Sobre el tema parece no haber consenso. Mientras el Gobierno habla de tramitar un proyecto de reforma a la Ley de Orden Público que le permita al presidente Juan Manuel Santos gestionar las zonas de concentración de los desmovilizados de las Farc tras la firma del acuerdo de paz, el grupo guerrillero insiste en que la cuestión no ha sido discutida en la mesa de negociaciones de La Habana (Cuba) y que lo dicho por el Gobierno es tan solo una “aspiración unilateral”.
Sin embargo, pese a los reparos de la subversión, el Ejecutivo parece tener el panorama claro. De hecho, el mismo presidente había revelado en diciembre pasado que las propuestas al respecto ya se habían planteado en la mesa de diálogos, con un estimado sobre cuántas podrían ser las zonas de concentración: “Estamos negociando dónde serían y cuántas serían y ahí estamos llegando a unos acuerdos, ojalá sea pronto. Nosotros estamos pensando en que sean alrededor de siete o diez y la guerrilla está pensando en un número más alto”, detalló entonces en una entrevista con CNN Internacional.
La discusión no es menor, pues del éxito del proceso de concentración de tropas dependerán –en buena parte– los resultados del desarme y desmovilización de las estructuras guerrilleras. Además, en plena recta final del proceso de paz, se hace necesario establecer cuanto antes las bases de lo que sería una eventual desmovilización para que cuando se efectúe la firma —el 23 de marzo, según se ha dicho— el siguiente paso se pueda dar casi de inmediato.
En ese camino vale la pena hacer una revisión de la experiencia más cercana que ha tenido Colombia en el tema, que si bien fue de naturaleza diferente, dejó logros y fracasos que claramente cobran relevancia en el camino que actualmente recorre el país: la desmovilización de las Auc en el marco de las negociaciones iniciadas formalmente el 15 de julio de 2003 con la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe.
Los expertos coinciden en que el principal problema que tuvo dicho proceso fue la falta de verificación, por parte del Gobierno, de la cifra real de hombres que integraban las filas de las autodefensas, para compararlas con la cantidad de efectivos que finalmente entregaron las armas.
Los números extraoficiales daban cuenta de la existencia de no más de 16 mil hombres pertenecientes a estas estructuras y sin embargo la cifra final de desmovilizados fue muy superior. Según las cuentas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre el 25 de noviembre de 2003 y el 15 de agosto de 2006 se desmovilizaron un total de 31.671 combatientes en 38 actos diferentes.
Con el tiempo se supo que muchos de esos hombres no pertenecían a los grupos paramilitares y solo fueron incluidos en el proceso para acceder a los beneficios judiciales que otorgaba la Ley de Justicia y Paz. La metodología de desmonte parcial colectivo planteó además otro inconveniente: el dilatado período en el que se realizó la desmovilización total (tres años) y los prolongados espacios entre uno y otro acto, una situación que abrió la puerta para que estructuras no desmovilizadas llegaran a zonas en las que ya se había completado el proceso.
En todo ese tránsito el punto clave fue la creación —a través de decretos— de las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), destinadas a la concentración de tropas con miras a la desmovilización y entrega de armas. La facultad del Ejecutivo para constituir estas áreas fue establecida a través de la Ley 782 de 2002 —reforma de la Ley de Orden Público (418 de 1997)—, en la que además se determinaba que en dichas zonas quedaban suspendidas las órdenes de captura contra los integrantes del grupo paramilitar y que la Fuerza Pública sería la encargada de “garantizar la seguridad”.
Las zonas, que funcionaban entre 15 y 30 días, se establecieron para cada uno de los bloques y frentes en proceso de desmovilización y teniendo en cuenta la región en la que dichas estructuras habían hecho presencia histórica. Así las cosas, por ejemplo, para el Bloque Cacique Nutibara, que el 25 de noviembre de 2003 fue el primero en desmovilizarse, con 868 hombres, fue creada una Zona de Ubicación Temporal en el Predio denominado “La Montaña Centro Recreacional (Sede Prosocial)”, en el municipio de La Ceja, en Antioquia.
En total, entre 2003 y 2006, el Gobierno gastó casi $19 mil millones para el proceso de concentración de paramilitares, según cifras del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
Ya concentrados, los desmovilizados fueron identificados, carnetizados y entrevistados en diligencias de versión libre para hacer un registro oficial, como requisito para la fase de desarme denominada “Estudio Técnico e Identificación”. En esta etapa se realizó el registro y clasificación de las características de cada arma para verificar su procedencia y realizar la posterior entrega. Los actos oficiales de desarme se realizaron en presencia del alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y los procesos contaron con la participación de las Fuerzas Militares, el DAS, la Policía y la Fiscalía General. El resultado fue la entrega de 18.051 armas, 13.117 granadas y 2’716.401 municiones. Finalmente, en 2007, el armamento se fundió durante un acto simbólico en la Siderúrgica Nacional de Sogamoso, en Boyacá.
En ambos procesos, el de concentración y el de desarme, el apoyo de la verificación internacional, a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA), jugó un papel determinante. Y es precisamente ese otro de los aspectos que plantean varias lecciones de cara al proceso actual con las Farc. En el caso de las Auc, la misma OEA fue la encargada de plantear la discusión sobre los obstáculos y falencias del proceso, relacionados con la financiación y las dificultades en terreno.
Debido a que desde un comienzo se estableció que la financiación de la Misión provendría de contribuciones voluntarias, pues la OEA no tenía fondos fijos para su funcionamiento, el proceso se caracterizó por la “condición precaria”, pues además el jefe de la Misión tuvo que invertir gran parte de su tiempo en la búsqueda del apoyo de países donantes. Así quedó consignado en el informe entregado en octubre de 2005 por la Misión de Observación al Proceso de Paz de la OEA, en el que además se especificó que la limitación en la financiación derivó en la insuficiencia de personal para cubrir las áreas donde se llevaban a cabo las labores de verificación y apoyo.
El problema mayor se dio para el control y la comprobación en los territorios del cese de hostilidades decretado por las Auc en diciembre de 2002, casi un año antes de que se diera la primera desmovilización. De acuerdo con la OEA, varios factores hicieron que la labor no se realizara de la forma adecuada. “No todos los bloques y unidades paramilitares participan en la mesa de negociación. Las unidades paramilitares no están concentradas, lo que dificulta bastante la verificación y, en ocasiones, la vuelve peligrosa. La poca cantidad de oficiales verificadores en las distintas áreas del conflicto sólo permite que un número limitado de casos sea verificado”, explicó el organismo, insistiendo en la necesidad de establecer criterios que determinaran claramente cuáles hechos y actos iban a ser verificados, en qué áreas, con cuáles procedimientos y cómo y ante quién reportar las violaciones.
Tras la desmovilización vinieron las cuestionadas políticas de reinserción y reintegración, que por falta de estructuración derivaron en el rearme y reconfiguración de grupos de exautodefensas. Por un lado, los jefes desmovilizados fueron recluidos en el centro especial de La Ceja, Antioquia, y posteriormente trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Luego, en una movida inesperada del Gobierno, fue ordenada su extradición a Estados Unidos.
Los paramilitares rasos, por su parte, iniciaron la etapa de reinserción en los denominados “Centros de Referencia y Oportunidad”, ubicados en las zonas donde tuvieron lugar las desmovilizaciones y en los que se les brindaron servicios de alojamiento, alimentación y atención jurídica. A través del Programa de Reincorporación a la Vida Civil, dirigido por el Ministerio del Interior y de Justicia, se determinó entregar un subsidio personal —en un período de entre 18 y 24 meses— de $537 mil mensuales como ayuda humanitaria y un subsidio de $80 mil para el regreso a sus comunidades. El auxilio económico, sin embargo, se transformó en un problema más que derivó en un desestímulo para que los beneficiados buscaran opciones de trabajo productivas.
A eso se sumó otro factor determinante: la participación de los desmovilizados no fue la esperada. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, de las 31.671 personas desmovilizadas de las Auc oficialmente, sólo cerca de 20 mil se reportaron e hicieron parte del programa de reintegración, mientras que de las otras 11 mil no se supo nada, pues no era obligación legal reportarse. “Nunca logró establecerse su real situación y destino. La Procuraduría llamó la atención sobre esta situación y argumentó que ello impedía precisar el grado de cumplimiento de las garantías de no repetición por parte de la población desmovilizada”, señaló el Centro de Memoria Histórica en el informe publicado en 2015, titulado “Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las Auc”.
El proceso de las Auc en cifras
$18.900 millones gastó el Gobierno en concentraciones y desmovilizaciones entre 2003 y 2006.
18.051 armas, 13.117 granadas y 2’716.401 municiones fueron entregadas en el proceso.
20.000 combatientes, de los 31.671 desmovilizados hicieron parte de los procesos de reintegración de las Auc.
868 hombres pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara se desmovilizaron en el primer acto oficial, en noviembre de 2003.
La verificación en el caso de las Farc
En octubre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció que pediría ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un mandato especial para agilizar el apoyo necesario en la verificación de un eventual cese del fuego bilateral con las Farc. Aunque el mandatario ha recibido el respaldo de los cinco miembros permanentes del Consejo, el tema requiere tiempo y mucho trámite.
Además, para poder iniciar labores, la ONU necesita primero una hoja de ruta que especifique qué tipo de verificación se hará y cuáles serán los parámetros, un tema en el que desde hace un año viene trabajando en La Habana (Cuba) la llamada Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, integrada por militares activos, comandantes guerrilleros y delegados de Unasur y Naciones Unidas.
A eso se suma la obtención de recursos para la ejecución de la verificación y la financiación de la misión, un punto clave si se tiene en cuenta la experiencia de la OEA con las Auc.
Por Marcela Osorio Granados
