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La Comisión Séptima del Senado de la República este viernes, el tercer debate, el proyecto de ley que busca establecer una licencia matrimonial remunerada de tres días para los empleados que contraigan matrimonio.
La iniciativa busca, específicamente, hacer una modificación al Código Sustantivo del Trabajo para que se dé la licencia, independientemente del tipo de vinculación o el tiempo de servicio. Este nuevo derecho se podría hacer efectivo solamente dentro de los 30 días siguientes del matrimonio o de la declaración de la unión marital de hecho.
En caso de que el proyecto salga avante, quienes deseen utilizar la licencia deberán presentar el registro civil de matrimonio o la prueba de declaratoria de unión marital de hecho.
También hace la claridad sobre que la licencia sería otorgada por una sola vez, “bien sea por el primer matrimonio o la declaración de la unión marital de hecho, en tanto medie la misma relación laboral”. Es decir, si una persona se casa, luego se divorcia y se vuelve a casar, no podrá acceder al derecho en esa segunda o tercera ocasión.
“Es una forma para fortalecer la familia, arrancando desde el matrimonio, que es uno de los puntos de inicio de esta. Inicialmente estaba propuesto que fueran cinco días, pero ha quedado en tres. La idea es que se pueda utilizar por los casados para disfrutar de su luna de miel, un tiempo juntos, y volver al trabajo”, comentó el representante liberal Silvio Carrasquilla, autor de la iniciativa.
Además, hace la salvedad de que es un derecho de uso muy esporádico, haciendo un cálculo de cuántas personas se pueden casar en un año en una empresa y, también, poniendo de presente la condición de que es una sola vez.
En la justificación del proyecto se señala que el proyecto busca medidas “tendientes a garantizar un espacio fundamental para fortalecer estas relaciones de tipo familiar y afectivo entre las personas que han contraído matrimonio o han realizado la declaración en los estipulados previstos por el ordenamiento jurídico de la unión marital de hecho”.
En caso de aprobarse, lo contenido en el texto entraría en a regir dos años después de su sanción, previendo la situación económica posterior a la emergencia del nuevo coronavirus en el país.
