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Locomotora legislativa de Santos

Hay quienes consideran que hay intereses políticos detrás de las enmiendas que se han tramitado en los dos años de Gobierno.

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“Reformas necesarias y útiles, que preservan más que limitan los derechos, y que esperamos produzcan importantes beneficios al país”. Así calificó el presidente Juan Manuel Santos —el año pasado en plena conmemoración de los 20 años de la Constitución de 1991— los actos legislativos impulsados por su gobierno. Hoy, a menos de dos meses de cumplir su segundo año de mandato, ya son ocho las reformas a la Carta Política aprobadas (una en primera vuelta) gracias a una poderosa locomotora legislativa empujada por el motor de la coalición de Unidad Nacional.

Santos suprimió la Comisión Nacional de Televisión y modificó el sistema de reparto de los recursos de regalías, que de acuerdo con la Constitución de 1991 sólo se distribuían en los departamentos y municipios en que se desarrollan labores ligadas con la minería y los hidrocarburos. Asimismo, eliminó la norma constitucional que obligaba a los congresistas a declararse impedidos a la hora de votar actos legislativos en los que tuvieran conflictos de intereses y sacó adelante la llamada sostenibilidad fiscal, que según la argumentación promueve la disciplina fiscal y blinda el manejo de las finanzas públicas en el mediano plazo.

También sacó adelante una norma para descongestionar el despacho de la Fiscalía General de la Nación, delegando funciones de investigación y acusación en el vicefiscal y en los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Y están las más comentadas por la opinión pública nacional: la reforma a la justicia, el fortalecimiento del fuero militar (que pasó a segunda vuelta con abrumadora mayoría) y el Marco Legal para la Paz.

¿Reformas necesarias y útiles? Las cosas aún están por verse. Lo cierto es que —como lo dice Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía— en Colombia existe la creencia generalizada de que basta con la modificación del marco legal y constitucional para remediar los agudos problemas que padecemos. Y Santos ha querido seguir con esa tradición, en un escenario que cuenta con un ingrediente adicional, así en la Casa de Nariño sea por ahora un tema vedado pero que necesariamente debe tenerse en cuenta a la hora de los análisis: la posibilidad de la reelección del jefe de Estado.

Para la investigadora y analista política Claudia López, no hay duda de que todas estas ‘movidas’ tienen como objetivo la continuidad de Santos en el poder. Su lectura del primer mandatario como una figura débil en comparación con su antecesor Álvaro Uribe, y que ganó la Presidencia con votos prestados, le hace concluir que para asegurar la reelección necesita que no exista oposición, que haya conciliación “y en eso sí que es un experto. Necesita evitar diferencias con las cortes, los medios están de su lado y debe congraciarse con los congresistas. Y la reforma a la justicia es la piedra angular de ese objetivo reeleccionista”, dice.

Una tesis que encuadra con la del exviceministro de Justicia Rafael Nieto, persona cercana al expresidente Uribe, quien considera que la reforma a la Rama Judicial está hecha al mejor estilo Santos: “No quedar mal con nadie, o mejor, quedar bien con todo el mundo”. En su concepto, es evidente que en estos momentos no tiene rival político porque inteligentemente puso a sus potenciales rivales de su lado —Germán Vargas Lleras y Rafael Pardo— y el único riesgo que puede tener es que su imagen se deteriore al máximo y salga de algún lado un liderazgo que lo pueda derrotar. “Por eso es mejor estar bien con todo el mundo”.

Intenciones reeleccionistas o no, en el análisis del estilo Santos es obligatorio considerar también su obsesión por la paz. Y allí sí que hay posiciones encontradas. “El Marco Legal para la Paz le da gran credibilidad y libertad para negociar, pero el país no es tan inocente: el tema de la paz no depende de él sino de las Farc (…) sólo hasta que ellos decidan sentarse a negociar podrá reclamar el apoyo popular con base en esa agenda”, advierte Claudia López.

Sin embargo, para Nieto esa es la agenda que ha planteado, un “síndrome de Pastrana” que lo acompaña y que “podría generar resultados si logra abrir una verdadera negociación”.

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Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, cree que la adopción de un marco jurídico sin acercamiento entre las partes, antes que facilitar podría obstaculizar los diálogos, a menos que se esté pensando en promover la desmovilización sin negociación alguna. Pero además, advierte que las reformas a la justicia y al fuero militar implican un nuevo arreglo institucional que echa por la borda los controles logrados con el accionar de la justicia en la preservación de la legitimidad de la fuerza del Estado.

“Como lo afirmó la revista digital La Silla Vacía, Santos ha logrado una reforma a la justicia y al fuero penal que Uribe no se hubiera imaginado. El presidente de la Unidad Nacional optó por entregar nuevas gabelas para la inmunidad de la clase política comprometida con alianzas espurias y a los militares involucrados en graves violaciones al DIH. En otros países a este tipo de medidas se les llama leyes de punto final. En el nuestro hacen parte, según la expresión del senador Roy Barreras, de una solución muy a la colombiana”, concluye Novoa.

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Al margen de cualquier intención política detrás del trámite de las reformas, es claro que Santos ha sabido emplear a fondo la que han denominado como la ‘locomotora legislativa’ en causas que resultaron más que necesarias, como la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, pues era una entidad que gastaba un presupuesto cercano a los $170.000 millones pero su funcionamiento era polítizado y paquidérmico.

La reforma para descongestionar el despacho de la Fiscalía General, donde se encontraban represados cerca de 1.200 procesos contra altos funcionarios, que ahora podrán ser asumidos por el vicefiscal y los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. De igual forma sucede con la redistribución de las regalías, que a juicio del constitucionalista Jaime Castro “estaban concentradas en pocas manos dando lugar a despilfarros y malos manejos y de ser investidas con mejor seriedad y criterio representarían una importante herramienta para el desarrollo en todo el país”.

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Con este récord de enmiendas constitucionales, la historia deja en evidencia que Santos ha sido el gran reformador de la Carta Política, pues en materia de reformas supera por amplio margen a sus antecesores. Ernesto Samper realizó cuatro, Andrés Pastrana siete, Uribe 15 en sus dos gobiernos y Santos ya completa ocho en sólo dos años de mandato. La locomotora legislativa marcha como un reloj suizo.

Las reformas de Santos

Revolcón a la justicia

Brinda mejores condiciones para el juzgamiento de parlamentarios, amplía el período y la edad de retiro de magistrados, aumenta el presupuesto para la justicia y plantea medidas de descongestión de los tribunales. Los críticos señalan que esa reforma no favoreció a la justicia y dejó contentas a todas las partes.

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Marco Legal para la Paz

Para el presidente Santos la meta es la paz. Con el trámite de esta reforma cuenta con las herramientas jurídicas para iniciar un proceso de diálogo con los insurgentes. En sus palabras, “las llaves para la paz”.

Impedimentos

Previendo que varios de los congresistas tenían impedimentos para tramitar actos legislativos, el Gobierno presentó una reforma que les permite participar en todos los debates. De este modo se le ha facilitado la aprobación de las reformas que ha presentado.

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Descongestión del fiscal

En su momento la exfiscal general Viviane Morales tenía más de 1.200 procesos contra altos funcionarios represados en su despacho. Por eso fue tramitada la reforma que permite delegar las investigaciones en el vicefiscal y en los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Repartición de regalías

Tal como lo planteó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, esta reforma busca repartir la mermelada de los recursos que recibe la nación por concepto de regalías en toda la tostada del país. Sin embargo, la iniciativa ha sido criticada por la centralización de los recursos.

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Sostenibilidad fiscal

Esta es una reforma que en la práctica busca incluir el concepto de ahorro en las finanzas públicas y que el gasto no crezca por encima de los ingresos. Los críticos señalan que esta regla va en detrimento de los derechos fundamentales amparados en la Constitución.

Comisión Nacional de TV

Esta era una reforma necesaria. La inoperancia y la politización de la Comisión Nacional de Televisión generaron la decisión del presidente Santos de eliminarla fue una de las primeras enmiendas constitucionales que se tramitaron en este gobierno.

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Fuero militar

Aunque no ha concluido su trámite legislativo, la iniciativa busca que no recaigan sobre la justicia ordinaria los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública por actos de servicio. Critican que se genere impunidad en casos como los falsos positivos.

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