A instancias de la Comisión Segunda del Senado, el congresista del Polo Democrático Iván Cepeda protagonizará hoy el debate más esperado de la actual legislatura: el paramilitarismo, el narcotráfico y sus relaciones con la política. Tiene prohibido mencionar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. La bancada del Centro Democrático ya advirtió que si lo hace pedirá la pérdida de su investidura ante el Consejo de Estado. No obstante, si acata la orden, al menos el nombre de Uribe saldrá a relucir en los documentos de su investigación.
El Espectador conoció que en uno de los apartes de la exposición que realizará el senador Cepeda mostrará una serie de documentos que aún reposan en la Cámara de Comercio de Medellín, en los cuales aparece el nombre de Álvaro Uribe Vélez como integrante de la junta directiva de una empresa que tuvo múltiples cambios entre 1981 y 1989, y cuyo socio principal fue Luis Carlos Molina Yepes. Aunque sólo purgó seis años de prisión, este personaje es el mismo que fue condenado por el magnicidio del director de este diario, Guillermo Cano.
Luis Carlos Molina Yepes fue detenido en 1988, luego de que la justicia estableciera que era el verdadero administrador de la cuenta corriente 005-21826-8 del Banco de Crédito y Comercio de la cual salió el cheque con el que se pagó el magnicidio de Guillermo Cano. Cuando fue requerido en indagatoria, admitió que era promotor de negocios de propiedad raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cambio de cheques, industria de carnes e importador de licores, además de uno de los principales accionistas del Banco Ganadero.
Tiempo después, el confeso narcoterrorista John Jairo Velásquez, alias Popeye, admitió que todos los miembros del cartel de Medellín y sus familiares cambiaban los cheques donde Luis Carlos Molina. En su investigación periodística, ‘Nuestro hombre en la DEA’, el periodista Gerardo Reyes confirmó que Molina era un narcotraficante y lavador de dólares muy cercano a Pablo Escobar Gaviria. A pesar de estas circunstancias, Molina se fugó de las instalaciones del DAS apenas se percató de que iba a ser vinculado al magnicidio.
En su debate de control político, el senador Cepeda abordará algunos aspectos del poder económico que en su momento tuvo Molina Yepes, especialmente en torno a la empresa que fue la matriz de su imperio. Una sociedad que fue formalizada en la Notaría 14 de Medellín, el 11 de diciembre de 1981, bajo el nombre de Grupo de Finanzas, Inversiones, Mercadeo, Servicios y Asesorías, Firme S. A. El objeto social de esta empresa fue la realización de inversiones en actividades financieras, agropecuarias, industriales y comerciales, entre otras.
Desde el inicio de sus operaciones, con un capital autorizado de $100 millones, el hombre clave y representante legal fue Luis Carlos Molina Yepes. Sin embargo, entre los principales socios apareció también Carlos Alberto Gaviria Vélez. Una investigación de El Espectador, fechada el 16 de diciembre de 2007, estableció que la misma semana de marzo de 1988, en que Molina Yepes se fugó del DAS, la justicia había ordenado el rastreo de las cuentas y demás negocios, descubriendo el nombre del hermano del hoy senador José Obdulio Gaviria.
En dicha investigación periodística, producto del rastreo al expediente por el magnicidio de Guillermo Cano, El Espectador descubrió que Carlos Alberto Gaviria Vélez, primo hermano de Pablo Escobar no sólo tuvo nexos con Molina Yepes a través del Banco Ganadero, sino que referenció a la misma entidad a Héctor Barrientos, entonces gerente administrativo de la Hacienda Nápoles, fortín del capo de capos. En su exposición Cepeda mostrará que los nexos entre Carlos Alberto Gaviria y Molina Yepes fueron más extensos.
Hicieron parte de la misma empresa que en febrero de 1982 reformó sus estatutos sociales, les dio cabida a nuevos inversionistas y modificó su nombre de Firme S. A. a Comfirmesa S. A. Sin embargo, el congresista Cepeda fue más allá y desentrañando las actas de socios de esta compañía, encontró una información que mostrará hoy en su debate, a las 10 de la mañana del 8 de marzo de 1983, hubo asamblea de socios y modificación en la junta directiva. Entre los nuevos socios, en la lista de principales, apareció el de Álvaro Uribe Vélez.
Según el documento, fue incluido en la segunda fila entre los principales de la junta directiva. encabezando la lista de suplentes se lee el nombre de Luis Carlos Molina Yepes. Según el senador Cepeda, esta evidencia que reposa en la Escritura 2227, libro 9, folio 162, podría significar que el senador Uribe pudo compartir actividades directivas en Comfirmesa S. A., con Molina Yepes y demás socios. Lo cierto es que para el mes de noviembre de 1983, la sociedad volvió a cambiar su estructura y pasó a llamarse Comfirmesa Ltda.
En esta modificación, la propiedad de la compañía se concentró en el círculo familiar del cambista Molina. Si se contextualiza esta información frente a lo que sucedía en ese tiempo en Colombia, hay que recordar que justo por esta época arreciaban las denuncias de Rodrigo Lara Bonilla en el Congreso, la actividad de la Policía Antinarcóticos en cabeza del coronel Jaime Ramírez, y los escritos de Guillermo Cano en El Espectador. Después de que los tres líderes contra el narcotráfico fueron asesinados, la sociedad volvió a cambiar.
En diciembre de 1987, seguramente a sabiendas de que su imperio económico era rastreado, Molina gestionó la cesión de sus acciones en Comfirmesa Ltda. Se las entregó a Mario Cuartas Múnera, y para hacerlo fungió como su abogado Álvaro Montoya Flórez. Aunque no está claro si es familiar de Raúl Montoya Flórez, también es pertinente referenciar un trabajo periodístico de El Espectador, de abril de 2006, en el que se probó que el entonces coordinador de la campaña reeleccionista de Uribe en Magdalena, Raúl Montoya, tuvo negocios con Molina.
Lo cierto es que después de que Molina borró sus rastros en Comfirmesa S. A. empezó la disolución de la sociedad. Según las actas, 31 de marzo de 1989, se concretó esta operación. Dos días antes, había sido asesinado en Bogotá el abogado de El Espectador y de la familia Cano, Héctor Giraldo Gálvez. Y fue precisamente el abogado Giraldo quien desentrañó la telaraña económica de Luis Carlos Molina. Antes de ser asesinado escribió: “Basta mirar los depósitos de sus cuentas con cifras tan grandes que no caben en los extractos del banco, para deducir su responsabilidad”.
Desde julio de 2010, cuando la Fiscalía declaró que el asesinato de Guillermo Cano tiene la categoría de crimen de lesa humanidad, la justicia tiene la posibilidad de seguir investigando este y otros magnicidios perpetrados por el cartel de Medellín. Al menos, para la memoria de este periódico y la de la sociedad colombiana, valdría la pena volver a mirar el imperio económico de Molina, quien tras ser recapturado en febrero de 1997, sólo purgó seis años de prisión. Su empresa Comfirmesa S. A. murió formalmente en noviembre de 1989.