Evidentes falencias en la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fueron expuestas el miércoles en la plenaria el Senado, con motivo del primer año de sanción de la norma. Esa es la conclusión de la exposición que realizaron el procurador general, Alejandro Ordóñez; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez y la contralora, Sandra Morelli.
Aunque los altos funcionarios reconocen que esta es una ley que está proyectada a largo plazo y por lo cual hay que tener un “moderado optimismo”, consideran que el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación son complejos y es poco lo que se ha hecho en ese sentido.
Uno de los aspectos más críticos que fue resaltado por el procurador Ordóñez tiene que ver con la reparación administrativa, sobre la cual fue contundente al señalar que hasta el momento “no tenemos ninguna víctima reparada administrativamente en el marco de la Ley 1448. Las reparaciones que se han presentado lo han sido en el marco del Decreto 1290 de 2008”.
Frente al Registro Único de Víctimas, el balance habla de evidentes falencias, pues se han presentado más de 94 mil solicitudes de inclusión, de las cuales más del 80% no han sido resueltas, situación que dificulta el acceso a la ayuda humanitaria. En materia de restitución de tierras, la Procuraduría advirtió sobre cuellos de botella que no permitirán que la reparación se lleve a cabo en el corto plazo y existe la posibilidad de que estas restituciones se lleven a cabo de forma simultánea ante la jurisdicción civil y el contencioso administrativo, sin que haya una respuesta pronta.
Por su parte, la contralora Sandra Morelli dijo que “la gran tragedia de este país es que nos quedamos sin ejecutar las leyes”. En ese sentido enfatizó: “La Unidad de Tierras ha recibido 19 mil solicitudes, de las cuales sólo se ha podido examinar el 2%, priorizando las zonas macrofocalizadas (con mayor índice de desplazamiento y presencia de víctimas). Aunque ya están designados los jueces y magistrados, no hay decisiones por una evidente falta de sincronía”.
Además, la contralora hizo énfasis en la inequidad que se viene presentando con la implementación de la ley entre víctimas y victimarios. “Los victimarios en el marco de la Ley de Justicia y Paz reciben un salario mínimo por persona. A las víctimas se les entrega el mismo monto, pero por familia”. Del mismo modo, explicó que los desplazados recibían una suma igual a 27 salarios mínimos al año y las víctimas 17”.