Los 52 bienes liquidados de forma dudosa que tienen en jaque a María Mercedes Perry

María Mercedes Perry sonó en 2009 para la terna de candidatos a Fiscal General.

Una de las primeras tareas del gobierno Petro fue rehacer el inventario de bienes incautados a las mafias y administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), teniendo en cuenta ciertas irregularidades que advirtió al llegar a su cargo el presidente de la entidad, Daniel Rojas, recién suspendido por la Procuraduría. Desde octubre, Rojas viene insistiendo en la procedencia poco clara de más de 5.500 predios y la confusión en al menos 19.000 folios de la SAE.

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En el marco de ese escudriñamiento de bienes, la Secretaría de Transparencia reveló anomalías sobre 52 bienes que hicieron parte de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en 2014 y que de acuerdo con el secretario Andrés Idárraga “vinculan a la señora María Mercedes Perry”, gerente liquidadora de la entidad y a quien esta semana la Procuraduría le formuló un pliego de cargos por presuntas irregularidades en la entrega de bienes a la SAE.

Según Idárraga se trata de por lo menos 52 bienes “48 de los cuales se encuentran en el departamento del Valle del Cauca, con una extensión superior a las 4.000 hectáreas” y que habrían desaparecido entre la liquidación de la DNE y el paso a la SAE. Por esa razón, el funcionario le pidió a la Procuraduría recibir el reporte (ver mapa al final) para que los bienes “sean verificados en el marco de los pliegos que levantaron en contra de Perry”.

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El secretario de Transparencia también le solicito a la Fiscalía “que haga la respectiva verificación y rastreo de los bienes que también estoy poniendo en conocimiento”, mediante el informe en el que analizan bienes que fueron adjudicados a terceros por la DNE mientras estaba en proceso de liquidación. Incluso hay algunos que aún tienen embargo de la Fiscalía.

De acuerdo con el reporte, los bienes que no aparecen tienen una extensión de 4.029 hectáreas y se concentran en cinco municipios del Valle del Cauca (Bolívar, Jamundí, La Unión, Roldanillo y Toro). También hay dudas sobre tres predios en Necoclí (Antioquia) y uno en el municipio de Santa Ana (Magdalena). De ese total, los bienes más grandes están en Roldanillo, donde hay 18 bienes que suman una extensión de 1.664 hectáreas y en los tres de Necoclí, que tienen 1.032 hectáreas.

Según la investigación que adelanta la Procuraduría contra Perry, la exgerente de la DNE al parecer no hizo un traspaso adecuado de los bienes a la SAE, que empezó a asumir las funciones de la extinta DNE. “El suministro de la información, que se hizo cambiando del software “Faro” al Software “Matrix”, no fue la adecuada y generó una total incertidumbre sobre la existencia real de dichos bienes, debido a que al parecer, esta se habría hecho de forma documental y no física, como se le exigió en su mandato”, señaló la Procuraduría sobre la indagación.

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Aunque el proceso apenas inicia, desde ya el Ministerio Público calificó como “gravísima a título de culpa gravísima” la falta disciplinaria que habría cometido Perry y que se seguirá investigando. Y es que, como reportó la Procuraduría, la pasividad de Perry “en la verificación de los bienes que debían trasladarse, la exfuncionaria omitió, presuntamente, cumplir con las funciones a las que se había comprometido con la gerente liquidadora Estatal Fiduprevisora S.A.”.

Con el reporte, el Gobierno empieza a materializar su deseo de reconstruir el inventario de la SAE y recuperar los bienes que no aparecen para ponerlos, como dijo Rojas cuando anunció el posible descuadre, “al servicio de los propósitos sociales del Gobierno”. La lucha la inició el presidente Gustavo Petro apenas 10 días después de su posesión, cuando se refirió a los bienes incautados a las mafias.

Lo hizo en Villavicencio, durante la entrega de un terreno de la SAE a familias damnificadas por la ola invernal, y entonces sugirió por primera vez que estos bienes deben ponerse al servicio popular por haber sido de las mafias. “Son billones de pesos los que están allí guardados en todo tipo de bienes: apartamentos y casas de lujo, tierras, dinero, joyas, esmeraldas, oro, arte. Todo eso puede tener una función social”, afirmó en su momento.

(*) Actualización de la noticia. Luego de la publicación de este artículo, la señora María Mercedes Perry Ferreira remitió a El Espectador copia del fallo de primera instancia (ya en firme) proferido el 7 de septiembre de 2023 proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 dentro del proceso identificado con el radicado No. IUS E-2019-423373 / IUC D-2019-1355937, en el que consta la absolución de responsabilidad disciplinaria dentro del asunto que constituye el tema central de la presente publicación, por encontrarse desvirtuado y no probado el cargo único, con base en los siguientes argumentos:

• Respecto del cambio del sistema FARO a MATRIX: (i) Que, de acuerdo con el acervo probatorio conformado por testimonios, pruebas documentales y la versión libre que rindió la otrora disciplinada, se logró determinar que el sistema Fácil Acceso Rápido y Oportuno-FARO que se utilizaba en la extinta DNE para inventariar los bienes que operaba dicha entidad tenía múltiples y serias falencias.  (ii) Que, los yerros del sistema FARO eran tanto de orden físico (fácil acceso para personas o funcionarios no calificados, anomalías en el cableado, ausencia de aire acondicionado, falta de planta eléctrica, etc.) como operativos (falta de seguridad, de controles, etc.). (iii) Que, en virtud de lo anterior, hubo la necesidad de cambiar de sistema para el manejo del inventario a cargo de la DNE, motivo por el que, bajo la dirección de la señora Perry, se migró al sistema MATRIX, y (iv) Que, dicha migración tecnológica era fundamental para el cumplimiento del mandato celebrado entre la Fiduciaria La Previsora S.A. y la señora María Mercedes Perry como agente liquidadora. De hecho, la Contraloría General de la República adelantó una investigación respecto del desarrollo y uso de la herramienta MATRIX, dando como resultado el archivo de toda investigación respecto de cualquier cargo de responsabilidad fiscal por este asunto. Esta decisión se encuentra consignada en el auto No. 201 de fecha 21 de noviembre de 2014, proferido por la Contraloría General de la República.
• Pruebas que demuestran la entrega de bienes materia de liquidación a la Sociedad de Activos Especiales-SAE S.A.S.: (i) Que, tomando como referencia el Estudio técnico por el cual se recomienda al gobierno nacional la supresión y liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el traslado de sus funciones a otras entidades públicas del orden nacional, realizado por el Ministerio del Interior en el año 2011, se estableció la existencia de múltiples falencias en la gestión institucional de la DNE, que derivaron en no poder determinar con grado de certeza las cifras de los bienes administrados por esta entidad. (ii) Que, la falta de certeza respecto del inventario de bienes a cargo de la DNE fue ratificada por los testimonios y pruebas documentales allegadas al proceso disciplinario No. IUS E-2019-423373 / IUC D-2019-1355937, y (iii) Igualmente, la Procuraduría estableció que: “[…] de acuerdo con lo expuesto en parágrafo 2 del artículo 3, artículo 6 y artículo 11 del Decreto 1335 del 2014, a través del cual el Gobierno Nacional dispuso la prórroga para la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se estableció la entrega de la información de los bienes en forma documental, por lo que no se previó en forma normativa la obligación de efectuar la entrega física a la Sociedad de Activos Especiales S.A.E S.A.S. una vez culminara con el proceso de liquidación a cargo dela señora María Mercedes Perry Ferreira en calidad de agente liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes.”