Un sector importante del Partido Liberal se mantiene firme en darle discusión a la “minireforma” laboral mientras que el Gobierno busca caminos para evadir el proyecto y llevar hasta las últimas su consulta popular. Luego de que fuera radicada la ponencia positiva para arrancar el trámite de esta iniciativa, la Casa de Nariño respondió con otra jugada.
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El senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien votó negativo a la reforma laboral del Gobierno y ha lanzado fuertes cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro, radicó la ponencia positiva para que se agende el primer debate de la mini reforma, un proyecto que surgió tras el hundimiento del proyecto oficialista en la Comisión Séptima del Senado.
Sin embargo, la Casa de Nariño se movió rápidamente y el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el proyecto liberal no la tendría tan fácil: “La Consulta va SÍ O SÍ. Es el Partido Liberal el que decidirá en el Senado si el pueblo tiene la voz para defender sus derechos laborales”.
“Mandaremos mensaje de urgencia para que el Partido Liberal se defina”, agregó Benedetti en su cuenta de X. Con este, las comisiones séptimas del Senado y de la Cámara discutirían en conjunto y, según cálculos de fuentes cercanas al alto Gobierno, el proyecto no pasaría.
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Tanto Benedetti, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, han definido a la mini reforma laboral como un “bonsai” de la reforma oficialista que se hundió con ocho votos a favor de la ponencia de archivo. El Ejecutivo ha sido claro en decir que esta medida no guarda el espíritu de la fallida y que no tendría aspectos claves en favor del asalariado.
La radicación de la ponencia se da solo tres días antes de las marchas del 1 de mayo convocadas por el Gobierno para defender los derechos laborales y la consulta popular con la que Petro busca aprobar puntos importantes de su reforma laboral hundida.
Precisamente ese día, el Gobierno radicará la consulta popular en la Secretaría del Senado para que inicie dentro de poco su debate en la plenaria, corporación que deberá definir si existen suficientes razones para que los ciudadanos colombianos vayan a las urnas para votar por las 12 preguntas que la Casa de Nariño pone en consideración.
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