El primer período de la legislatura 2021-2022, el 20 de julio pasado, tuvo un inicio que marcó las diferencias en la bancada de la oposición del Congreso, tras el discurso de réplica a Iván Duque, que terminó dividido por partidos (Alianza Verde, Colombia Humana-MAIS y Comunes) y no por coalición, además de la polémica elección a la Segunda Vicepresidencia del Senado, cuando las mayorías del Gobierno le dieron la espalda a Gustavo Bolívar y los verdes terminaron por presentar un candidato, pese a que ya había ocupado esa dignidad. Unas disputas internas que marcan hoy aún más las distancias entre la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico para el certamen electoral de 2022.
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Y hablando de elecciones, igualmente, comenzando el semestre ya se sabían de precandidaturas muy definidas a la Presidencia, por lo que se anticipaba que el ambiente preelectoral iba a marcar la pauta en el Capitolio, teniendo de fondo dos proyectos esenciales que debían tramitarse sí o sí. El primero, el de la reforma tributaria que quedó en stand by con el paro nacional, la renuncia de Alberto Carrasquilla al Ministerio de Hacienda, la llegada de José Manuel Restrepo en su reemplazo y la promesa de la construcción de una iniciativa concertada y divulgada al país antes de ser radicada en el Legislativo.
El segundo, el trámite del presupuesto general de la nación de 2022, que se convirtió en la plataforma para hacerle conejo a la Ley de Garantías bajo la excusa de la reactivación económica. Y pese a las alertas de constitucionalistas, con oídos sordos, el Congreso aprobó la modificación de dicha ley, que es estatuaria, a través de un artículo dentro de un proyecto de ley orgánica. Asimismo, el presidente Iván Duque terminó sancionando el presupuesto y ante la Corte Constitucional reposan más de una demanda a dicho artículo, que les permitiría mover la maquinaria clientelar y de contratistas a quienes en la actualidad ostentan el poder (gobiernos locales, departamentales y nacional), por medio de contratos interadministrativos que pueden terminar otorgándose a dedo y jugando a favor de uno u otro candidato.
Con este panorama transcurrió un semestre legislativo en el que cualquier propuesta pudo leerse en clave electoral, como aquel otro artículo que logró colarse en el proyecto anticorrupción del Gobierno que, en palabras de agremiaciones periodísticas, permitía censurar las críticas a funcionarios y exfuncionarios del Estado con riesgo de cárcel o sanción económica. Una propuesta que preocupa en el ejercicio de vigilancia y control en medio de unos comicios a Congreso y Presidencia. A diferencia de la Ley de Garantías, la presión social hizo de las suyas y los conciliadores de Senado y Cámara radicaron una proposición para eliminar dicho punto de la iniciativa, que ya pasó a sanción presidencial. Además de estos temas coyunturales, El Espectador hizo un balance general acerca de las propuestas aprobadas, las que naufragaron en el camino y aquellas que quedaron pendientes para el segundo período de la legislatura 2021-2022 y para cerrar el mandato de este Congreso, que dio muchas luces acerca de su imposibilidad de autorreformarse.
Los proyectos aprobados
Ya se mencionaron tres iniciativas que fueron aprobadas por el Congreso y que ya fueron sancionados o apenas pasaron del Capitolio a la Presidencia para esperar la firma de Iván Duque. Cabe aclarar, que la reforma tributaria es la tercera que tramita este Gobierno, en tres años, busca recaudar $15.2 billones y extender programas sociales como Ingreso Solidario.
Otros proyectos que pasaron al despacho del primer mandatario son el de desconexión laboral, que prohibirá a los jefes llamar luego de concluida la jornada de trabajo; la ley del SOAT, que prorroga licencias de conducción que vencerán en enero de 2022 y determina unos descuentos en el valor del seguro; la modificación del Estatuto Disciplinario de la Policía, una de las iniciativas del Gobierno para reformar la institución y que tiene como propósito dar más claridad con relación a las faltas graves de los uniformados y la respectiva investigación y sanción; la Ley de Acción Climática, con el que se sientan las pautas para que Colombia llegue al carbononeutralidad en 2050; la Ley de Comuneros, que fortalecerá el papel de las Juntas de Acción Comunal; el proyecto que crea y reglamenta el Ministerio de Ciencia; la propuesta que vuelve a reducir a 15 días hábiles las respuestas a derechos de petición; el que regula el uso de celulares en espacios de aprendizaje; y la iniciativa que elimina las barreras para que las pacientes de cáncer de mama puedan acceder a los servicios de reconstrucción de sus senos.
Los proyectos que están en veremos
Con miras al 16 de marzo, cuando el Congreso reanudará sesiones que se extenderán hasta el 20 de junio, el reto no es de poca monta. Sumado a que se trata de un periodo de apenas tres meses, los parlamentarios sesionarán en medio de la campaña presidencial y el desafío es sacar adelante proyectos en varios frentes. En lo social y económico, se destacan el que crea un sistema de ingreso vital, considerado el primer paso para la renta básica, el que propone medidas de ahorro fiscal en el Congreso, el que establece garantías para el ejercicio de la protesta pacífica o el que reduce gradualmente la producción y consumo de plásticos de un solo uso.
En materia educativa, se cuentan el que regulan los derechos de grado, el que establece alivios a los beneficiarios de créditos reembolsables del Icetex, el que propone condonar los intereses por excelencia académica a los estudiantes con créditos con el Icetex o el que crea la política pública de matrícula cero a favor de los estudiantes en condición de pobreza.Para mujeres está el que introduce medidas afirmativas a favor del empleo y el emprendimiento de jóvenes, el que crea la licencia menstrual como garantía a los derechos sexuales y de la salud o el que promueve la participación de niñas y adolescentes y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Adicionalmente, están pendientes de discusión el que modifica la Ley de Garantías, el que regula el sistema de ascensos de la Fuerza Pública, el que autoriza el reconocimiento de honorarios a miembros de los Consejos Municipales de Juventud, el que elimina la beneficios judiciales a responsables de delitos sexuales, el que regula el cabildeo, el proyecto que restablece el derecho al voto a los presos condenados.
Finalmente, entre otras iniciativas que quedan en veremos está la que fortalece el monopolio del Estado sobre las armas y regula su porte, la que prohíbe los vehículos de tracción animal para fines turísticos y la que también prohíbe la cláusula de permanencia mínima en los contratos de prestación de los servicios de comunicaciones.
Los hundidos y olvidados
Como cada fin de año, el cierre del período legislativo en el Congreso deja sinsabores e indignación ciudadana en el aire por las iniciativas que, por falta de discusión o de votación negativa, se hundieron en la oscuridad de los pasillos legislativos. El caso más notorio y reciente fue el naufragio del proyecto que buscaba reducir uno de los cuatro meses de receso legislativo que tienen los congresistas. Aunque a esta propuesta de Gabriel Santos le faltaba apenas un debate para hacerse ley, estaba muy atrás en el orden del día y vio su muerte el 16 de diciembre, en la última plenaria del período 2021-II. Las críticas rodaron porque, además, cuando seguía su turno en ser votado, se desbarató el quórum y no había suficientes senadores para hacerlo.
En contraste, otros se hundieron porque ni siquiera fueron discutidos en primer debate. Son los casos de proyectos como el que ponía en jaque al acoso sexual en el espacio público, la prohibición del “fracking” y del glifosato, y el que buscaba regular el uso de la pólvora. Los tres habían sido presentados antes sin éxito, y en esta ocasión los tiempos ya no les dan para discusión. La iniciativa que quería prohibir el uso de bienes públicos para celebrar espectáculos taurinos y la que regulaba el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado también terminaron en el cajón del olvido.
Para el senador Iván Cepeda, del Polo, la verdadera ausencia en leyes se ha sentido en los proyectos concernientes a la implementación del Acuerdo de Paz. “No hubo avances. El Gobierno fue reticente a desarrollar la implementación en el plano legislativo”, comentó. También habló del paquete (que presentó con otros congresistas opositores) para reformar la Policía y la fuerza pública. De este hacían parte propuestas como el desmonte del Esmad, la modificación del sistema de ascensos de uniformados, el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar y el traslado de la Policía al Ministerio del Interior. Todo ello fue archivado.
