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El gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el incidente de desacato que la Corte Constitucional abrió por los posibles incumplimientos a la sentencia T-302 de 2017, que establece medidas sobre los derechos fundamentales a la alimentación, salud, agua potable y participación de niñas y niños Wayúu de La Guajira.
Según la consejera Sandra Ortiz, la Presidencia ya le respondió al tribunal y cumplió su compromiso de entregar un plan de acción provisional y una batería de indicadores. Además, dijo que avanzan en la creación de una mesa articuladora sobre todos los temas de la sentencia, la cual estaría lista antes de terminar el 2023.
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Ortiz aseguró que nunca antes un gobierno había estado tan comprometido con la situación de La Guajira. Recordó que el presidente y su gabinete gobernaron una semana desde ese departamento y que el presupuesto para este tema aumentó en un 76 %, cerca de tres billones de pesos.
El Gobierno nacional, liderado por el Dr. Gustavo Petro, ha tomado medidas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en la niñez indígena Wayuu, presentando informes y cumpliendo con los compromisos establecidos por la Corte Constitucional. Esto incluye la remisión de… pic.twitter.com/m3Cv79LeE6
— Sandra Ortiz (@SandraOrtizN) November 28, 2023
“Este es un Gobierno que se ha entregado al propósito de sacar La Guajira adelante (...) que sí le ha complicado con hechos”, dijo Ortiz, quien reiteró que han intentado cumplir en pocos meses los compromisos que vienen desde el 2017.
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Según la Corte, el incidente se da porque hasta la fecha no se ha cumplido con la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas. “Si bien se reportó la creación de la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira como acción para cumplir la orden, esta no es conducente, toda vez que es incompatible con los elementos del mandato al no incluir a todas las entidades concernidas en la orden”, señaló el alto tribunal.
La decisión aplica para la propia Sandra Ortiz, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la de Ambiente, María Susana Muhamad; la de Agricultura, Jhenifer Mojica; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia; y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, entre otros funcionarios.
Sin embargo, es de resaltar que el magistrado José Fernando Reyes aclaró su voto y dijo que es necesario “adoptar otro tipo de medidas, ante los graves antecedentes que se resaltaron en la providencia, especialmente el paso de más de cinco años sin que las entidades obligadas al cumplimiento hubieran conformado el Mecanismo encargado de ejecutar las órdenes estructurales de la sentencia”.
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