacar adelante esos propósitos, todo depende de las fuerzas que logre aglutinar en el Congreso, donde si bien algunas de las que hoy se acomodan a su lado podrían acompañarlo, hay otras que participaron activamente en el impulso de la agenda de paz de Santos y tendrán sus condiciones. Porque si bien Duque habla de no hacer trizas los acuerdos, lo que propone golpea la médula de lo pactado e incluso puede significar un incumplimiento por parte del Estado, con efectos en el campo internacional. Por otra parte, hay un “blindaje jurídico” establecido por la misma Corte Constitucional, por lo que la vía de esas reformas tendría que ser por acto legislativo o referendo, con un alto costo político. Falta ver, entonces, si Duque está dispuesto a gastar energías en esa cruzada o prefiere dirigirlas a otras urgencias.

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Por último, hay un tema transversal que asoma en todos estos frentes mencionados: la lucha contra la corrupción. Muchas de las reformas hoy necesarias pisan callos e involucran a diversos sectores, no sólo políticos, con los cuales se deberán buscar consensos. En síntesis, se viene un Congreso de intensa actividad. La agenda del nuevo gobierno es amplia y está cargada de compromisos. Y si la anterior legislatura fue la de las reformas de la paz, la que se instala esta tarde aparece como la llamada a sentar las bases de una Colombia de verdad más igualitaria y en perspectivas de desarrollo, no sólo económico sino humano y en derechos. A la ciudadanía se le ve cansada de tantos incumplimientos. Lo que está en juego es el rumbo futuro del país. Veremos si este Congreso y esas nuevas generaciones, de las que tanto habló Iván Duque en campaña, están a la altura del reto que se les impone.