Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en la noche de este miércoles la ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La iniciativa ahora pasa a discusión en las plenarias de ambas corporaciones.
El proyecto, que llegó con 27 artículos para su discusión, obtuvo su visto bueno en la misma noche en que se confirmó la salida del ahora exministro del Interior Rodrigo Lara. La confirmación de su retiro se dio casi que unos 45 minutos antes de que las comisiones conjuntas avalaran una de las iniciativas bandera de la Casa de Nariño.
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Esta iniciativa debe ser avalada en plenarias antes del 5 de noviembre próximo porque también incluye la vigencia de la llamada ley de orden público. Por eso, de acuerdo con lo que se vio en la noche de este miércoles en el Capitolio, el ministro de Justicia, Iván Cancino, le meterá el acelerador a sus trámite y búsqueda de apoyos.
El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, uno de los ponentes de la iniciativa, aseguró que “se incorporaron elementos muy importantes desde todos los sectores”, por lo que ahora “el país podrá enfocar unos objetivos necesarios para la seguridad, la presencia territorial y de orden pública”.
Y uno de los ponentes de la Cámara, el representante Daniel Briceño –también del Centro Democrático–, ratificó que con este paso se le puso cerrojo a una política del expresidente Gustavo Petro que, según su versión, solo incrementó la ilegalidad. "Este proyecto es el fin de la ‘paz total’ de Petro", enfatizó.
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Este proyecto es clave porque cierra la puerta a lo que la administración anterior denominó como "paz total" y, de paso, establece que con ninguna de esas organizaciones criminales se establecerán negociaciones políticas. La intención del jefe de Estado es dar una lucha frontal contra el narcoterrorismo y ofrecer gabelas jurídicas a quienes se entreguen y dejen la ilegalidad.
Esto último implicaba que todo proceso, colectivo o individual, incluyera la mediación de un abogado. No obstante, esto se ajustó en los debates de este miércoles y se dejó que la representación no necesariamente sea a través de un jurista.
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En medio de la discusión, de acuerdo con los debates realizados, se incluyeron algunos artículos. En efecto, se agregó uno sobre protección de la intimidad de las víctimas para garantizar confidencialidad y proteger la intimidad de afectados por determinados delitos.
“Se garantiza el derecho de las víctimas a ser reconocidas, recibir asesoría y representación judicial a través de la Defensoría del Pueblo, así como a ser informadas sobre los avances de la investigación y del proceso judicial”, se lee en otro de los apartados nuevos.
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Y para cerrar cualquier tipo de negociación con carácter político, de acuerdo con lo aprobado en las comisiones, se incluyó un texto explícito adicional sobre este tipo de situaciones.
“El tratamiento penal diferenciado y los beneficios jurídicos no modifican las penas accesorias previstas en el Código Penal ni las inhabilidades para inscribirse a cargos de elección popular. Además, la aplicación de esta ley no implica el reconocimiento de carácter político a los actores armados”, fue el contenido avalado en estos primeros debates.
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El ministro Cancino, quien ahora también estará al frente de la cartera del Interior bajo la figura de encargado, aseguró que este trámite debe continuar en las plenarias y que los diálogos con todos los sectores se deben potenciar.
"Esta ley, desde ningún punto de vista, es un escenario de impunidad. Habrá investigación efectiva de todos los delitos, habrá sanción y habrá condena para ellos", precisó Cancino.
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En todo caso, siguiendo la línea de sector opositor, la izquierda del Pacto Histórico aseguró que esta norma genera problemas de impunidad y que, por lo mismo, no debería avanzar más en el trámite legislativo.
"Busca darles gigantescos beneficios penales a narcos, lavadores de activos y testaferros, sin exigirles resultados reales de desmantelamiento", dijo la senadora del Pacto Carolina Corcho.
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