Los 140 candidatos herederos de la ilegalidad

La Fundación Paz y Reconciliación ha venido adelantando una investigación en ocho departamentos del país sobre las relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales. El objetivo es establecer cuáles son los candidatos criminalizados que participarán en los comicios locales y regionales de octubre. En esas elecciones se elegirán alcaldes y gobernadores, así como cuerpos colegiados para ambas circunscripciones.

Los departamentos estudiados son Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. Por otra parte, se han realizado visitas a terreno en otros departamentos donde igualmente se ha recopilado información: Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.

Se logró establecer un total de 140 candidatos criminalizados, distribuidos en 19 departamentos, los cuales fueron agrupados en una matriz de riesgos electorales. De ese total, el 78% tiene altas probabilidades de salir elegido.

Luego de analizar toda la información se pueden sacar seis grandes conclusiones. Por un lado, los candidatos criminalizados no son homogéneos en sus vínculos con la ilegalidad. Hay por lo menos cuatro tipologías:

a. Herederos de la parapolítica. Estos candidatos son “cuota” directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado. Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, se está lanzando a la Gobernación, al parecer sin competencia alguna. Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos. Además, Cotes estaría siendo apoyada por un buen grupo de parapolíticos como Poncho Campos, Jorge Caballero o el famoso Trino Luna.

b. Candidatos vinculados a organizaciones criminales. Estos pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están intentando participar en política o, a pesar de sus vínculos comprobados, aspiran a un cargo de elección popular. Por ejemplo, Jesús Ignacio Londoño, candidato a la Alcaldía de Cartago, quien es reconocido como el intermediario de narcos con la alta política y ha sido señalado como uno de los puentes entre el cartel de Cali y la campaña de Ernesto Samper. Igualmente se lo conoce como intermediario entre los capos del cartel de Los Comba o Rastrojos con diferentes agentes estatales.

c. Un tercer grupo de candidatos son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. Estos son aspirantes que han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el mal manejo de recursos o porque han violado la ley durante su mandato. Tal es el caso de Carlos Guillermo Atehortúa, el candidato a la Alcaldía de Yarumal por el Centro Democrático, quien tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría Regional por la ejecución de proyectos durante su mandato como alcalde entre 2008 y 2011, al igual que es investigado por la Contraloría General de Antioquia por presunto detrimento al patrimonio por la construcción de un parque por $2.850 millones, el cual actualmente se encuentra en ruinas.

d. Por último encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario, como es el caso de Holger Díaz, quien es candidato a la Gobernación de Santander. Díaz fue investigado por el delito de concusión, por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo Saludcoop para beneficiarlo con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República.

La segunda conclusión es que los candidatos criminalizados están buscando los avales de los partidos tradicionales. Contrario a la tendencia que se había presentado en elecciones pasadas, en las cuales los candidatos que representaban mayor riesgo materializaban sus inscripciones por medio de nuevos movimientos, los partidos políticos tradicionales han sido hasta el momento los que han entregado avales.

Varios son los ejemplos. Entre ellos se destaca el caso de Luis Pérez, quien en 2011 buscó la Alcaldía de Medellín por medio del movimiento Firmes por el Rescate de Medellín y hoy cuenta con el aval del Partido Liberal. Pérez ha enfrentado cuestionamientos por sus manejos contractuales como alcalde y por supuestos acuerdos con paramilitares en su candidatura a la Alcaldía de Medellín en 2011, en la cual, se presume, recibió el apoyo de diferentes combos armados en las comunas de la capital antioqueña. Hubo zonas de la ciudad en las que sólo su campaña pudo hacer proselitismo.

La tercera conclusión es que los candidatos en riesgo han consolidado su caudal electoral en los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia durante la arremetida paramilitar. Es decir, que estos candidatos se beneficiaron de la mal llamada “pacificación paramilitar”. Tal es el caso de Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación de Sucre y esposa del excongresista Yahir Acuña, quien en las pasadas elecciones tuvo un indiscutible dominio electoral en municipios del Sucre que fueron azotados por la violencia paramilitar. Milene se beneficiaría del caudal político de su esposo, que se consolidó acompañado de parapolíticos como Salvador Arana y el Gordo García, quienes trabajaron de la mano de los paramilitares de Sucre y Bolívar. El propio Acuña es investigado por múltiples relaciones con jefes paramilitares.

Los casos más dramáticos se presentan en el Magdalena, donde una serie de firmantes del pacto de Chibolo, que fue liderado por Jorge 40, jefe del bloque Norte de las Auc, han regresado a la arena política después de haber pagado cárcel, haberse escondido o desaparecer de la escena pública por algunos años.

Uno de los ejemplos es el de José Ordóñez, el Cura, quien es candidato a la Alcaldía de Santa Marta. Durante la reunión del pacto de Chibolo, Jorge 40 propuso a dos personas como candidatos a la Gobernación, y en medio de la reunión decidió que sólo habría un candidato. Todos los políticos aliados de los paramilitares y quienes se encontraban en el pacto votaron. José Ordoñez compitió con José Domingo Chelo Dávila Armenta, que quedó como ganador con 266 votos, contra 138 de Ordóñez y seis votos nulos (ver facsímil 1 ).

Otro de los ejemplos es el de Jorge Ternera Escalante, candidato a la Alcaldía de Pivijay. Ternera Escalante fue firmante del pacto de Chibolo y ahora compite por la Alcaldía de uno de los municipios que servían como base a Jorge 40 (ver facsímil 2 ).

Un tercer caso es el de Julio Ramón Peñaloza, candidato a la Alcaldía de Plato, Magdalena, y también firmante del pacto de Chibolo (ver facsímil 3 ).

Una cuarta conclusión es que la participación política ha comenzado mucho antes del período legal de campaña. Mientras la competencia electoral se agudiza, los costos de campaña se elevan y por ende se están violando las normas electorales. Esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control electoral de hacer seguimiento verídico de los gastos de campaña de los candidatos, y la falta de mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas. De igual manera, esta situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien campañas, dado los altos costos para competir electoralmente, lo que de igual manera limita a nuevos candidatos a participar. De cierta manera se está pasando de un proselitismo armado en las elecciones a un proselitismo económico de financiación de campañas.

Una quinta conclusión es que, debido a los altos costos de campaña, los candidatos se ven forzados a hacer política por medio de clanes políticos, que usan su maquinaria política e invierten grandes cantidades de dinero para financiar campañas. Es decir, se perpetúa una estructura corporativa de política, donde los clanes funcionan como empresas electorales. Este caso se refleja con Ovidio Mejía, candidato a la Gobernación de La Guajira que se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier para poder competir contra Oneida Pinto, la candidata de la casa política Ballesteros y de Kiko Gómez.

Una última conclusión es que los dineros de la mermelada o cupos indicativos entregados en 2014 a diferentes congresistas han cambiado el mapa político en varias regiones del país. Senadores que lograron importantes votaciones en 2014 en municipios donde nunca habían tenido caudal electoral intentan consolidarse en ellos mediante candidatos a alcaldías.

* Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

La Fundación Paz y Reconciliación ha venido adelantando una investigación en ocho departamentos del país sobre las relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales. El objetivo es establecer cuáles son los candidatos criminalizados que participarán en los comicios locales y regionales de octubre. En esas elecciones se elegirán alcaldes y gobernadores, así como cuerpos colegiados para ambas circunscripciones.

Los departamentos estudiados son Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. Por otra parte, se han realizado visitas a terreno en otros departamentos donde igualmente se ha recopilado información: Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.

Se logró establecer un total de 140 candidatos criminalizados, distribuidos en 19 departamentos, los cuales fueron agrupados en una matriz de riesgos electorales. De ese total, el 78% tiene altas probabilidades de salir elegido.

Luego de analizar toda la información se pueden sacar seis grandes conclusiones. Por un lado, los candidatos criminalizados no son homogéneos en sus vínculos con la ilegalidad. Hay por lo menos cuatro tipologías:

a. Herederos de la parapolítica. Estos candidatos son “cuota” directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado. Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, se está lanzando a la Gobernación, al parecer sin competencia alguna. Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos. Además, Cotes estaría siendo apoyada por un buen grupo de parapolíticos como Poncho Campos, Jorge Caballero o el famoso Trino Luna.

b. Candidatos vinculados a organizaciones criminales. Estos pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están intentando participar en política o, a pesar de sus vínculos comprobados, aspiran a un cargo de elección popular. Por ejemplo, Jesús Ignacio Londoño, candidato a la Alcaldía de Cartago, quien es reconocido como el intermediario de narcos con la alta política y ha sido señalado como uno de los puentes entre el cartel de Cali y la campaña de Ernesto Samper. Igualmente se lo conoce como intermediario entre los capos del cartel de Los Comba o Rastrojos con diferentes agentes estatales.

c. Un tercer grupo de candidatos son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. Estos son aspirantes que han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el mal manejo de recursos o porque han violado la ley durante su mandato. Tal es el caso de Carlos Guillermo Atehortúa, el candidato a la Alcaldía de Yarumal por el Centro Democrático, quien tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría Regional por la ejecución de proyectos durante su mandato como alcalde entre 2008 y 2011, al igual que es investigado por la Contraloría General de Antioquia por presunto detrimento al patrimonio por la construcción de un parque por $2.850 millones, el cual actualmente se encuentra en ruinas.

d. Por último encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario, como es el caso de Holger Díaz, quien es candidato a la Gobernación de Santander. Díaz fue investigado por el delito de concusión, por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo Saludcoop para beneficiarlo con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República.

La segunda conclusión es que los candidatos criminalizados están buscando los avales de los partidos tradicionales. Contrario a la tendencia que se había presentado en elecciones pasadas, en las cuales los candidatos que representaban mayor riesgo materializaban sus inscripciones por medio de nuevos movimientos, los partidos políticos tradicionales han sido hasta el momento los que han entregado avales.

Varios son los ejemplos. Entre ellos se destaca el caso de Luis Pérez, quien en 2011 buscó la Alcaldía de Medellín por medio del movimiento Firmes por el Rescate de Medellín y hoy cuenta con el aval del Partido Liberal. Pérez ha enfrentado cuestionamientos por sus manejos contractuales como alcalde y por supuestos acuerdos con paramilitares en su candidatura a la Alcaldía de Medellín en 2011, en la cual, se presume, recibió el apoyo de diferentes combos armados en las comunas de la capital antioqueña. Hubo zonas de la ciudad en las que sólo su campaña pudo hacer proselitismo.

La tercera conclusión es que los candidatos en riesgo han consolidado su caudal electoral en los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia durante la arremetida paramilitar. Es decir, que estos candidatos se beneficiaron de la mal llamada “pacificación paramilitar”. Tal es el caso de Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación de Sucre y esposa del excongresista Yahir Acuña, quien en las pasadas elecciones tuvo un indiscutible dominio electoral en municipios del Sucre que fueron azotados por la violencia paramilitar. Milene se beneficiaría del caudal político de su esposo, que se consolidó acompañado de parapolíticos como Salvador Arana y el Gordo García, quienes trabajaron de la mano de los paramilitares de Sucre y Bolívar. El propio Acuña es investigado por múltiples relaciones con jefes paramilitares.

Los casos más dramáticos se presentan en el Magdalena, donde una serie de firmantes del pacto de Chibolo, que fue liderado por Jorge 40, jefe del bloque Norte de las Auc, han regresado a la arena política después de haber pagado cárcel, haberse escondido o desaparecer de la escena pública por algunos años.

Uno de los ejemplos es el de José Ordóñez, el Cura, quien es candidato a la Alcaldía de Santa Marta. Durante la reunión del pacto de Chibolo, Jorge 40 propuso a dos personas como candidatos a la Gobernación, y en medio de la reunión decidió que sólo habría un candidato. Todos los políticos aliados de los paramilitares y quienes se encontraban en el pacto votaron. José Ordoñez compitió con José Domingo Chelo Dávila Armenta, que quedó como ganador con 266 votos, contra 138 de Ordóñez y seis votos nulos (ver facsímil 1 ).

Otro de los ejemplos es el de Jorge Ternera Escalante, candidato a la Alcaldía de Pivijay. Ternera Escalante fue firmante del pacto de Chibolo y ahora compite por la Alcaldía de uno de los municipios que servían como base a Jorge 40 (ver facsímil 2 ).

Un tercer caso es el de Julio Ramón Peñaloza, candidato a la Alcaldía de Plato, Magdalena, y también firmante del pacto de Chibolo (ver facsímil 3 ).

Una cuarta conclusión es que la participación política ha comenzado mucho antes del período legal de campaña. Mientras la competencia electoral se agudiza, los costos de campaña se elevan y por ende se están violando las normas electorales. Esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control electoral de hacer seguimiento verídico de los gastos de campaña de los candidatos, y la falta de mecanismos de sanción electoral cuando los candidatos incurren en faltas. De igual manera, esta situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien campañas, dado los altos costos para competir electoralmente, lo que de igual manera limita a nuevos candidatos a participar. De cierta manera se está pasando de un proselitismo armado en las elecciones a un proselitismo económico de financiación de campañas.

Una quinta conclusión es que, debido a los altos costos de campaña, los candidatos se ven forzados a hacer política por medio de clanes políticos, que usan su maquinaria política e invierten grandes cantidades de dinero para financiar campañas. Es decir, se perpetúa una estructura corporativa de política, donde los clanes funcionan como empresas electorales. Este caso se refleja con Ovidio Mejía, candidato a la Gobernación de La Guajira que se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier para poder competir contra Oneida Pinto, la candidata de la casa política Ballesteros y de Kiko Gómez.

Una última conclusión es que los dineros de la mermelada o cupos indicativos entregados en 2014 a diferentes congresistas han cambiado el mapa político en varias regiones del país. Senadores que lograron importantes votaciones en 2014 en municipios donde nunca habían tenido caudal electoral intentan consolidarse en ellos mediante candidatos a alcaldías.

* Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.