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La semana pasada discutimos la propuesta económica de Iván Duque e hicimos unos breves comentarios sobre su experiencia y estilo de ejecución, y sobre su carácter y estilo de liderazgo. Esta semana discutiremos la propuesta de Sergio Fajardo, siguiendo el mismo esquema. Como lo mencionamos antes, esta serie de artículos semanales tiene como objetivo aportar al debate con argumentos sobre las propuestas. Nuestras observaciones se basan en los documentos publicados por los candidatos, en este caso “Desarrollo económico para enfrentar las desigualdades y abrir la puerta de las oportunidades”.
1.Sus propuestas
La visión general
El documento empieza con el mantra de Fajardo: “Ni un peso por un voto, ni un puesto ni un contrato para un congresista”. Lo segundo que enfatiza es el enfoque territorial de sus propuestas, y lo tercero, su gran apuesta: promover el desarrollo económico a partir de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura.
La propuesta se enmarca en siete principios orientadores: 1. “Capacidades y talento para ser libres” se refiere a la idea de que el desarrollo económico es el resultado del aprovechamiento de los talentos individuales de las personas. 2. “La educación es clave” para tener trabajadores y empresarios formados, que puedan aumentar el valor agregado de la producción y la innovación. 3. “Diálogo y cooperación entre Estado y sector privado”. El Estado debe ser socio y garante del sector privado, protegiendo la propiedad privada, proveyendo bienes públicos y promoviendo la justa competencia. 4. “Colombia competitiva”, que resume el propósito de fortalecer el mercado interno y apostarle al mercado internacional. 5. “La sostenibilidad ambiental es nuestro sello”, implica proteger los recursos naturales, en especial el hídrico. 6. “Las finanzas públicas sanas son un requisito para el desarrollo económico”, referente a la necesidad de actuar con responsabilidad fiscal. 7. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el principal referente para fijar las metas de gobierno.
En general, concluimos que varias propuestas de Fajardo son convenientes y que su agenda busca propiciar un modelo de crecimiento económico basado en la productividad y el aprovechamiento de los talentos individuales de las personas, buscando reducciones de la desigualdad y un mayor progreso social. Varias de las propuestas acertadas en materia de desarrollo productivo ya fueron hechas en el pasado, por lo que debemos decir que su agenda en esta materia no es novedosa. En materia fiscal encontramos que una buena proporción de sus propuestas son factibles, aunque no creemos que vaya a contar con los recursos para implementar su plan de reactivación económica en el tiempo en que éste sería conveniente. Así, consideramos poco realista e inconveniente que dicho plan sea anunciado recurrentemente por Fajardo en diferentes medios, pues su ejecución puede estar en duda.
Lea: Las propuestas económicas de Iván Duque: convenientes pero poco novedosas
Fajardo propone estrategias concretas para aumentar la transparencia del proceso presupuestal y para combatir la corrupción. Estas propuestas son convenientes pero incompletas, pues no encontramos casi ninguna propuesta orientada a mejorar la eficiencia del gasto público, a pesar de que Fajardo se ha referido recurrentemente a este tema en sus entrevistas. Quedaron por fuera temas como los presupuestos por resultados (asignar más recursos a los sectores y proyectos que impactan en mayor medida las metas económicas y sociales del país).
Otras de sus propuestas apuntan a llevar a nivel nacional iniciativas innovadoras que implementó exitosamente como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia, por ejemplo, Jóvenes con Futuro, el programa de Mejoramiento de Barrios y el aumento en el gasto de educación.
En la propuesta de Fajardo no se discuten en detalle algunos temas claves. Por ejemplo, en materia de desarrollo rural no queda claro cómo propone aumentar el acceso a la tierra o qué mecanismos implementará para mejorar la comercialización y las exportaciones agropecuarias. Nos sorprendió también que el documento no contenga la palabra paz. Si bien Fajardo se ha declarado abiertamente a favor de honrar los compromisos del Estado consignados en los acuerdos de paz firmados con las Farc, nos preocupa que en el documento no haya ninguna propuesta para aprovechar los dividendos del fin del conflicto con esa guerrilla. La disminución de atentados contra la infraestructura y del número de homicidios nos brinda una oportunidad única de explorar y aprovechar las vocaciones productivas de las regiones de la periferia. Sería esta la oportunidad, por ejemplo, de formular y ejecutar en el corto plazo unos planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con un componente importante de políticas de productividad.
Algo similar ocurre con el cambio climático y el crecimiento verde: después de anunciar en sus principios que “la sostenibilidad ambiental es nuestro sello”, no incluye ninguna propuesta concreta para incorporar un principio de sostenibilidad en la elaboración y ejecución de la agenda nacional.
Vale la pena resaltar que tanto en su enunciación de principios como en sus propuestas concretas, Fajardo reconoce abiertamente al individuo como fin último de la política económica. Aunque no lo dice explícitamente, entendemos de su propuesta de emprendimiento que Fajardo se imagina un país de pequeños emprendedores urbanos y rurales eficientes, formales y productivos, que coexisten y se relacionan con empresas grandes y medianas. Estas últimas crecerían a partir de sus políticas de innovación, del fortalecimiento del Sena, de la promoción de exportaciones, de la admisibilidad de los productos colombianos en mercados externos y de la transferencia de conocimiento y tecnología.
Si bien esta visión es adecuada, consideramos que la propuesta de arreglo institucional para el desarrollo productivo de Fajardo no es apropiada. Su visión mantiene en alguna medida una estructura vertical en la que el Gobierno Nacional diseña políticas nacionales para sectores elegidos en el nivel nacional. Esta estructura no fue exitosa en el pasado en Colombia y regresar a ella nos devolvería varios años en materia de flexibilidad y pertinencia de la política de desarrollo productivo.
La propuesta económica tiene tres pilares: desarrollo productivo, política social y responsabilidad económica. A continuación discutiremos los aspectos claves de cada uno.
Las propuestas concretas
Desarrollo productivo. Dividiremos la discusión de las propuestas en este frente en dos grupos: las que afectan directamente la capacidad productiva de una empresa (como la tecnología que tiene a su disposición) y las que afectan el entorno en que se desenvuelven dichas empresas (como la regulación o los impuestos).
Sobre el primer tipo de propuestas, Fajardo propone un conjunto de políticas acertadas, aunque poco novedosas en su mayoría. El documento reconoce que varias de las políticas propuestas ya existen y propone fortalecerlas o profundizarlas. Tal es el caso de un programa de pioneros exportadores, de los programas de transferencia de conocimiento y tecnología de vanguardia a las empresas colombianas, y de la propuesta de crear un vehículo de garantía colateral a través del Fondo Nacional de Garantías para emprendedores, que ayuda a las empresas que no logran acceder a financiación bancaria por carecer de colaterales o historial crediticio.
En materia agropecuaria, Fajardo resalta la necesidad de proveer asistencia técnica a las unidades productoras agropecuarias y reconoce que el acceso a tierras es una condición necesaria para aumentar la productividad de la actividad agropecuaria. Otra propuesta clave es promover la asociatividad rural, necesaria para facilitar el acceso de los productores a insumos, tecnología y conocimiento, y para facilitar la comercialización. Pese a enunciar estos temas, Fajardo no detalla cómo llevar a cabo esto. Por ejemplo, ¿cómo hará que la asistencia técnica se provea como un servicio público en todo el territorio, en vez de como un servicio privado?
Encontramos convenientes las propuestas de Fajardo para promover el emprendimiento, aunque la mayoría de ellas ya fueron propuestas por el actual Gobierno. Consideramos que su programa De Cero a Siempre Empresarial es acertado y consistente su visión de generar riqueza a partir de los individuos. Esta propuesta, que apunta a acompañar y a ayudar al emprendedor en las diferentes etapas de su iniciativa, no es del todo novedosa, pues varias de sus etapas ya fueron propuestas anteriormente (como los centros de desarrollo para pequeños negocios, conocidos como SBDC por sus siglas en inglés).
En cuanto a los factores relacionados con el entorno económico e institucional en que se desenvuelven las empresas, Fajardo propone instrumentos específicos para la innovación, para la absorción de tecnología y para la expansión empresarial. Sin embargo, su propuesta adolece de un problema estructural: carece de versatilidad territorial y es contradictoria al definir de antemano unos sectores estratégicos nacionales. Cada departamento es capaz de producir de manera competitiva bienes y servicios diferentes. Dado lo anterior, cada departamento requiere instrumentos de política diferentes para desarrollarse, pues diferentes sectores requieren diferentes instrumentos. Por ejemplo, es posible que los programas de promoción de agroexportaciones sean particularmente relevantes en los departamentos con una agroindustria más desarrollada. Así, dichos programas deberían ser diseñados desde el principio para atender las necesidades específicas de esos departamentos. Lo primero que se necesita para que este enfoque funcione es descubrir cuáles son los sectores con potencial en cada departamento. En este aspecto, la propuesta de Fajardo es contradictoria, pues propone que en el seno de las comisiones regionales de competitividad los departamentos identifiquen sus sectores con potencial, pero al mismo tiempo define de antemano unos sectores nacionales para “priorizar la agenda de desarrollo productivo” a partir de unos proyectos estratégicos en temas como biotecnología, energías renovables, economía digital, industrias culturales, agroindustria. Sorprendentemente, la mayoría de subsectores de la industria manufacturera quedó por fuera de la lista.
En la práctica, las instituciones colombianas no tienen la capacidad para ejecutar dos agendas paralelas de desarrollo productivo. De ser elegido, Fajardo tendrá que escoger entre promover la ejecución de las agendas departamentales o la agenda nacional de proyectos estratégicos. Optar por lo segundo nos devolvería varios años en materia de calidad de la política pública para el desarrollo productivo, pues el modelo de definir sectores nacionales únicos a los que los departamentos se van acomodando en el camino no ha sido exitoso en Colombia. El proceso objetivo de identificación de sectores con potencial en cada departamento ya empezó hace algunos años y ya le ha permitido al actual gobierno identificar 178 sectores con potencial en 22 departamentos. Dicho proceso fue lento y costoso, y se hizo siguiendo criterios técnicos bien definidos. Repetirlo o reemplazarlo por los proyectos estratégicos nacionales sería contraproducente. Por otro lado, si bien la propuesta de Fajardo menciona el enfoque territorial, dicho enfoque parece limitarse a la forma en que se resolverán los problemas de coordinación y al nivel en que se ejecutarán las políticas. Fajardo propone que el presidente se reúna una vez al año con cada comisión regional de competitividad, con el fin de revisar el avance de la agenda de desarrollo productivo departamental. Aunque esto es conveniente, la verdadera regionalización de la política de desarrollo productivo debería ocurrir en el diseño mismo de los instrumentos.
Fajardo anuncia que en conjunto con sectores sociales y económicos va a “revisar los TLC y sus efectos”. No se entiende bien cómo será esta revisión ni cuál será su propósito. Consideramos que más que revisar los TLC lo que debe pasar es que haya una agenda claramente orientada a aprovecharlos al máximo, a eliminar medidas no arancelarias que increíblemente afectan nuestras propias exportaciones (como las inspecciones dispendiosas).
Finalmente, en materia de entorno económico algunos componentes de la agenda de competitividad brillan por su ausencia. Tal es el caso, por ejemplo, de la agenda de logística, fundamental para hacer más competitivas a las empresas colombianas en los mercados internacionales.
Política social. En materia social, Fajardo propone crear 500.000 empleos anualmente (desde el segundo año), enfocándose en jóvenes y mujeres, los más excluidos del mercado laboral. Para ello plantea avanzar en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y fortalecer el Servicio Público de Empleo. Estas últimas dos herramientas permitirán, en su orden, que las instituciones educativas brinden a la gente las destrezas y los conocimientos requeridos por las empresas, y que quienes buscan y ofrecen empleo se encuentren más fácilmente. Por otra parte, Fajardo propone hacer del Sena una entidad versátil y eficiente, que identifique rápidamente las necesidades cambiantes del sector productivo y se adapte a las vocaciones de cada región.
Esta propuesta es conveniente, aunque no novedosa. Si bien estas propuestas son deseables, vale resaltar que generar 500.000 empleos no es tan ambicioso. En los tres primeros años del gobierno Santos se generaron 2,3 millones de empleos, es decir, casi 800.000 por año (aunque hay que reconocer que eso ocurrió en tiempos de vacas gordas). Por otro lado, la propuesta no explica concretamente cómo conseguirá esos objetivos. ¿Cómo va a generar trabajo? ¿En qué sectores? ¿Qué incentivos o apoyos específicos usará?
La segunda propuesta del pilar de política social es luchar contra la pobreza y la desigualdad. Fajardo aclara que todas las acciones de su gobierno deben repercutir en inclusión social y productiva. En primera instancia, plantea focalizar y evaluar los programas sociales y subsidios, y enfatiza que la política social se enfocará en estrategias de transferencias monetarias, seguridad alimentaria y nutrición, cuidado a la primera infancia y política de vivienda rural. Esta propuesta no es novedosa, pues la focalización y evaluación técnica de programas sociales y subsidios ya se hace. Sin embargo, es relevante en la medida que enfatiza que esto se mantendrá y reforzará. Mantener programas que han tenido impacto positivo en la pobreza en el corto y largo plazo (como Familias en Acción o De Cero a Siempre) es deseable, siempre y cuando éstos se blinden contra la corrupción.
Una propuesta que sí es innovadora es la creación del programa Jóvenes con Futuro, para llevar a escala nacional lo que Fajardo logró exitosamente con el programa en Medellín y Antioquia. El objetivo es ofrecer a jóvenes en situación de vulnerabilidad oportunidades educativas, culturales, deportivas y de inserción laboral. Esta apuesta es fundamental, pues los jóvenes colombianos tienen poco acceso a educación media y superior (sólo el 30 % termina la educación media) y las oportunidades de empleo son escasas (uno de cada dos desempleados es joven), lo cual repercute en una mayor propensión a entrar al mundo de la criminalidad.
Otra propuesta novedosa y conveniente es el programa de apoyo a madres en situación de vulnerabilidad, para pagarles licencia de maternidad, capacitarlas y apoyarlas para conseguir trabajo formal. Esta iniciativa reconoce que la pobreza y la desigualdad afectan diferencialmente a las mujeres (la feminización de la pobreza es una problemática a nivel mundial: 70 % de la población en pobreza son mujeres).
Fajardo propone también un programa de mejoramiento de barrios, para llevar bienes públicos y alternativas de empleo y desarrollo productivo a los barrios marginales. Consideramos conveniente esta propuesta, pues tiene el potencial de replicar en varias ciudades el proceso de transformación que ocurrió en Medellín como consecuencia de la construcción de parques, bibliotecas públicas, centros de emprendimiento e infraestructura de transporte. Pese a la buena intención y al potencial del urbanismo social, queda la duda de cómo se pagarán estas grandes inversiones en ciudades que no tienen su EPM (que representa el 20 % del presupuesto de Medellín) sin aumentar el gasto de la nación.
Otra de las propuestas es apoyar las economías informales para que se formalicen, por ejemplo, identificando los cuellos de botella en regulación que dificultan formalizarse y capacitándolas. Menciona también un programa de estímulo a clústeres prioritarios. El tema de reducir barreras regulatorias a la formalización es poco novedoso (se propuso desde los noventa a nivel mundial, bajo el impulso del peruano Hernando de Soto) y no ha tenido el impacto esperado. Por otro lado, aunque la propuesta de apoyar clústeres prioritarios suena conveniente, no es claro a qué se refiere exactamente, ni cómo reduciría la informalidad.
Responsabilidad económica. Fajardo plantea que una política económica responsable debe reflejarse en el éxito de las empresas y la generación de empleo y oportunidades, algo que requiere confianza, transparencia y lucha contra la corrupción, para aumentar los ingresos anuales del Gobierno en por lo menos un punto del PIB. El candidato argumenta que su gobierno estará comprometido con la transparencia y la meritocracia en la contratación pública. Para lograr esto, propone hacer audiencias públicas con el fin de priorizar proyectos regionales y nacionales, y usar la tecnología en la contratación pública para aumentar la transparencia y la competencia, fomentando la entrada de nuevos oferentes (al menos 10.000). También implementará la iniciativa “contratistas al tablero” para hacer seguimiento público a los contratos a lo largo de la ejecución de proyectos. Finalmente, para que los recursos públicos se asignen de manera responsable, transparente, justa y eficiente, Fajardo propone un sistema de seguimiento presupuestal donde se publique municipio por municipio cómo se están usando los impuestos de los colombianos, así como publicar en línea las entidades territoriales beneficiarias de cofinanciación de la Nación, explicando puntajes obtenidos y criterios de calificación.
La propuesta para luchar contra la corrupción y fomentar la transparencia parece sencilla, pero ha demostrado ser altamente efectiva. Fajardo implementó propuestas muy similares en la Gobernación de Antioquia, llevando al departamento al primer puesto en el índice de transparencia de la Procuraduría y de Transparencia por Colombia, y multiplicando significativamente el número de empresas aptas para participar en licitaciones públicas. Si estos resultados pudieran replicarse a nivel nacional, tendrían un gran impacto, no sólo en términos de aumentar el gasto y mejorar la implementación de políticas, sino en reconstruir la confianza en las instituciones públicas y la política, algo que urge en Colombia.
En materia de impuestos y financiación, Fajardo propone implementar un sistema tributario progresivo, claro y transparente. El candidato propone reducir de forma progresiva la tributación a las empresas y tener un tratamiento especial para mipymes. Esta reducción en impuestos se compensaría con incrementos en la tributación efectiva de personas naturales de altos ingresos. Encontramos esta propuesta doblemente conveniente, pues aumentaría la equidad y fomentaría la actividad productiva. También encontramos acertado que, a diferencia de otros candidatos, haga explícito que cualquier disminución de impuestos debe estar acompañada del aumento de otro. Su iniciativa de eliminar exenciones tributarias es también conveniente, pues numerosos estudios en diversos países muestran que estas exenciones pueden no generar el impacto esperado en desarrollo, mientras sí generan con certeza huecos fiscales y son propensas a la corrupción y la captura de rentas.
En materia de gasto, la gran apuesta de Fajardo es la educación. Propone aumentar el gasto en ese rubro como mínimo 10 % cada año, llegando a incrementar el presupuesto en casi 50 % en el 2022. También asegura que no reducirá el presupuesto para seguridad. Finalmente, menciona que enfrentará las injusticias en materia pensional. Para esto plantea formalizar trabajadores y hacer obligatorio aportar a Colpensiones, con la posibilidad de tener un ahorro voluntario adicional. Para que este esquema sea exitoso es necesario aumentar la formalización laboral. Sin embargo, Fajardo no explica cómo conseguirá esto.
Por otro lado, Fajardo afirma que desde el Gobierno Nacional apoyará la financiación del catastro rural, lo cual incrementará el recaudo fiscal de los municipios. Esta propuesta es fundamental, pues pocos municipios tienen la capacidad de financiar sus catastros por sí mismos. Los procesos de restitución de tierras y ordenamiento del territorio requieren un catastro actualizado, y en la actualidad la mitad del país carece de catastro o tiene un catastro desactualizado. Apoyar el financiamiento del catastro debería ser una prioridad de todos los candidatos.
Fajardo propone aumentar la participación de regalías que reciben los departamentos y municipios productores al 40 % del total de ingresos del Sistema General de Regalías (SGR), con el fin de compensarlos por los efectos negativos de la explotación en sus territorios. Aunque estos efectos son evidentes, una medida de este tipo tendría un impacto negativo sobre la equidad. La reforma del SGR distribuyó los recursos de las regalías priorizando los departamentos más pobres y poblados, buscando contribuir al cierre de brechas entre regiones. Por lo tanto, aunque razonable, esta medida es inconveniente.
Además de las anteriores propuestas, Fajardo propone una iniciativa transversal: el Plan de Reactivación para impulsar la economía y mejorar la provisión de bienes públicos. Para esto propone: 1) acelerar los proyectos de infraestructura de transporte como 4G, la red ferroviaria y vías terciarias; 2) infraestructura educativa; 3) construcción de vivienda subsidiada, crédito e impulso a la vivienda rural; 4) desarrollo rural para la competitividad, apoyando la construcción de distritos de riego, adecuación de tierras en alianzas público-privadas, educación rural, y 5) impulsar la infraestructura energética con regulación moderna e impulsando las energías limpias. Aunque esta propuesta es conveniente en abstracto, dudamos de su factibilidad a corto plazo, que es cuando sería relevante.
Procedemos ahora a explicar la factibilidad fiscal de la propuesta. Identificamos que Fajardo gastará (o dejará de percibir) recursos nuevos por los siguientes conceptos: reducción de la tasa impositiva de las empresas, tratamiento tributario especial para las mipymes, instrumentos para el desarrollo productivo, incrementos anuales mínimos del 10 % del gasto en educación, expansión del crédito agropecuario y un ambicioso plan de reactivación económica que contiene componentes de alto costo (como la cofinanciación de nuevos colegios y el apoyo de nuevos distritos de riego). ¿De dónde saldrán los recursos para pagar todas estas iniciativas? Fajardo anuncia (como la mayoría de candidatos) que modernizará la DIAN, haciéndola más eficiente. Además anuncia que combatirá la corrupción, con lo cual aumentarán los ingresos del Gobierno, y que propenderá por un aumento de las tarifas efectivas de renta pagadas por las personas de mayores ingresos y de la eliminación o limitación a exenciones tributarias.
Debemos advertir que las cuentas lucen muy ajustadas. Los recursos provenientes de combatir la corrupción y de modernizar la DIAN son inciertos, y aun si Fajardo lograra seguir al pie de la letra las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria en materia de impuestos a las personas naturales, apenas lograría aumentar el recaudo en algo más de $5 billones (según cálculos de dicha comisión). Tan sólo el aumento del gasto en educación costará $4 billones adicionales al año. Esto significa que, aun en el escenario optimista en que Fajardo logre la aprobación de una reforma tributaria ideal en materia de equidad, la ejecución de su plan de reactivación estará sujeta a que la lucha contra la corrupción y la modernización de la DIAN rinda sus frutos en materia de recaudo, lo cual difícilmente ocurrirá a corto plazo. Esto nos lleva a poner en duda la factibilidad de dicho plan. En ausencia de los ingresos requeridos para ejecutarlo, la única alternativa podría ser incumplir la regla fiscal o cambiarla para gastar más, pues la flexibilidad en el gasto de la nación durante los años 2018 y 2019 será mínima. Consideraríamos este camino inconveniente para el país. Afortunadamente, Fajardo ha sido claro respecto a que cumplirá la regla fiscal. Este compromiso es conveniente y acertado, incluso si ello implica no ejecutar el anunciado plan de reactivación. En la situación actual de ajuste del déficit en cuenta corriente y de recuperación lenta del crecimiento creemos que la mejor política de choque puede ser la prudencia. En vista de lo anterior, debemos concluir que la propuesta de Fajardo de implementar un plan de reactivación económica puede no ser realista y que dicho plan tendrá que componerse principalmente de políticas de remoción de barreras para la actividad económica.
2. Su Experiencia y capacidad de ejecución
Entre los actuales candidatos, Fajardo es quien cuenta con mayor experiencia en administración, tras haber ocupado la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. En estos cargos demostró una gran capacidad de ejecución. No se puede negar que sus apuestas innovadoras y progresistas iniciaron la profunda transformación que ha vivido Medellín durante los últimos lustros. Su paso por la Gobernación de Antioquia, aunque quizás menos transformadora, le otorgó a Fajardo experiencia en cuanto a los retos de gobernar territorios diversos, desde centros urbanos, hasta municipios rurales en las laderas de la montaña y zonas de conflicto (como el Bajo Cauca Antioqueño). Pese a su experiencia administrativa, algunos críticos consideran que Fajardo no tiene la experiencia y aptitud política para relacionarse con el Congreso. Si bien Fajardo no tiene una trayectoria política tan larga como otros candidatos, uno de los logros de sus administraciones fue gobernar en diálogo abierto y cooperativo con el Concejo de Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia. Sin embargo, no cabe duda de que esta tarea será más difícil con el Congreso.
3.Su carácter y estilo de liderazgo
Sin duda, Colombia está polarizada, y salir de esta posición requiere de un líder fuerte. Consideramos que Fajardo tiene un estilo de liderazgo particular, diferente de los liderazgos tradicionales, que proponen soluciones más simples y tienden a privilegiar posiciones más extremas. Creemos que el hecho de que Fajardo haya llegado a la Alcaldía y a la Gobernación con las mayores votaciones históricas del departamento, sin tener las maquinarias políticas a su favor, es la mejor demostración de su liderazgo. Además de lo anterior, tuvo excelentes resultados en sus administraciones, que fueron reconocidos por la ciudadanía, la clase política regional y local y los entes de control.
En cuanto a su carácter, una de las críticas más fuertes a Fajardo es su “tibieza”. Esto le ha costado mucho a Fajardo, de quien muchas personas parecen tener la idea de que es alguien que se concentra más en decir qué no es y qué no representa, que quién sí es y qué propone. En ese sentido, observamos que muchas de las propuestas de su documento no son mencionadas en sus entrevistas, pues en éstas se centra en dejar claro que el modelo de la polarización se agotó y que él será el presidente de la reconciliación y el progreso. No obstante lo anterior, vale la pena preguntarse si la “tibieza” de Fajardo podría entenderse más bien como evidencia de un carácter fuerte y determinado: ser tibio es más difícil que ser extremo, y mantener esta ecuanimidad y coherencia requiere más determinación que caer en posiciones extremas.
* Allison Benson es estudiante de Ph.D. en desarrollo internacional del London School of Economics y Andrés Trejos es estudiante de Ph.D. en economía del University College London.
** Andrés Trejos aclara que fue consultado por el equipo de Sergio Fajardo durante el proceso de elaboración de la propuesta económica de ese candidato.