Lecciones de los acuerdos con las Auc

Los sondeos más recientes señalan que en el imaginario de los ciudadanos persiste la idea de que las negociaciones avanzan a paso lento, mientras la guerrilla se fortalece en algunas regiones del país. Para la gran mayoría, la posibilidad de un acuerdo definitivo sigue siendo una opción lejana.

Sin embargo, más allá de las particularidades del caso, la desconfianza frente a los resultados del proceso es también producto de las dudas y sinsabores que dejaron en el pasado los fallidos intentos de negociación y el balance tras la desmovilización de los grupos de autodefensa. Experiencias que hoy cobran más importancia que nunca, pues las lecciones aprendidas servirán de insumo para evitar que en La Habana se cometan los mismos errores.

De ahí la pertinencia del documento publicado por el Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional, en el cual ofrece una reflexión sobre los factores que determinaron el proceso de desmovilización de las autodefensas y las deficiencias que llevaron a posteriores escenarios de rearme y reincidencia.

El informe señala que, en el caso de las Auc, la gran falencia estuvo en la falta de formalización de acuerdos con compromisos claros. El proceso, que se concentró en tres temas específicos —beneficios jurídicos, garantías para el desarme, la desmovilización y la “reinstitucionalización”— terminó siendo un “acto de buena fe” que finalmente derivó en inobservancias de parte y parte. “Los procesos de paz con las autodefensas dejan como enseñanza la necesidad de formalizar todo lo acordado, la verificación estricta de los acuerdos y la seguridad jurídica para los excombatientes”, señala.

El proceso fue en el fondo, argumenta el Observatorio, un sometimiento a la justicia que además implicó “la invisibilidad del complejo escenario en el cual estuvieron involucrados múltiples actores institucionales, políticos, económicos y sociales”. A eso se suman las dificultades en el tema de reinstitucionalización derivadas de la ausencia estatal permanente en las zonas que habían sido ocupadas por las estructuras de las autodefensas y que permitió que dichos territorios fueran ocupados por nuevos actores armados.

Por eso el informe insiste en que el principal reto de cara a un nuevo proceso de paz es la generación de espacios que permitan anclajes en la legalidad y que cuenten con presencia del Estado. “El mayor riesgo para la consolidación de los nuevos procesos de paz con las guerrillas es la existencia de organizaciones armadas ilegales, como las bacrim, lo cual convoca a buscar mecanismos para cerrarles el paso a las ofertas de la ilegalidad. Este proceso requiere el acompañamiento de una amplia presencia del Estado y su institucionalidad; en especial, en las zonas donde ha operado la guerrilla”, puntualiza.