Ley anticorrupción aprobada en Senado, ahora falta la conciliación

Tras un largo trámite en el Senado, este lunes se aprobó finalmente la totalidad del proyecto anticorrupción, presentado el 20 de julio de 2017 por el entonces fiscal Néstor humberto Martínez. De los más de 50 artículos que componen la iniciativa, solo hacía falta votar cinco artículos. Así, pese a las dudas de algunos senadores frente a los artículos más polémicos -como el de la eliminación de la casa por cárcel a corruptos-, la plenaria votó positivamente el articulado y casi que por unanimidad.

La eliminación de la casa por cárcel, por ejemplo, tuvo 56 votos a favor y cero en contra. La ley hoy establece que “la ejecución de la pena privativa de la libertad, se cumplirá en el lugar de residencia cuando haya cumplido la mitad de la condena, excepto cuando cometa delitos como genocidio, trata de personas, extorsión, fabricación y porte de armas, delitos contra la libertad, violación del Derecho Internacional humanitario”. Y si se llegara a aprobar esta reforma, a la lista de delitos que impiden hacer uso del beneficio penitenciario se le incluye los dolosos contra la administración pública y administración de justicia. Una propuesta que se desprendió de la consulta anticorrupción, votada por más de 11 millones de colombianos el año pasado.

Lea para contexto: Eliminación de la casa por cárcel: la prueba de fuego para los congresistas

Y el artículo seis, que impide la subcontratación interadministrativa de empresas públicas y privadas, excepto en el caso de las universidades, tuvo la misma cantidad de votos a favor que el anterior. El fiscal encargado, Fabio Espitia, expresó que esa subcontratación es “el foco de corrupción, cuando se busca burlar los requisitos del sistema”. Y dijo que si bien aceptaba que se excluyeran los contratos de las universidades, a la entidad que dirige le seguirá preocupando que los centros de estudios superiores sean “flujos” de corrupción.

El artículo 28, que impide que funcionarios públicos revelen información secreta o reservada , tuvo 57 votos a favor. Para no ir en contra del oficio periodístico, Germán Varón Cotrino, coordinador ponente, propuso adicionar una frase que dice "sin perjuicio del secreto profesional que se le confiere a los periodistas para efectos de mantener en reserva la fuente".

Según la ponencia aprobada, quienes filtren información de este tipo podrán recibir penas  "de 16 a 54 meses en prisión, multa de entre 20 a 90 salarios mínimos y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos”. Y, cuando el documento revelado sea sobre procesos judiciales, la pena será de 4 a 6 años de cárcel.

"Quiero agradecerle a todos, ha sido un esfuerzo muy grande, lo reconoce el Gobierno. Este proyecto recogió iniciativas de la mesa técnica de la Consulta Anticorrupción, de la Alianza Verde y de otros partidos. Les agradezco en nombre del presidente Iván Duque", manifestó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Ahora, el proyetco deberá ser conciliado, y desde ya se sabe, que la dificultad será aprobar la iniciativa en la Cámara de Representantes, donde de serguro lloverán impedimentos que demorarán el debate. Está en manos de Alejandro Carlos Chacón, presidente de esa corporación, agilizar el trámite para que no se hunda por falta de tiempo, ya que las sesiones ordinarias van hasta el jueves 20 de junio.

Tras un largo trámite en el Senado, este lunes se aprobó finalmente la totalidad del proyecto anticorrupción, presentado el 20 de julio de 2017 por el entonces fiscal Néstor humberto Martínez. De los más de 50 artículos que componen la iniciativa, solo hacía falta votar cinco artículos. Así, pese a las dudas de algunos senadores frente a los artículos más polémicos -como el de la eliminación de la casa por cárcel a corruptos-, la plenaria votó positivamente el articulado y casi que por unanimidad.

La eliminación de la casa por cárcel, por ejemplo, tuvo 56 votos a favor y cero en contra. La ley hoy establece que “la ejecución de la pena privativa de la libertad, se cumplirá en el lugar de residencia cuando haya cumplido la mitad de la condena, excepto cuando cometa delitos como genocidio, trata de personas, extorsión, fabricación y porte de armas, delitos contra la libertad, violación del Derecho Internacional humanitario”. Y si se llegara a aprobar esta reforma, a la lista de delitos que impiden hacer uso del beneficio penitenciario se le incluye los dolosos contra la administración pública y administración de justicia. Una propuesta que se desprendió de la consulta anticorrupción, votada por más de 11 millones de colombianos el año pasado.

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Y el artículo seis, que impide la subcontratación interadministrativa de empresas públicas y privadas, excepto en el caso de las universidades, tuvo la misma cantidad de votos a favor que el anterior. El fiscal encargado, Fabio Espitia, expresó que esa subcontratación es “el foco de corrupción, cuando se busca burlar los requisitos del sistema”. Y dijo que si bien aceptaba que se excluyeran los contratos de las universidades, a la entidad que dirige le seguirá preocupando que los centros de estudios superiores sean “flujos” de corrupción.

El artículo 28, que impide que funcionarios públicos revelen información secreta o reservada , tuvo 57 votos a favor. Para no ir en contra del oficio periodístico, Germán Varón Cotrino, coordinador ponente, propuso adicionar una frase que dice "sin perjuicio del secreto profesional que se le confiere a los periodistas para efectos de mantener en reserva la fuente".

Según la ponencia aprobada, quienes filtren información de este tipo podrán recibir penas  "de 16 a 54 meses en prisión, multa de entre 20 a 90 salarios mínimos y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos”. Y, cuando el documento revelado sea sobre procesos judiciales, la pena será de 4 a 6 años de cárcel.

"Quiero agradecerle a todos, ha sido un esfuerzo muy grande, lo reconoce el Gobierno. Este proyecto recogió iniciativas de la mesa técnica de la Consulta Anticorrupción, de la Alianza Verde y de otros partidos. Les agradezco en nombre del presidente Iván Duque", manifestó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Ahora, el proyetco deberá ser conciliado, y desde ya se sabe, que la dificultad será aprobar la iniciativa en la Cámara de Representantes, donde de serguro lloverán impedimentos que demorarán el debate. Está en manos de Alejandro Carlos Chacón, presidente de esa corporación, agilizar el trámite para que no se hunda por falta de tiempo, ya que las sesiones ordinarias van hasta el jueves 20 de junio.