Con una nómina que ronda los $300 mil millones al año, y unos 2.300 defensores públicos a su servicio, la Defensoría del Pueblo vuelve y juega en la puja política partidista por garantizar el control de esa entidad.
La fracturada unidad nacional del Congreso tendrá que elegir antes del 20 de agosto quién será el sucesor de Vólmar Pérez, quien durante los últimos ocho años se ha desempeñado como cabeza de una institución que tiene la obligación de promover, divulgar y proteger los derechos humanos en Colombia.
La terna que presentó el presidente Juan Manuel Santos ya está dando de qué hablar. Al exvicefiscal y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Jorge Armando Otálora ya le ha salido a relucir que fue abogado de la controvertida captadora ilegal DMG.
Un sector del uribismo, además, quedaría representado en la Defensoría del Pueblo. Fuentes consultadas por este diario resaltaron que, por ejemplo, cuando fue elegido magistrado del Consejo de la Judicatura el gobierno Uribe impulsó su candidatura.
Las otras dos ternadas por el presidente Santos son Beatriz Linares, exdefensora delegada para los derechos de la niñez –muy cercana a la primera dama– y Olga Lucía Gaitán, coordinadora del programa del fortalecimiento de Estado en el programa de derechos humanos de la USAID.
Lo que se juega en esta elección es ni más ni menos que el poder del partido conservador para garantizar durante cuatro años más el control de la Defensoría del Pueblo. Otálora, según se ha trascendido, estaría respaldado por esta colectividad.
Por El Espectador
