Justo horas antes de la celebración de la Noche Buena, el gobierno de Iván Duque firmó el decreto con el que se aumentan los sueldos a los congresistas. El incremento de 5,2% ya se había fijado desde mitad de año, pero no se había hecho por causa de la pandemia. Sin embargo, seis meses después, desde el Ejecutivo se firmó el decreto que obliga por orden constitucional el incremento de los salarios a los miembros del Legislativo.
El aumento es de orden retroactivo, por lo que no solo se incrementa el salario actual sino que se paga la diferencia del dinero no recibido a los congresistas desde el 1 de enero de 2020. Estos dos hechos crearon una molestia generalizada, que incluso llevó a miembros del Centro Democrático y el Partido de la U a renunciar a este dinero y anunciar que lo donarán. Asimismo, el partido de Gobierno anunció que en su referendo, con el que buscan meterle mano al sistema de justicia transicional, incluirían un apartado para bajar el salario de los legisladores.
Este anuncio ha sido tildado de populista, y algunos, como Claudia López, han criticado al uribismo por hacer estas propuestas cuando no han apoyado los varios proyectos para reducir y/o congelar el salario de senadores y representantes. Y es que en el Congreso se han tramitado más de 13 iniciativas relacionadas con el tema y ninguno ha prosperado. La mayoría se ha quedado en el primer debate o si quiera ha sido estudiado por las comisiones responsables.
Desde 1997 se han presentado iniciativas para desarrollar y regular el artículo 187 de la Constitución que fija el sueldo de los congresistas, pero hasta el momento no ha prosperado ninguno de estos intentos. El primer proyecto de esta camada fue del controvertido Carlos Moreno de Caro, que después pasaría a diferentes embajadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Este, en 1998, presentó una propuesta para que la asignación de los congresistas fuera reajustada “en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central”. El proyecto apenas alcanzó a tener una ponencia de primer debate y fue archivado por cambio de legislatura.
Un año después, el Legislativo volvió a dejar archivar otro proyecto que le tocaba su sueldo. En esta ocasión los congresistas Luis Elmer Arenas, Claudia Blum -hoy canciller-, Jimmy Chamorro Aurelio Iragorri Hormaza, Viviane Morales, entre otros, propusieron que el ajuste del salario de los congresistas se diera con la proyección de la variación de los índices de precios al consumidor (IPC) para dicho año. Al igual que su antecesor, el proyecto apenas contó con una ponencia y nunca fue debatido.
Moreno de Caro volvió a intentar su propuesto en 1999, pero se volvió a hundir. Por otro lado, en el 2000, José Ignacio Arboleda, José Alfredo Araujo y otros presentaron una iniciativa que fijaba que el reajuste del salario de los congresistas debía ser a través de un promedio ponderado de los aumentos de los otros “servidores de la administración local”, pero el Congreso tampoco discutió esta propuesta.
El tema pareció desaparecer de la agenda hasta que en 2015 lo volvió a traer Claudia López y el Centro Democrático. Ambos radicaron proyectos que trataban este tema. Mientras que en ese momento el partido de oposición propuso que los sueldos de los congresistas se congelaran durante cuatro años, la senadora de los Verdes, con Jimmy Chamorro, Juan Carlos Losada y otros, presentó una iniciativa que pedía que los sueldos de congresistas no pudieran superar los 30 salarios mínimos.
Ambos proyectos fueron acumulados en uno solo y, a pesar de tener autores de diferentes partidos, no fue discutido ni una sola vez y fue archivado por vencimiento de términos. Chamorro llegó a proponer otra forma de reducir el sueldo, y se trataba de pagar por sesión asistida, pero esta iniciativa no llegó a radicarse como tal.
En 2016 volvieron a intentarlo varios miembros de la Alianza Verde que presentaron una propuesta de reforma constitucional en la que se fijaba que los sueldos de los congresistas no podían superar los 25 salarios mínimos. Esta propuesta fue criticada por conservadores, como Roberto Gerlein; miembros del Centro Democrático, como Alfredo Rangel; y hasta Vivian Morales, que militaba en el liberalismo.
Rangel y Morales calificaron de oportunista la propuesta liderada por Claudia López. Esto debido a que supuestamente el descenso en los sueldos de los congresistas era en 2018, cuando esta no haría más parte del Legislativo. Sin embargo, López rechazó estos señalamientos porque aseguró que esta disminución vendría de forma progresiva, comenzando desde que el articulado entrara en vigor. A pesar de las discusiones, la propuesta ni siquiera tuvo su primer debate en Comisión.
Por otro lado, en esa misma época, desde el uribismo se presentó un proyecto que establecía que el salario de los congresistas iba a ser fijado durante 4 años por el mismo incremento del salario mínimo. La propuesta pasó en primer debate sin problema, pero en plenaria de la Cámara se hundió.
En 2017 y 2018, los miembros del Centro Democrático y cercanos a dicho partido presentaron propuestas semejantes, pero ninguna de ellos prosperó y se quedaron en apenas el primer debate. Ante la imposibilidad de una reforma a los sueldos a través del trámite legislativo, esta propuesta fue presentada en la consulta anticorrupción, liderada por Claudia López y Angélica Lozano.
Aunque la pregunta relacionada con salario de los congresistas fue una de las más votadas de forma positiva, no se alcanzó el mínimo de votos para que fuera vinculante, por lo que no pasó. Vale recordar que desde el Centro Democrático se presentó gran oposición a este proceso participativo, pero desde el Gobierno se decidió impulsar sus banderas.
Esto llevó a que en 2018 se presentaran dos proyectos, uno desde el gobierno Duque y otros desde la oposición para fijar el salario de los congresistas en máximo 25 salarios mínimos y se pudiera congelar en dado caso. Ambos se fusionaron en uno solo, que se hundió ante la negativa de varios congresistas a discutir el tema ya que se declararon inhabilitados.
Los congresista argumentaron que no estaban dispuestos a perder sus curules por legislar en causa propia, ya que, según varios conceptos jurídicos, votar la iniciativa los haría incurrir en un conflicto de intereses. La iniciativa pasó a ser discutida en Comisión Segunda, pero esta se hundió debido a que no daban los tiempos para sus cuatro debates.
Por otro lado, el senador Gustavo Bolívar ha liderado la iniciativa para que el pago de los congresistas sea por sesión y que este no pueda superar los 25 salarios mínimos legales. Además, esta propuesta estipula que el aumento del salario de los congresistas es el mismo que el salario mínimo. Sin embargo, esta no ha prosperado.
Ahora último, con la pandemia y las sesiones remotas, se han presentado propuestas y proposiciones que limiten los gastos de representación, que es una buena parte de los salarios de los congresistas. El proyecto relacionado con este tema fue radicado por Bolívar, pero no ha sido debatido hasta el momento y ni siquiera hay ponencia del texto .
De manera similar, en el proyecto que reglamentó las sesiones virtuales también se introdujo una proposición para que los que sesionaran de forma virtual no recibieran los gastos de representación, pero esta fue negada por la bancada de Gobierno, que la tildó de populista y no relacionada con la reforma a la ley quinta de 1992, que rige el reglamento del Congreso.
