En cabeza del ministro de Justicia, Néstor Osuna; el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga; y congresistas de diferentes partidos, el Gobierno radicó este miércoles un proyecto de ley para proteger a los denunciantes de actos de corrupción. “Hay que cuidar la intimidad, la reserva, el domicilio y la integridad física de las personas que se atreven a denunciar a los corruptos”, señaló el ministerio de Justicia.
Según el secretario Idárraga, el proyecto fue diseñado en memoria de Jorge Enrique Pizano, auditor del proyecto Ruta del Sol II y reconocido por su testimonio en el caso Odebrecht, quien murió exactamente hace cinco años. “Queremos que los colombianos vivan sin miedo a denunciar”, dijo.
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“Mis amigos, mi familia y yo hemos padecido en carne propia lo difícil que es denunciar la corrupción. En Colombia, denunciar implica enviar solicitudes a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección y sentarse a esperar, muchas veces, hasta perder la vida”, dijo la representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, quien respalda el proyecto.
Los promotores de la iniciativa aseguran que ésta se ha hundido por lo menos nueve veces en el Congreso, pero que en esta ocasión cuenta con el aval del Consejo Superior de Política Criminal y con el respaldo de los partidos. En la radicación estuvieron presentes congresistas del Pacto Histórico, el Partido Liberal, la Alianza Verde y el Partido Conservador.
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“Este es un compromiso de más de un año de trabajo que hoy se materializa”, dijo la representante María del Mar Pizarro. Por su parte, Catherine Juvinao aseguró que “como denunciante de corrupción que he sido, conozco la urgencia de proteger a quienes con valentía investigan y evidencian a corruptos y criminales”.
En primer lugar, el proyecto crea el Sistema Unificado de Protección a Reportantes o Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac). Así mismo, establece tres tipos de medidas de protección: las cautelares de protección laboral, las de protección física y las llamadas medidas provisionales de emergencia, que implican una ayuda económica.
“Con esta iniciativa se garantizarán los derechos fundamentales de su núcleo familiar y los derechos laborales, de los reportantes o denunciantes de hechos que se constituyan como presunta corrupción dentro de un caso de alto impacto o actos relevantes”, explicó la Secretaría de Transparencia, que añadió que en todo el proceso se garantizará el acceso a asesoría jurídica.
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